Imelda Marrufo
Abogada y activista
Ciudad Juárez – La postura del presidente Andrés Manuel de no dar apoyos económicos a las organizaciones de la sociedad civil se concretó con la famosa Circular Uno, en la que establece que no se transferirán recursos a OSCs, asociaciones filantrópicas o movimientos sociales. Dicha circular fue enviada al gabinete legal y ampliado del ejecutivo federal en febrero pasado.
La decisión de no transferir recursos a las OSC, se da en un contexto álgido que inicia con la suspendida y reactivada convocatoria de fondos a los refugios para mujeres víctimas de violencia.
Posteriormente, con el aplazamiento de otras convocatorias como la del Fondo Proequidad del Instituto Nacional de las Mujeres y la de Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social.
Esta situación ha generado zozobra, por lo que diversos análisis vaticinan una álgida relación entre organizaciones sociales y el presidente de la República que se puede prolongar por tiempo indefinido. Existe una lectura de un gobierno con una política clientelar en la que las organizaciones sociales no sólo estorban, sino son vistas como amenaza. De allí el surgimiento del hashtag #SiConLasOSC y algunos otros.
Los antecedentes de este clima de tensión los encontramos desde diciembre pasado cuando se pretendió eliminar del Presupuesto de Egreso de la Federación recursos a los programas de transversalidad de la política de igualdad; se recortó a la mitad el de las estancias infantiles y desaparecieron los fondos para la prevención del cáncer cervicouterino. Este año la decisión presidencial llevó a la cancelación de las estancias infantiles y con ello incrementó una gran inconformidad entre quienes se sintieron agraviadas/os, detonando una gran cantidad de amparos en los tribunales.
Los primeros meses de enero y febrero la polarización fue parte de la relación entre el presidente Andrés Manuel y las organizaciones defensoras de derechos humanos, el motivo fue la Guardia Nacional. El mando militar de esta nueva instancia cuestionó la perspectiva de derechos de la llamada cuarta transformación.
Así el contexto de tensión en la relación organizaciones sociales y el ejecutivo nacional los primeros 100 días de su mandato. Con una mirada del mandatario federal en la que no reconoce la contribución a la democracia de nada ni nadie, salvo de él mismo. Como lo hizo saber el 8 de marzo en palacio nacional ante una audiencia de mujeres que no dábamos crédito. Lo anterior a pesar de que las OSC hemos sido una voz crítica ante la omisión de instituciones, aquiescencia y las simulaciones institucionales.
Es de entenderse que el presidente López Obrador preocupado por la corrupción, su agenda principal, sostiene que hay organizaciones sociales que han desviado recursos millonarios, los elementos para acreditarlo debe tenerlos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entre otras dependencias federales. Con esa información en mano el presidente podría evitar generalizar poniendo en un mismo saco a las OSC cuando de corrupción se trate.
Sabemos que hay tendencia de funcionarios y funcionarias de crear organizaciones como una forma de negocio, el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia (PONAPRED) implementado en sus primeros años en Ciudad Juárez fue una muestra de ello. Y coincidimos en que eso no debe permitirse.
Reconociendo el contexto antes mencionado, al presidente hay que decirle que en Juárez somos varias las personas que desde hace años contribuimos con nuestra comunidad fronteriza, por ello empezamos a formar grupos de voluntariado. Obligadas por las demandas de la población, con el fin de trabajar en las propuestas de soluciones a las problemáticas y la necesidad de profesionalizarnos decidimos constituirnos como asociaciones civiles (A.C.).
La figura jurídica de A.C. implica una carga administrativa y hacendaria de acuerdo con las leyes de nuestro país. A pesar de las dobles cargas el trabajo en las OSC, tanto en lo administrativo y operativo (con poco personal) hay resultados en tareas de atención y experiencias de los grupos sociales, mejores que las generadas en las instituciones gubernamentales, de allí la confianza de la gente al acudir a las organizaciones.
