La Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró el pasado 5 de agosto que el Estado debe garantizar el acceso al aborto en caso de violación en todo el país. Sin embargo, en entidades como Aguascalientes y Baja California, que impugnaron en contra de estas modificaciones, feministas advierten que el conservadurismo le gana a la ley
Texto y fotos: María Ruiz
Pie de Página
Ciudad Juárez –En 2016 el derecho de aborto para las víctimas de violación se convirtió en una norma en todo el país. La NOM-046-SSA2-2005 dicta que para que las víctimas accedan a ese derecho basta declarar bajo palabra haber sido violadas. Sin embargo, aunque está en la ley, en estados como Aguascalientes y Baja California, no se cumple.
En estas dos entidades fue impugnada la norma el mismo año de su creación por supuestas controversias constitucionales, con el argumento de que no cumplía con los requisitos previstos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Tres años después, el 5 de agosto pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la existencia de estas contradicciones.
Para organizaciones feministas, sin embargo, esto no garantiza el acceso al derecho al aborto por violencia sexual, ya que en estos estados el conservadurismo encontró maneras de librar la ley, de la mano de la burocracia, la moral y de la misma NOM 046.
Aguascalientes
En esta entidad no existen médicos no objetores de conciencia, es decir aquellos médicos cuyos principios morales y/o creencias religiosas no les impidan practicar un aborto. Eso argumentan las instituciones de salud para no realizar las interrupciones legales de los embarazos derivados de una violación.
Quien llegue a pedir un aborto por violación al servicio de salud público corre el riesgo de que la hagan esperar más de 12 semanas, límite marcado por la norma, y pierda la oportunidad de abortar legalmente.
Otro obstáculo es argumentar que no hay personal suficiente que no sea objetor de conciencia. Para la abogada Marcela Martínez Roaro, el Estado está imcumpliendo la ley: “La NOM046 ordena tener personal. Entonces, no estás cumpliendo y no porque no tengan médicos sino porque no tienen disposición”, denuncia Martínez Roaro, una de las más longevas feministas de Aguascalientes.
La abogada, que litiga por los derechos de las mujeres desde hace más de 20 años, explica que los gobernantes de Aguascalientes ponen por encima sus creencias antes que la ley y con esto violan la NOM 046, la Ley de Víctimas y los derechos de las mujeres.
La NOM 046 dicta que se debe respetar a los médicos y enfermeras objetores de conciencia, pero los institutos de salud del estado usan este argumento para negar el derecho a las víctimas de abuso sexual de no querer tener un hijo de su violador.
En los 17 años de trabajo dentro del departamento de salud reproductiva del programa de atención a la violencia familiar y sexual, Lourdes Martínez se dio cuenta de estas prácticas: “¿Cómo aceptarían hacer una interrupción al embarazo cuando el gobierno actualmente tiene una relación fuerte con el Frente Nacional de la Familia?, cuestiona Martínez.
“Si ceden una vez, tendrían que ceder con las siguientes”, añade.
Lourdes Martínez cuenta que cuando una víctima buscaba acceder a un aborto le daban otras opciones para evitar realizarlo en Aguascalientes: programas de adopción, de apoyo económico en el embarazo y lo más común, enviar a las chicas a la Ciudad de México a abortar.
En los 10 años de existencia, la organización civil Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento) ha acompañado a 133 mujeres de Aguascalientes en su proceso de aborto en la Ciudad de México, la única entidad donde es posible abortar de forma voluntaria hasta con 12 semanas de embarazo.
Lourdes Martínez cuenta que hay médicos que mejor recomiendan viajar a la capital del país; a ella misma le tocó gestionar acompañamientos con Fondo MARIA por la falta de personal con disposición a realizar el procedimiento.
“Los médicos sienten que están en riesgo por practicar abortos porque dudan de la declaración de la víctima. Es algo que no les corresponde cuestionar pero temen que sea un engaño y se vean afectados legalmente”, explica.
Daniela Tejas, co-coordinadora de Fondo MARIA, resalta que una de los avances por los derechos de las mujeres que promueve la NOM 046 es creer en su palabra.
“Simbólicamente es un avance en un contexto en el que casi no se le cree a las víctimas y reduce obstáculos para que las mujeres puedan acceder a abortos legales y seguros”, explica Tejas.
Lourdes Martínez y Marcela Martínez Roara, integrantes del Movimiento Feminista de Aguascalientes, señalan que el conservadurismo de su estado nulifica los derechos de la mujer y vaticinan que así seguirá en la región.
Roara es de las primeras feministas de Aguascalientes, junto a ella empezó también Verona Valencia y hoy acompañan a las generaciones más jóvenes.
Verona Valencia resalta que uno de los obstáculos más grandes es la relación de la iglesia católica y el Estado:
“El gobierno de Aguascalientes siempre ha ido de la mano con el obispo de la diócesis y llevan años intentando meter la iniciativa de la vida desde la concepción”.
En esto coincide su compañera Marcela Martínez:
“El problema no está en lo legal, el problema está en la realidad y en las autoridades. Con una visión y un criterio ideológico que dan la espalda a la ley por anteponer su criterio personal y sus creencias”, denuncia.
Angie Contreras, también integrante del Movimiento Feminista de Aguascalientes, recuerda que la diócesis se pronunció en cuanto se supo la decisión de la Suprema Corte de Justicia:
“El obispo José María de la Torre Martín, en su rueda de prensa de cada lunes, declaró que no se iban a interponer pero siguen fieles a su postura”, menciona.
