Olga Aragón
De noche, en la oscuridad de sus alcobas y con sus cabezas reposando en las almohadas, cuando sus señorías ya no tienen que engolar la voz ni mostrar sapiencia ante nadie, quizá entonces un remordimiento castiga sus conciencias provocando la reflexión sobre el enorme e impune poder con el que liberan a delincuentes que salen de los tribunales, merced a las fallas en la administración de justicia, directo a cometer nuevos crímenes.
¿Y los fiscales? ¿Tendrán algún sentimiento de culpa cuando en su fuero interno saben que han sido incapaces de aportar pruebas sólidas para que los jueces dicten sentencias condenatorias a los imputados?
Cierto. Es tema de controversia.
¿Quién abre las puertas de la libertad a los delincuentes? ¿Los jueces que los absuelven? ¿La Fiscalía que presenta expedientes “mal armados”?
Unos a otros se echan la culpa, como papa caliente.
En tanto, la sociedad, es decir, las personas y las familias siguen pagando con sus vidas y con pérdidas patrimoniales la creciente incidencia y reincidencia delictivas.
El viernes pasado, por ejemplo, trascendió que Alexis “N”, alias El Chofo y presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue aprehendido el 23 de abril en Lagos de Moreno, por intento de robo de un vehículo con violencia, pero un juez lo liberó por considerar que “se cometieron errores de redacción y de información durante la consignación”. El Chofo salió a vengarse: al tercer día mató a un policía que participó en su captura.
Otro homicida narcotraficante anda libre. Un policía más ha muerto por cumplir con su deber. Una familia enlutada se suma a los cientos de miles de víctimas de la violencia criminal. ¿Y la autoridad? Gobernantes, jueces y fiscales se culpan unos a otros.
Esa cultura de la papa caliente debe ser proscrita.
Pero será proscrita sólo en la medida que los funcionarios tengan el suficiente valor de aceptar que han fallado en el cumplimiento de su propia responsabilidad, como afirma Osvaldo Medina Olvera, master en Seguridad Humana y Derechos Humanos por la Universidad Milano Bicocca, de Milán, Italia
Seguirá lejano el día en que en verdad tengamos procuración y administración de justicia, mientras fiscales como el de Chihuahua, César Augusto Peniche siga lavándose las manos, como lo hizo en su comparecencia ante el Congreso del Estado en marzo del año pasado –días después del aniversario del asesinato de la periodista Miroslava Breach–, cuando aseveró que la “puerta giratoria” que libera a presuntos delincuentes “se debe en la mayoría de los casos a la interpretación del juez y no a la mala integración de las pruebas en las carpetas de investigación”.
¡Caray! Qué fácil evade su responsabilidad.
¿Acaso desconoce que corresponde al fiscal demostrar que el imputado es un peligro para la sociedad o para determinadas personas, y por lo tanto debe permanecer en custodia carcelaria?
¿Olvidó que entre las funciones del cargo que ostenta, está la obligación de vigilar de cerca a potenciales delincuentes, ordenar su vigilancia en un esquema de ley y orden y encargarse de llevar a juicio a los delincuentes, y no importando que éstos se encuentren en libertad, buscar neutralizar su peligrosidad?
En Chihuahua abundan los casos en que a la Fiscalía se le han “fugado” de las narices los criminales, incluidos los asesinos de Miroslava, porque tenía conocimiento de que la periodista estaba en peligro, sabía dónde encontrar a los miembros del grupo criminal que la amenazaba de muerte y nada hizo para protegerla.
Emblemático es el caso de Marisela Escobedo, acribillada el 16 de diciembre de 2010 a las puertas del Palacio de Gobierno, mientras exigía justicia para su hija Rubí, de 16 años, asesinada en 2008 en Ciudad Juárez por Sergio Barraza. El asesino confeso había sido absuelto por los jueces “por falta de pruebas”, a pesar de que señaló el lugar donde encontraron los restos óseos de la joven entre desechos de puercos.
Con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, dicen sus detractores, se amplió la puerta giratoria por donde salen los delincuentes sin apenas pisar la cárcel.
Sin embargo, tienen razón los juristas convencidos del NSJP cuando afirman que el simple hecho de eliminar las declaraciones autoincriminatorias de los inculpados, generalmente arrancadas con torturas y utilizadas para crear “chivos expiatorios”, es un avance esencial en la procuración de justicia.
Este sistema penal acusatorio se propuso disminuir la reincidencia delictiva. No lo ha logrado. Fracasó porque el Estado no capacita debidamente a policías y a jueces, tampoco ha creado las instituciones de seguimiento a personas que enfrentan un juicio penal en libertad y a los sentenciados liberados por cualquier motivo legal.
Existe profunda ignorancia en este tema y los gobernantes no quieren destinar recursos a la creación de Unidades de Medidas Cautelares para evaluar y supervisar la aplicación de la medida cautelar impuesta por un Juez, aplicando protocolos con base en una matriz de riesgos, única forma de evitar al máximo la comisión de nuevos delitos.
La esperanza, pese a todo, sobrevive.
Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, en su reciente informe de cien días de trabajo, anunció un proyecto legislativo de reforma al Código Único de Procedimientos Penales, una Nueva Ley Orgánica de la FGR, una Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica “para terminar en definitiva con el fenómeno criminal y con el monopolio de la acción penal del Ministerio Público, priorizando la reparación del daño y la imprescriptibilidad de todos los delitos graves, fortaleciendo los derechos de las víctimas, combatiendo la reincidencia y compactando los tiempos procesales”.
“Vamos a pisar la cola a muchas ratas y van a dar gritos horrorosos”. Eso dijo Gertz Manero. Más allá de frases estridentes, México necesita acabar con la epidemia de asesinatos que sufre desde hace 20 años, erradicar la corrupción, garantizar la seguridad pública y construir un sistema de justicia confiable. Renacer.
