Javier Cruz Aguirre
4 Vientos
Ensenada, Baja California – Directivos de dos organismos de la sociedad civil que trabajan a favor de los derechos de los migrantes, exhortaron a los poderes legislativo y ejecutivo electos el 2 de junio a crear en Baja California el primer Estado Santuario para Refugiados en México.
Se trata de que el nuevo gobierno trabaje directa e inmediatamente con las organizaciones civiles “para entre todos construir una política local de atención a los migrantes y refugiados” que elimine la criminalización y discriminación a estas personas, y atienda con una visión humanista integral sus necesidades de trabajo, vivienda y salud.
Soraya Vázquez Pesqueira, directora del capítulo mexicano de la organización Families Belongs Together, ex asesora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y Raúl Ramírez Baena, Director Ejecutivo de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y ex procurador estatal de Derechos Humanos, convocaron a la sociedad a no discriminar a los expatriados, sino verlos como una oportunidad de cambio.
“A todos nos convienen que los migrantes estén regularizados y que tengan oportunidades. Estamos hablando de que con ellos podemos reactivar la economía en zonas que viven hoy con gran marginación”, dijo Soraya Vázquez.
Y Ramírez Baena completó: “Los ciudadanos debemos comprender que estamos en esto solos porque no contamos con autoridades sensibles, conscientes que se aboquen a proteger los derechos de estas personas. Entonces la respuesta tiene que venir de la sociedad civil y no puede ser una solución de fuerza ni criminalizante porque eso equivaldría a darnos un balazo en el pie”.
El ex ombudsman propuso al nuevo gobierno del estado emprender una campaña masiva de concientización, sensibilización y llamamiento ciudadano al respeto de los migrantes y refugiados, la cual no requiere de grandes recursos para ponerla en práctica lo más rápidamente posible.
Por su parte, Vázquez Pesqueira planteó que el gobierno estatal promueva “de manera fundamental” ante la federación, que se regularizare al flujo de migrantes dándoles una visa humanitaria para que puedan trabajar durante su estancia en Baja California, porque ahora los retornan con una visa de turista que no les permite ocuparse.
Esa es una medida humanitaria que me parece no se requiere invertir recursos ni nada. Apoyaría a que esta gente pueda obtener un ingreso, ayudando al gobierno a enfrentar situaciones económicas que no puede atender. Lo que nos queda claro es que hay muchísimo trabajo y las personas en movilización quieren trabajar. Yo empezaría por eso”.
Explicó que esta medida el gobierno mexicano la implementó con éxito para resolver la crisis haitiana y cuando llegó la primera caravana de centroamericanos, pero ahora “no entendemos por qué no les permiten trabajar a los retornados cuando sabemos que su estancia será de largo alcance”.
Otra propuesta que podría impulsar Baja California como Estado Santuario, una figura legal que en California ya decretaron las ciudades de Santa Ana, Los Ángeles y San Francisco para que sus autoridades defiendan prioritariamente los derechos humanos de sus cientos de miles de migrantes, evitando sus redadas, es desarrollar programas de inclusión como el de la vivienda, “habiendo aquí tantas casas y edificios abandonados”.
La activista se refería a que al 19 de mayo existían alrededor de 140 mil casas abandonas en Baja California, según reveló Lilia Ruth Sastré Ibarra, presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Tijuana (APIT), cantidad que ubica a la entidad en el segundo lugar nacional con ese problema.
Igualmente, ambos derechohumanistas propusieron que el estado y la federación, en este primer Estado Santuario para refugiados y migrantes en México, realmente impulsen la creación de albergues dignos para atender a los emigrados, con apoyos oportunos y suficientes a los que honestamente opera la sociedad civil.
“Los gobiernos no tienen ningún albergue en Baja California y la mayoría de los que opera la sociedad civil son de iglesias cristianas que se abrieron para atender esta situación de crisis, pero tampoco tienen la infraestructura y los recursos para hacerlo, aun cuando trabajan de buena fe”, explicó Soraya Vázquez.
Consideró que es necesario que el gobierno certifique aquellos refugios que ya existen porque requieren tener un mínimo de condiciones, capacitación y reglas de operación e infraestructura digna, “y está claro que el gobierno se ha deslindado por completo de esa responsabilidad”.
Al respecto, Raúl Ramírez dijo que la actual y futura saturación de los albergues obliga a los solicitantes de asilo, refugiados e inmigrantes a vivir en la calle, por lo que la ciudadanía y las autoridades locales los catalogan como un problema de seguridad pública, cuando la migración nunca lo ha sido.
Es un problema de alto conflicto social y humanitario. Por ello se debe capacitar a los administradores y personal de los albergues particulares, y a las mismas autoridades, respecto a la tramitación y orientación judicial que se debe dar a los migrantes, así como en el tema de los derechos humanos”.
Finalmente, los activistas consideraron necesario que el gobierno que encabezará Jaime Bonilla Valdez debe trabajar de inmediato con los ciudadanos en la elaboración de una política migratoria propia.
“Es darle la vuelta al panorama; que no sea negro, sino de oportunidad. Las personas están aquí y se les tiene que atender. Hay muchas posibilidades, pero hay que tener imaginación, voluntad política y ganas de hacer las cosas”.
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