En Aguascalientes, según datos del INEGI, el 92% de su población es católica. Lourdes Martínez coincide con sus compañeras en que los intereses de la iglesia católica se anteponen a los del Estado “laico” y que el conservadurismo de la mayor parte de la población impide que se cumpla la norma: “Van a manejarlo de forma muy sutil, no van a atender a las víctimas en el estado porque saben que si lo hacen una vez, difícilmente otra persona viajará a otra ciudad para hacerlo”, señala.
En Aguascalientes una de las luchas constantes es contra las iniciativas de “protección a la vida desde la concepción”, que desde 2002 proponen cada cinco meses en el Congreso, cuenta Angie Contreras.
La última vez, recuerda, un gran grupo de mujeres protestó frente al Congreso y lograron impedirlo por unos cuantos votos no pasó. Las feministas hidrocálidas saben que lo volverán a intentar.
En Aguascalientes, menciona la maestra Marcela Martínez, el movimiento feminista es joven. Cuando ella y Verona Valencia comenzaron a incidir eran pocas:
“Hace 20 años no había absolutamente nada. El feminismo detonó recientemente con un grupo de feministas muy jóvenes. Se está dando, lo vamos a ver y va a incidir en estas políticas públicas en beneficio de las mujeres”, cuenta la maestra Marcela Martínez.
Baja California
En Baja California la reacción de grupos cristianos fue como si no se supiera que la NOM 046 existe desde hace tres años. Luego de la ratificación de la SCJN de que las mujeres víctimas de violación tienen el derecho de abortar antes de las 12 semanas de embarazo, realizaron una rueda de prensa para declarar que seguirán impugnando. Su miedo: que mujeres acudan en masa a abortar argumentando que fueron violadas.
Para el colectivo feminista de acompañamiento Las Borders, ese argumento suena ilógico, como si a las mujeres les gustara la idea de abortar.
Las Borders brindan acompañamientos virtuales y asesoría a mujeres que decidan abortar en todo México. Surgieron en Baja California después de que dos de sus integrantes retomaran sus experiencias de aborto para que ninguna mujer se sintiera con miedo o soledad en el proceso. Las cinco integrantes del colectivo solicitaron por su seguridad el anonimato para brindar su testimonio.
“El gobierno de Baja California argumenta que nunca han llegado chicas a pedir un aborto por violación. Tristemente se ha conocido al estado como un lugar muy conservador. Sabemos del caso Paulina: prácticamente el director del hospital general y un grupo de mujeres hablaron con ella y la asustaron. Ella decidió tener al bebé”, cuenta una de las activistas.
Fondo MARIA ha acompañado en 10 años cuatro abortos por violación de mujeres de Baja California. Las Borders explican que muchas prefieren hacerlo en sus casas, con misoprostol.
Para este colectivo, la resistencia a acatar la NOM 046 en Baja California se debe al conservadurismo y la doble moral de la comunidad, que no tiene empatía con las mujeres menos privilegiadas económicamente.
Desde el 2008 se aprobó una reforma constitucional donde reconoce el derecho a la vida desde su concepción.
“Acá las personas de clase media alta, la mayoría, tienen acceso a ir a San Diego, en California, para abortar, a lavar sus culpas, y regresar a su vida normal. Las que más se ven afectadas son las mujeres en situación precaria. Generalmente el PAN estaba aquí, se sabe que es un grupo con alianzas de grupos católicos. Hay un fuerte conservadurismo”, dice una de ellas.
Parte fundamental de las acciones de Las Borders es compartir información sobre el derecho al aborto. En esas prácticas se dieron cuenta que hay un gran desconocimiento sobre el ejercicio de los derechos. Han dado acompañamiento a mujeres de la Ciudad de México que no sabían que en esa entidad el aborto no es penado en las primeras 12 semanas de gestación.
“Dimos una pequeña charla en la Facultad de Medicina de la Universidad de Baja California y los chicos que ya estaban por graduarse no habían escuchado de la NOM 046. Eso nos hace pensar que hay un desconocimiento por parte del personal de salud y si bien, es respetable ser objetor de conciencia sabemos que la institución pone barreras para que las 12 semanas de gestación pasen y las chicas ya no puedan abortar”, recuerda la joven.
Las Borders encuentran que los médicos reciben una educación conservadora y desinformada desde las aulas.
“La mayoría de los doctores no usan la palabra feto o producto, siempre usan la palabra bebé. En este contexto se nos ha complicado encontrar aliados pero hemos encontrado una que otra doctora que sí nos resuelve dudas”, señala.
Daniela Tejas de Fondo MARIA, coincide que el desconocimiento en México sobre el aborto es alto.
“Se tendría que estar brindando en los servicios públicos pero hay mucha resistencia por parte de hospitales, clínicas y muy poca difusión de la NOM 046. Con las cifras que tenemos de violencia sexual tendría que ser algo que se difunda ampliamente y no se está haciendo. Necesitamos que no solamente venga de las organizaciones feministas sino por parte de los gobiernos y de los medios, que las mujeres pueden acudir directamente a los servicios de salud sin ir al ministerio público”, explica Daniela Tejas.
La lucha de las feministas en Baja California contra la desinformación: “Hay que quitar el estigma, hay que hablar más de esto, es importante que la mayoría de las persona sepa que tienen derecho a decidir, a ser escuchadas, a que no te quedas traumada y puedes seguir adelante. Estarlas acompañando antes, durante y después y en este camino hemos hecho alianzas con otras personas, eso está muy chido, saber que en realidad somos un montón que estamos en la lucha” cuenta la activista.