Los alcances de las OSC son muy limitados para el tamaño de las necesidades de la población fronteriza. Las personas con capacidades diferentes siempre han sido objeto de discriminación y sin atención de calidad, por eso Lucila Murguía tuvo la terquedad de impulsar una red de grupos para trabajar con esta población congregando varias especialidades que hoy conocemos en Villa Integra.
Se cuentan por miles las personas que acuden a Casa Amiga Esther Chávez Cano en atenciones a la violencia familiar. Las personas usuarias de drogas siempre han sido rehenes de abuso de las corporaciones policiacas, su apoyo y defensa de derechos es una lucha cotidiana para la organización Programa Compañeros.
La Red Mesa de Mujeres, a la que pertenezco, fue una de las organizaciones clave para la creación del Centro de Justicia para las Mujeres de Ciudad Juárez. Convencer a las autoridades federales para la inversión de recursos costo años y tiempo voluntario. La mejora en el funcionamiento de sus servicios sigue con tarea permanente.
Al presidente Andrés Manuel debemos pedirle que presente la lista de las organizaciones, movimientos y fundaciones a los que se entregaron recursos públicos que fueron utilizados para un fin distinto del convenido. Debemos pedir sanciones a quienes malversaron los recursos y a sus cómplices. Es necesario reclamarlo, toda vez que muchas de las OSC pasamos por una gran cantidad de controles de revisión y supervisión, presentamos nuestros informes al Gobierno Federal como lo obliga la Ley de Fomento por lo que no se vale la descalificación del ejecutivo federal.
Estoy convencida que hay personas que hoy integran el Gobierno Federal consientes que valoran y respaldan la lucha ciudadana, ojalá que con ellas y ellos se pueda construir. El tamaño del abandono social y el acceso a la justicia es tanto que el gobierno actual necesita de muchas y de muchos, así como del capital de talentos de las personas que se han y nos hemos organizado en grupos sociales. Sobre todo cuando quienes ingresan al nuevo gobierno carecen de experiencia práctica.
La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROC) creada en 2004 deberá cumplirse y facilitar el trabajo de los grupos sociales, hacerlo es muestra fundamental de un gobierno democrático.
Al presidente de la República debemos pedirle que distinga a las organizaciones que han colaborado con las problemáticas sociales en principio, sosteniendo servicios que el estado no ha provisto, generando capacidades en las niñas/niños, jóvenes, mujeres, personas mayores, personas con capacidades diferentes, migrantes. Ya que su perspectiva de verlas como intermediarias no puede leerse más que como un obstáculo para los fines electorales.
El presidente Andrés Manuel no debe ver a las organizaciones sociales como enemigas, sino como aliadas, es una falacia pensar que con los recursos del Gobierno Federal se sostiene a las organizaciones sociales, ese no ha sido el caso. Los recursos gubernamentales son una pequeña parte para el amplio trabajo social que se realiza, el tiempo gratuito no pagado es mayor que lo que aporta el Gobierno Federal.
Celebro que haya programas para apoyos directos a las personas más necesitadas y que se vigile ese recurso; sin embrago, el andamiaje que necesita la población es más que los 600 u 800 pesos en becas. Los servicios especializados son mayores, y si no hagan cuentas, ¿Cuánto cobra un abogado o abogada por un servicio jurídico? Una madre no podría pagar con una beca de adulta mayor a un equipo de especialistas abogadas, trabajadoras sociales y acompañantes psicosociales que se requieren para defender a su hija.
Un empleo de la gente más necesitada que es a la que acompañamos principalmente no puede pagar el trabajo integral que hacemos en las organizaciones especializadas, porque el compromiso es mucho mayor cuando se trata de defender una injusticia. Por eso la comunidad requiere del trabajo de las organizaciones sociales, que por cierto para atender y acompañar a victimas ante tanta injusticia y abandono somos muy poquitas.
imelda.marrufo@gmail.com
