Por la promesa de que migrantes centroamericanos pudieran esperar sus trámites de refugio en libertad, el Instituto Nacional de Migración podría hacerlos repetir el trámite en detención y los pondría al alcance de bandas que trafican con personas, advierten
Arturo Contreras Camero
Pie de Página
Ciudad de México – El Instituto Nacional de Migración entorpece el proceso de las solicitudes de refugio de algunos migrantes en el país. Desde hace tres meses traslada a solicitantes de asilo en el norte del país hacia la Ciudad de México, a la estación migratoria de Las Agujas, en Iztapalapa, lo que además de violar las normas de solicitud de asilo, retrasa el proceso.
Cuando una persona solicita asilo, debe permanecer en la entidad donde está realizando el trámite. La constancia que las autoridades le entregan al migrante indica en qué localidad realiza el trámite, pero al ser trasladados, esta constancia y los trámites que ellos conllevan se tienen que reiniciar.
“No debería de ser así, porque la misma Ley de refugiados, protección complementaria y asilo y atención complementaria dice que no puedes salir de la entidad en la que pidieron el refugio”, explica Alejandra Zabre, abogada del área de atención psicojurídica del Servicio Jesuita a Migrantes.
“Es un problema para la Comar, porque son los que tienen que estar haciendo el trámite, por órdenes de Migración. Cuando las constancias van a Tijuana, ellos vienen a México”, asegura.
La Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, es la encargada de realizar el proceso de refugio en el país, aunque no tiene la capacidad para atender todos los casos. El año pasado, sólo atendió una de cada cuatro solicitudes de asilo. De las 17 mil 116 peticiones que recibió, no fueron atendidas 12 mil 417.
De enero a mayo de 2018 hubo 8 mil 260 peticiones. Lo que se triplicó para ese mismo periodo de 2019, con 24 mil 424 solicitudes.
El crecimiento de solicitudes ha sido exponencial en el último sexenio: en 2013, mil 296; en 2014, 2 mil 137; para 2015, 3 mil 424; en 2016 se duplicó a 8 mil 796; en 2017 pasó a 14 mil 619. Con las caravanas de 2018, la cifra se disparó a 29 mil 647.
El organismo debe hacer más con menos. Los recursos asignados han ido disminuyendo.
La abogada Zabre cree que la intención de la medida es tanto descongestionar la frontera norte, como permitir que las personas solicitantes de refugio sigan su procedimiento en libertad.
Si en 2013 fueron asignados 23.02 millones de pesos, para 2019 se redujo a 20.7 millones de pesos.
“Lo que hemos visto es que a todos los que pedían refugio en el norte los mandan para acá. Los solicitantes de tarjeta de visitante por razones humanitarias, que entraron en caravana, eran detenidos al norte. A los que agarran en Monterrey y Reynosa los mandan para acá”, dice.
Alejandra se refiere a los migrantes que entraron al país en una de las multitudinarias caravanas. A algunos de ellos les dieron una tarjeta que les permitía permanecer en el territorio mexicano, aunque sólo en Chiapas y Oaxaca.
Cuando un migrante sin documentos es detenido tiene derecho a pedir asilo, aunque permanecerá cautivo en un centro migratorio. Sin embargo, desde hace 3 años, se crearon las Alternativas a la detención, con las que una persona solicitante de refugio puede continuar su trámite en libertad si su proceso se lleva a cabo en las ciudades donde hay una oficina de la Comar.
Alejandra Zabre estima que en el centro migratorio de Las Agujas de la Ciudad de México hay por lo menos 180 personas que tienen una constancia de inicio del trámite de refugio y esperan a ser liberados. Sin embargo, la espera no parece corta.
“Están saliendo todos los jueves, pero solamente salen 20 personas. Sabemos que están priorizando a familias y mujeres”, explica la abogada, quien lleva el caso de siete personas que iniciaron su trámite en Tijuana y fueron trasladados a la capital del país. Ellos ya llevaban 4 meses y medio detenidos, que es lo que tarda el trámite, y ahora tendrán que volver a hacerlo.
Además de dar preferencia a familias y mujeres, Zabre dice que pareciera que las personas de Venezuela y Cuba tuvieran cierta preferencia, pues casi no suele ver a solicitantes de Centroamérica puestos en libertad, a pesar de ser a estos migrantes a los que han trasladado más en los últimos meses.
Estas acciones podrían fomentar la criminalización de los migrantes centroamericanos, asegura Alejandra, “Está cada vez peor. Incluso la criminalización a las organizaciones, como la auditoría a la 72”.
El 18 de junio, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del estado de Tabasco anunció que coadyuvará en la detección de operaciones de lavado de dinero en albergues para migrantes en ese estado. La 72, en Tenosique, al sur de esa entidad, es uno de los albergues más recurridos por los migrantes que transitan la zona. Esta auditoría es parte de las acciones que emprendió el gobierno federal para detener a las bandas de tráfico de personas en el país.
Además de retrasar los trámites de refugio de la de por sí rebasada Comar, el traslado de solicitantes de refugio de las ciudades del norte del país a la capital no va a hacer más que fortalecer a esas bandas de tráfico de personas, según opina Leonila Romero González de SMR Scalabrinanas, organización que atiende un albergue para solicitantes de refugio en la Ciudad de México.
“Con esta política le estamos dando trabajo fácil a los traficantes. Hay personas de África que salen en alternativa (a la detención), contratan a su traficante y los llevan para allá. Lo que estamos haciendo es poner a esta población en manos de los traficantes. No estamos parando la migración”, dice tajante.
Leonila asegura que muchas de las personas que solicitan asilo sólo usan el trámite como una excusa para no ser deportados y después continuar su camino hacia Estados Unidos. “¿Tú crees que van a cambiar un peso por un dólar? No van a dejar de querer llegar”, asegura.
