Para defensores y organizaciones de la sociedad civil, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha negociado con Estados Unidos vidas por aranceles. Resulta lamentable, aseguran, que México finque su política migratoria en la detención arbitraria de activistas y la deportación de personas migrantes.
Por Dalia Souza / @DalhiaSouza
Zona Docs
En medio de las negociaciones que México ha mantenido con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles a los productos que se exportan hacia el norte, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, finalmente anunció, el pasado sábado, las medidas que se llevarán a cabo para cumplir con los convenios pactados entre ambos países.
Según advirtió el funcionario, las acciones a ejecutarse son el resultado de un “acuerdo balanceado” y “justo” para ambas partes. Por un lado, Estados Unidos apoyará el programa de desarrollo que propone México en Centroamérica, mientras que, por el otro, las autoridades mexicanas ejecutarán en el país “una versión más extendida” de la disposición unilateral de la sección 235 (a)(2)(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, la cual implica la recepción –en territorio mexicano- de migrantes solicitantes de asilo en el país vecino.
El reforzamiento de la frontera sur con el despliegue de elementos de la Guardia Nacional; el desmantelamiento organizaciones de tráfico y contrabando de personas, así como, sus redes de financiamiento y de transporte ilegal; son algunas de las medidas que incluye el paquete de acuerdos.
Por su parte, el colectivo #SeguridadSinGuerra junto con organizaciones defensoras de los derechos humanos de las personas migrantes han rechazado el convenio denunciando que dichas acciones son “una forma de profundizar la subordinación de las instituciones mexicanas a la agenda estadounidense”. Asimismo, exhibieron, a través de un comunicado, que tanto el envío de 6 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur de México, como, la detención de los defensores Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez son el ejemplo claro de “un contexto de creciente militarización de las funciones del Estado”.
Por lo que, sentenciaron:
“Ahora, pareciera, somos los defensores de derechos humanos quienes somos ofrecidos como ficha de cambio en el proceso de militarización y subordinación a la agenda estadounidense”.
Así también, lo manifestó en entrevista para ZonaDocs, Leticia Gutiérrez Valderrama misionera Scalabriniana. Para ella, la detención arbitraria de los defensores Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez , el pasado miércoles 5 de junio, por su presunta participación en los delitos de tráfico de personas migrantes -según anunció la Fiscalía General de la República-; así como, la deportación de migrantes y la militarización de la frontera sur, deja en claro que el gobierno de “la cuarta transformación” antepondrá su agenda político-económica a cualquier derecho humano, libertad o vida:
“Las actuaciones que está teniendo el gobierno mexicano ante la realidad migratoria desbordante, nos da una respuesta clara, concreta y firme de lo que nos puede pasar si le somos molestos al gobierno mexicano, porque podemos ser una moneda de cambio, tanto migrantes como defensores y defensoras, para poder llevar a cabo los planes económicos y de desarrollo que el gobierno quiere implementar en esta famosa cuarta transformación” precisó.
Reconoce que, si bien, las detenciones de los dos defensores se dan en un “momento histórico difícil” tanto para el corredor migratorio mexicano-centroamericano, como en términos político-electorales en Estados Unidos, no es una coincidencia y, por lo tanto, obedecen a una serie de decisiones que se han tomado a costa de vidas y libertades humanas. Para Gutiérrez Valderrama “México está negociando cómo llevar el plan nacional y el de Centroamérica y para ello, necesita dinero y ese dinero viene del exterior… por lo tanto, el que pone el dinero es el que manda”.
Nos encontramos de frente a un discurso ambiguo, asegura la defensora, donde, escuchamos hablar a funcionarios mexicanos de primer nivel como Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores; Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación; y Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, principalmente éste último, sobre el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, el libre tránsito y el trato digno; sin embargo, señala “la praxis nos dice que es un discurso ambiguo, irrespetuoso, violento y violentador, donde para la comunidad internacional pega, pero para quienes padecen y viven las consecuencias de la política de cierre de fronteras y de militarización de la frontera sur, no solamente es el retroceso al derecho a defender derechos humanos, es un retroceso a permitir que diferentes instancias gubernamentales –las militares a través de la figura de la Guardia Nacional” se les atribuya el derecho a requerir documentos”.
Preocupa, entonces, cómo es que la política migratoria mexicana del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, negocia, además, con derechos humanos que hace más de una década habían sido ganados, tanto para las personas migrantes, como para sus defensores:
“La actuación de la autoridad nos deja en una situación de vulnerabilidad. Significa, además, un retroceso de once años en la política migratoria y del derecho a defender derechos humanos de los defensores y defensoras de derechos humanos, es muy grave” advierte la hermana Leticia.
Hasta antes del año 2008, migrar de manera indocumentada era considerado un delito que se castigaba con 10 años de cárcel, de la misma forma que, ofrecer ayuda humanitaria a las personas migrantes. No obstante, entre los años 2008 y 2012, luego de enfrentar una fuerte batalla legal entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, se consiguieron importantes avances en el marco jurídico nacional en materia migratoria. Así fue como, la condición indocumentada se convierte sólo en una “falta administrativa” y, la asistencia humanitaria se despenaliza.
La doble criminalización
Al respecto, señala Enrique Vidal, abogado e integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova en Tapachula, Chiapas, nos encontramos frente a un contexto político de doble criminalización, que atenta tanto, con las formas colectivas de organización que llevan a cabo las familias y las comunidades de Centroamérica que migran para llegar a México de forma más segura, como, con la defensa y la ayuda humanitaria que desempeñan organizaciones y defensores de derechos humanos de las personas migrantes.
