La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en diversos municipios de Chihuahua es una oportunidad de acelerar procesos de las instituciones gubernamentales como las que se han propuesto el Gobierno del Estado y que van a paso lento
Imelda Marrufo
Abogada y activista
En días recientes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentaron solicitudes para que se declare la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en diversos municipios de Chihuahua. Buen trabajo de ambas instituciones.
El mecanismo consiste en un conjunto de acciones que deben realizar las instituciones de gobierno para enfrentar y erradicar la violencia feminicida a fin de garantizar la seguridad de las mujeres y las niñas, así como el cese de la violencia en su contra.
Se requiere la activación de todos los mecanismos que existan para poner en movimiento a las autoridades municipales, estatales y federales, en sus deberes de atención, prevención y sanción a la violencia, ya que las acciones impulsadas hasta ahorita no son sostenibles.
Después de los foros de paz y seguridad promovidos en Ciudad Juárez por López Obrador en agosto del 2018 –en los que incluimos las necesidades de prevención, investigación y seguridad para las mujeres– jamás supimos nada. Una lista de peticiones y propuestas echadas al olvido.
Por el contrario, el cierre de la oficina de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) de Juárez, en los próximos días, es inminente. Tampoco se trata de que haya edificios cuasi abandonados solo para gastar y simular. Sin embargo, en estos 8 meses no hemos visto planes del Gobierno Federal concretos para Juárez en el tema de violencia de género.
Ni siquiera la sentencia de Campo Algodonero emitida por la Corte Interamericana de Derechos humanos ha logrado darle fuerza a las instituciones creadas.
El Centro de Justicia para las Mujeres de Juárez, tuvo mejorías a partir del diagnóstico presentado al gobernador en marzo pasado. Gracias al interés del mandatario se incrementó un poco el personal con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social y del Instituto Chihuahuense de las Mujeres.
Sin embargo, el proceso de fortalecimiento quedó estancado.
EL CEJUM de Juárez funciona a la mitad y al actual secretario de Gobierno al que le compete no se le ve, ni de lejos; nulo apoyo al gobernador para resolver el problema.
El liderazgo de la Fiscal Wendy Chávez ha sido el sello distintivo de la Fiscalía de Género (FEM), su capacidad y compromiso ha pasado varias pruebas. No obstante, las mujeres que acuden a presentar denuncias ante la FEM en esta frontera deben esperar al menos cuatro horas para que las atiendan porque solo hay dos personas para recibir denuncias durante el turno de la mañana. Unas 300 investigaciones de feminicidios pendientes para ser llevadas por 6 ministerios públicos no es cosa menor.
La alerta de Violencia de Género se solicitó el 22 de junio y se admitió el 28 de ese mismo mes. Existe una amplia diferencia entre admitir la Alerta y declararla. Al admitirla, se empieza por la conformación de un Grupo de Trabajo para iniciar una investigación por 30 días.
El informe deberá contener conclusiones y propuestas que tocará impulsar por estados y municipios, mismos que tendrán seis meses para implementar.
La alerta fue solicitada por existir violencia feminicida. La ley dice claramente que este tipo de violencia puede culminar en asesinato o bien en otras muertes violentas. La solicitud de la alerta no se reduce sólo a la existencia del feminicidio, es más amplia.
Hace unos días un medio de comunicación comentaba que la alerta fue solicitada desde 2017. La verdad es que más allá de meras declaraciones no existía una solicitud. El alcalde de Juárez no la había promovido en términos efectivos. Sin embargo, la postura del presidente Cabada coincide con nuestro planteamiento: la alerta suma de manera favorable a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
Derivados de temas políticos electorales existen estigmas que ven la Alerta como algo negativo para impulsar, es una postura convenenciera y reduccionista.
La Alerta es una oportunidad de acelerar procesos de las instituciones gubernamentales como las que se han propuesto el Gobierno del Estado que van a paso lento.
Según lo publicado por la CONAVIM, el 30 de abril pasado, para este año los recursos destinados para los estados y municipios que cuentan con la declaratoria de Alerta de Violencia de Género ascendieron a 110 millones 116 mil 26 pesos.
El proceso de alerta servirá para evaluar las acciones en el ámbito municipal, de manera que en vez de ser muchas vayan al centro y se muestre la efectividad. La actuación de la Policía Municipal en materia de prevención y atención a la violencia permanece como foco rojo.
El proceso de admisión deberá servir para que no se dupliquen acciones gubernamentales y para potenciar las iniciativas existentes. Para que la perspectiva de derechos esté por encima de la subjetividad y de los credos de las y los funcionarios. Para alinear al personal y que pare el boicot interno –como el del subsecretario de Desarrollo Social de Juárez– en aras de un mismo proyecto.
Se hacen cosas y se avanza muy poco de manera directa. No podemos seguir caminando en círculos. La protección a las mujeres y niñas deben ser prioridad y no lo ha sido. Se admitió la Alerta, bienvenida sea.
