La ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, una fiel colaboradora del expresidente Enrique Peña Nieto, está en prisión acusada de proteger irregularidades por más de 5,000 millones de pesos. Un caso donde hay más personajes involucrados, pero hasta ahora sólo ella paga las culpas de todos
Alberto Nájar
Pie de Página
Ciudad de México –La sonrisa de Rosario Robles Berlanga era plena, satisfecha, alegre, orgullosa. Minutos antes el presidente Enrique Peña Nieto la había arropado.
“Rosario, no te preocupes, han empezado las críticas, las descalificaciones de quienes les preocupa la política y las elecciones”, dijo entre aplausos.
Era abril de 2013. Por esos días Robles fue acusada de utilizar programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con fines electorales.
El señalamiento fue, en concreto, por la Cruzada Nacional contra el Hambre, una de las acciones que por entonces más presumía el presidente.
Más de seis años después Rosario Robles encontró razones para preocuparse.
El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ordenó su prisión preventiva en el proceso que enfrenta por irregularidades en el presupuesto de las dos secretarías que encabezó con Peña Nieto, Sedesol y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
La Fiscalía General de la República (FGR) le acusa de participar en una red de corrupción que presuntamente desvió recursos públicos por hasta 5.073 millones de pesos.
Robles es el personaje de más alto nivel encarcelado por el caso, que involucra a varios de los principales colaboradores del expresidente Peña Nieto.
Uno de ellos es el excandidato presidencial José Antonio Meade, postulado por el partido Revolucionario Institucional (PRI) y quien perdió la elección ante el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según la FGR, la exsecretaria supo que sus colaboradores asignaron de forma irregular decenas de contratos a universidades y empresas “fantasma”.
Es el caso conocido como La Estafa Maestra, documentada por el portal de noticias Animal Político y la organización Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (MCCI).
La Fiscalía asegura que Robles Berlanga nada hizo para impedir el desvío de recursos públicos, y le acusa de no informar al presidente de lo que ocurría en las dependencias que encabezaba.
Sin embargo, en sus comparecencias ante tribunales Robles aseguró que sí informó a Peña Nieto, así como a José Antonio Meade que la sucedió en Sedesol. El juez entonces solicitó los informes.
La exsecretaria dijo que lo hizo a través de la línea interna de comunicación telefónica del Gobierno Federal, y en conversaciones durante giras y reuniones de trabajo.
No fue la mejor respuesta pues el juez le dijo a Robles que si existía documentación de esos informes y no se presentó en la audiencia “está protegiendo” a Peña Nieto.
Fue una de las razones por las que el Delgadillo Padierna ordenó prisión preventiva contra la exsecretaria. Otra fue el riesgo de que la acusada abandonara el país.
Robles permanece, desde el martes 13 de agosto, en la cárcel de Santa Marta en Ciudad de México.
Los que faltan
En el camino a su celda Rosario Robles estuvo vinculada a decenas de irregularidades, documentadas entre otros por la investigación La Estafa Maestra.
En Sedesol, Sedatu y otras nueve dependencias se asignaron de forma irregular decenas de contratos de servicios y obras que no se cumplieron, o se cobró por ellos un precio mayor al del mercado.
A través de estas licitaciones –algunas asignadas a universidades públicas- los recursos públicos se enviaban a empresas fantasma y de allí, en algunos casos, a campañas electorales.
En el proceso contra Rosario Robles un actor central es quien fue el oficial mayor en las dos secretarías que encabezó: Emilio Zebadúa, exconsejero electoral y un personaje cercano a la líder de maestros Elba Esther Gordillo.
Zebadúa era responsable de las licitaciones y asignación de contratos, pero hasta permanece ajeno al proceso judicial.
De acuerdo con la FGR y el juez Delgadillo Padierna la exsecretaria supo de las operaciones de su subordinado, pero no las detuvo.
Pero no es todo. En el presunto desvío de 5,073 millones de pesos hay otros funcionarios involucrados, a quienes hasta ahora no se les inicia proceso alguno.
Es el caso de José Antonio Meade, quien antes de ser candidato presidencial fue responsable de Sedesol.
Otro exfuncionario involucrado es Luis Enrique Miranda nava, amigo personal de Peña Nieto y a quien se le considera uno de sus principales operadores políticos desde la época en que fue gobernador del Estado de México.
El ahora diputado tuvo un papel fundamental en el nombramiento de funcionarios de rango medio en Sedesol, todos excolaboradores suyos.
De hecho en algún momento Rosario Robles se quejó de que tenía poco acceso a algunos programas, asignados a los leales a Miranda Nava.
Estos personajes, según las investigaciones, participaron en algunas de las operaciones irregulares.
De todo esto, asegura la FGR, tuvo conocimiento Rosario Robles. No está claro por qué no intervino para detenerlo. La Fiscalía cree que fue una manera de proteger a su jefe, el presidente Enrique Peña Nieto.
Al ordenar la prisión preventiva contra Rosario Robles, el juez estableció un plazo de dos meses a la FGR para completar la investigación y presentar más pruebas al caso.
Es el plazo mínimo que Rosario Robles permanecerá en la cárcel. Tiempo suficiente para preocuparse.