“Lo consideramos una afrenta directa a la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, e, inclusive, a la propia ayuda humanitaria que se ha gestionado históricamente a favor de los pueblos migrantes. Reconociendo de antemano que hay una criminalización hacia la forma colectiva de organizarse entre las familias y las comunidades de Centroamérica para llegar a México para protegerse y garantizar su seguridad”.
La detención de Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica, el primero fundador del colectivo Cultura Migrante y, el segundo, presidente de la organización Pueblo Sin Fronteras, ambos focalizados en la ayuda humanitaria y la defensa de los derechos humanos de la comunidad que migra, explica Enrique Vidal, viene de tiempo atrás.
A finales del mes de febrero, durante una gira de trabajo por Washington, que tenía como objetivo presentar al exterior la nueva política migratoria mexicana, la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Olga Sánchez Cordero, realizó una serie de declaraciones públicas que, a decir de las organizaciones “criminalizan a la sociedad civil que defiende a los derechos humanos de las personas migrantes”.
En este contexto, Sánchez Cordero reunida con funcionarios del gobierno federal de los Estados Unidos, entre ellos con la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirjsten Nielsen, y miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), acusó a la organización Pueblos Sin Fronteras de ser la responsable de organizar las caravanas migrantes.
Ante estas declaraciones, Pueblo Sin Fronteras, a través de un comunicado fechado el día 28 de febrero, denunció que estas declaraciones “intentan distraer de la responsabilidad que tiene el gobierno mexicano por su actual política migratoria fallida y promueven hilos de xenofobia y racismo nunca antes visto en México, creando un caos en las fronteras”.
Además, aclaró que “nuestra organización no ha participado en la organización de ninguna caravana migrante desde que comenzó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Nunca hemos organizado ni reclutado a ninguna caravana desde Centroamérica”.
En ese sentido, añade el experto, hablar de “una organización ilegal de caravanas” y hacer uso instrumental de la maquinaria política para fincar acusaciones que involucran a dos defensores de derechos humanos en un delito tan grave como el del tráfico de personas, es una forma por demás superficial y absurda, que invisibiliza el origen del problema y fragmenta los lazos entre la sociedad, las organizaciones y el Estado.
“Es una forma por demás superficial y absurda de plantear que un delito tan grave, se pueda limitar a dos personas defensoras, invisibilizando la verdadera red de trata y tráfico de personas y que, en el ideal, debiera ser un interés común entre el gobierno y la sociedad civil y no un quiebre”.
Detenciones arbitrarias y faltas al debido proceso
Desde la experticia en el acompañamiento de estos casos Enrique Vidal, explica que detenciones como las de Cristóbal e Irineo “es común que sucedan violando el debido proceso”:
“Es común que suceda por parte de los Ministerios Públicos, el ordenar detenciones que vulneran los derechos de cualquier persona está siendo señalada”
Por un lado, precisa, este es un caso donde no se mostró ninguna orden de aprehensión durante en el momento de la detención. De la misma manera, añade, preocupa a las organizaciones de la sociedad civil que la Fiscalía General del Estado (FGR) “esté argumentando que la acusación se basa en el dicho de unas personas de origen hondureño”.
Porque, advierte, “evidentemente un delito como el de tráfico de personas no se puede sustentar únicamente a partir de unos testimonios, es un tipo penal que exige acreditar distintos elementos de prueba”.
Con ello, añade, el actuar la autoridad judicial “deja mucho que pensar sobre la posible manipulación y fabricación de testimonios y de elementos probatorios que hasta el momento siguen siendo totalmente desconocidos para ellos y, que, siguen siendo desconocidos a la luz pública”.
A ello se suma el comunicado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde se informó sobre un supuesto congelamiento de cuentas bancarias a 26 personas físicas y morales “por su probable vinculación con el tráfico de personas migrantes y apoyo ilícito a caravanas.
Estos señalamientos, asegura, “despiertan, entonces, el temor de otras personas defensoras, incluso, de la iglesia católica que nos han expresado como organización, su preocupación por estar vinculadas en este tipo de criminalizaciones”.
En ese sentido, explica Vidal, este contexto de criminalización y uso de la instrumentación política para fincar delitos, debilita y daña no sólo a los afectados directos de las acusaciones, sino, además, a la comunidad de defensores y a las redes de asistencia humanitaria.
La solidaridad no es un delito
Pueblos Sin Fronteras, ha emitido un comunicado exigiendo la libertad inmediata de los defensores, así como, el retiro de todo cargo que les haya sido imputado. Coinciden, en que no es una casualidad que Cristóbal e Irineo fueran arrestados el mismo día que el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard se reuniera en Washington con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, en el marco de las amenazas sobre el aumento de aranceles en productos mexicanos.
Las redes de defensores en México, Centroamérica y Estados Unidos se han sumado en una sola exigencia para demandar al Estado Mexicano el respeto al derecho humano a defender derechos humanos, así como, el alto a la criminalización de las formas de migrar y a la militarización de las fronteras.
Por más de una década Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica han dedicado sus esfuerzos a la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes en México; este martes 11 de junio tendrán una audiencia de vinculación o no a proceso ante un juez de Tapachula, Chiapas, entidad donde permanecen retenidos hasta el momento.
