Empujados por enfrentamientos entre grupos delincuenciales, miles de habitantes en Chihuahua dejan sus tierras para resguardar su vida
Martín Orquiz
Para nada son pocos los problemas que enfrentamos los mexicanos a lo largo y ancho de nuestro territorio, en la actualidad estamos cavilando entre las altas expectativas que generó la llamada Cuarta Transformación ofrecida por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y una lacerante realidad que parece empecinada en desintegrar nuestras esperanzas de tener una vida mejor.
Sin duda la inseguridad es un tema que hoy más preocupa, principalmente desde la perspectiva de las víctimas, quienes enfrentan una incierta realidad que pasa desapercibida para las autoridades o simplemente optan por ignorarla. En cualquiera de estos casos los ciudadanos somos los perdedores.
Podemos comenzar por analizar con un dato que resulta increíble y escalofriante dada su naturaleza: información publicada aquí en La Verdad Juárez y originados a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indican que en siete años –comprendidos entre el 2011 y el 2017– poco más de 345 mil habitantes del estado de Chihuahua optaron por “cambiarse de vivienda o lugar de residencia” para sobrevivir a la violencia.
Abandonar su hogar fue para ciudadanos y familias enteras la única medida que encontraron para mitigar su percepción o riesgo de inseguridad, yéndose a otro lugar buscaron prevenir ser víctimas del delito o escaparon del miedo luego que fueron directamente afectados por criminales.
Ese cúmulo de personas representan casi la cuarta parte de la población que tiene Ciudad Juárez, imagínese usted. Para que se dé una idea, es casi el tamaño del conglomerado que abarrotó El Chamizal, el Parque Central y otros centros recreativos durante la pasada celebración del Domingo de Pascua.
¿Cómo es posible, se preguntará usted al igual que yo, que toda esa gente no haya encontrado la protección y la seguridad que los gobiernos están obligados a proveer? Así sucedió y hay datos estadísticos para probar el hecho.
Las familias huyen de sus lugares de residencia por acontecimientos que amenazan su integridad, como los que ocurrieron la segunda semana de abril anterior, cuando grupos de sicarios se enfrentaron en medio de la población de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo. El saldo fue de cinco hombres asesinados y todos los habitantes de esa región aterrorizados y vulnerables.
Al lugar arribaron policías estatales y hasta militares, a quienes recibieron a balazos que, por supuesto, tuvieron que repeler. La crítica esta vez, como en otras, es que la autoridad está totalmente ausente de la prevención y sólo llega cuando ya no le queda de otra, cuando los delincuentes ya hicieron y deshicieron con pobladores atrincherados en su propio miedo porque, gracias a las leyes a las que estamos sometidos, los ciudadanos estamos imposibilitados en la práctica para poseer armas y defendernos.
Aunque tuviéramos un arma para nuestra defensa, las posibilidades de resultar triunfantes en un enfrentamiento contra personas que portan calibres mucho muy superiores a los permitidos son inmensamente ínfimas.
Quienes tienen un alto presupuesto para su operación y están facultados por la ley para portar buen armamento y cuidarnos a los demás, pues son los policías. Sin embargo, la actividad preventiva está –según las evidencias– totalmente inhabilitada y sólo presentan una reacción que resulta insuficiente y que genera la pérdida de la confianza y una percepción de inseguridad muy alta.
Las autoridades tienen la hipótesis de que el enfrentamiento en Atascaderos se dio entre dos grupos del Cártel de Sinaloa, quienes buscan el dominio del territorio identificado como el triángulo dorado del narcotráfico, ubicado –por desgracia– en los límites de nuestro estado, Durango y Sinaloa.
Como resultado, reportan testimonios, el 60 por ciento de los habitantes de esa localidad huyó de la zona, al igual que quienes viven en pequeñas rancherías de sus alrededores. Estos desplazados tendrán que sumarse a los ya documentados por la ENVIPE.
Bajo toda esta triste perspectiva, sólo podemos establecer que la inseguridad está ganando todavía más terreno a los ciudadanos, quienes se sienten solos –así lo expresan- ante la embestida de los grupos que operan en esa y otras regiones de Chihuahua. Mientras, la fuerza del Estado se encuentra invernando en plena primavera.
