Los refugios no son una política de Estado sino de gobierno. El tema de la violencia a la mujer, un problema atravesado por la salud pública, el acceso a la justicia y los derechos humanos, no cuenta con una política de continuidad.
María Fernanda Ruiz
Pie de Página
Ciudad de México –La convocatoria pública del 2019 para la asignación de subsidios a refugios para mujeres, niñas y niños que viven violencia extrema está activa de nuevo. La polémica evidenció la falta de políticas públicas que atiendan a estas mujeres. La Red Nacional de Refugios destaca la importancia del financiamiento, pero también de la experiencia y el trabajo de las organizaciones civiles que no debe ignorar el nuevo gobierno
La Convocatoria Pública para la asignación de subsidios a refugios para mujeres, niñas y niños que viven en violencia extrema del 2019 se publicó este sábado 23 de febrero, con lo que puso fin a la suspensión indefinida anunciada por la Secretaría de Salud.
La dependencia explicó a Pie de Página que la convocatoria permanecerá igual que en años anteriores y que monitoreará que cada organización cumpla con todos los requisitos solicitados en el documento.
Las organizaciones que no lo hagan, señaló la dependencia a través de su área de comunicación social, perderían el subsidio.
La Secretaría de Salud había informado que la convocatoria fue suspendida debido a la circular número uno emitida por la Presidencia de la República, que ordenó no trasferir recursos públicos a organizaciones civiles con el argumento de “terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción”.
A partir del comunicado de suspensión de la convocatoria, publicado por la Secretaría de Salud, surgieron preocupaciones y exigencias por parte de sectores de la población mexicana y organizaciones civiles.
La polémica, señala Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, evidenció la falta de una política pública para la atención a las mujeres víctimas de violencia que necesitan protección.
Los refugios, destaca la representante de la Red, no son una política de Estado sino de gobierno. Su financiamiento depende de una convocatoria anual que puede desaparecer, eliminarse, suspenderse y donde el tema de la violencia a la mujer, un problema atravesado por la salud pública, el acceso a la justicia y los derechos humanos, no cuenta con una política de continuidad.
La vida de las mujeres, apunta, no debe depender de si sale o no una convocatoria, es ahí donde hay un vacío que pide llene el nuevo gobierno.
La Red Nacional de Refugios existe desde 1999 y cuenta con 45 espacios seguros en todo México, 33 encargados a sociedad civil y 12 de gobierno. Además de 40 Centros de Atención Externa donde se informa, orienta y dan talleres para prevenir la violencia. Representa alrededor del 70 por ciento del total de estos espacios en el país, tanto públicos como privados.
Desde que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) publicó en su cuenta de Twitter a la convocatoria pública para la asignación de subsidios este sábado, la RNR comenzó a revisar y monitorear la publicación.
“Hasta el momento está casi igual a la convocatoria publicada en enero. Lo que no vienen son los anexos; esa guía para preparar los documentos necesarios y el formato para presentar el proyecto de refugio. La misma convocatoria indica que es importante verlos pero no los incluyeron. Pedimos se incluyan a la brevedad o que el CNEGySR especifique si serán los mismos publicados en la convocatoria lanzada en enero porque seguramente todos los refugios están trabajando sobre eso”, advierte.
El viernes en conferencia de prensa el Director General del IMSS anunció que existe la posibilidad de crear nuevos programas para que los recursos lleguen directamente a las personas sin intermediarios.
“Celebro que puedan crear nuevos programas pero no estoy a favor de que desmantelen lo existente. Es como lanzar una granada sin hacer un análisis de todas las personas que se benefician de estos programas. La idea no es nada más crear programas por crearlos, ni tomar la decisión inmediata de simple y sencillamente eliminar porque significan vidas”, señala Figueroa.
Los recursos económicos no son todo
La directora de la RNR explica que, sin el personal capacitado, los refugios no pueden cumplir sus objetivos, independientemente de los recursos.
“Hemos visto organizaciones de gobierno que tienen un presupuesto impresionante para operar, pero no tienen personal profesional capacitado, experto en la materia, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad. Aquí se suma el financiamiento con la experiencia, el compromiso, la filosofía, la capacidad que se tiene de gestión y de actuación.
Wendy Figueroa advierte que sería un error del gobierno federal traducir el apoyo y protección a las mujeres víctimas de violencia en los recursos monetarios a los que puedan acceder, ya que en los refugios se brinda protección y atención médica, psicológica y legal para prevenir y proteger de crímenes mayores pero también donde se brindan herramientas a las mujeres, sus hijas e hijos para que construyan una vida sin violencia.
A diferencia de algunos refugios gubernamentales, los administrados por las organizaciones civiles, argumenta la mujer, garantizan la confidencialidad y el anonimato.
“Es una gran vulnerabilidad del gobierno, el municipio o la localidad porque no entienden cuál es la importancia de mantener en secrecía estos espacios. Publican las direcciones, hacen ruedas de prensa, los inauguran o hacen visitas a las familias y eso es un riesgo”.
La Red pide que el nuevo gobierno atienda los pendientes en la asignación de presupuestos.
La convocatoria cubre sólo ocho meses, de mayo a diciembre, señala Wendy. Por cuatro meses los refugios tienen que buscar estrategias para conseguir recursos porque interrumpir su labor pone en riesgo las vidas de las mujeres que acompañan.
También, denuncia la RNR, que cada año el presupuesto asignado no se aprovecha al 100 por ciento.
“La petición es que este año se aplique por completo”.
Lo más importante, destaca Wendy, es que exista una política de continuidad que garantice la operación de los refugios y no dependan de las decisiones del gobierno en turno, además de que se deben fortalecer.
