Cuatro de cada 10 empresas de seguridad privada que operan al cuidado de fraccionamientos cerrados en la ciudad no cuentan con permiso para dar el servicio; nos traspasaron el descontrol, justifican autoridades estatales
Martín Orquiz
La Verdad / Especial para El Diario
Ciudad Juárez – Sin contar con el permiso de las autoridades para su operación, al menos cuatro de cada 10 compañías de seguridad privada tienen en sus manos la vigilancia de los habitantes de un gran número de los 279 fraccionamientos cerrados y colonias con acceso controlado en Ciudad Juárez.
Burlan las disposiciones legales aun cuando movilizan a miles de vigilantes que escapan a la supervisión de las autoridades estatales –encargadas de su regularización–, que se justifican con el argumento de que esa problemática fue traspasada de la administración federal pasada.
La cantidad de prestadores de servicio de vigilancia irregular en la localidad representa el 41 por ciento de las 111 empresas que operan en la ciudad, de las cuales 45 no tienen permiso y 66 cuentan con registro, revelan datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
A nivel estatal el fenómeno se extiende en la misma proporción de compañías sin control, cuatro de cada 10 de las que ofrecen el servicio a los ciudadanos, principalmente para encargarse de la seguridad del lugar donde viven, indican los reportes oficiales.
Ciudadanos que recurren a este tipo de servicio aseguran que se sienten indefensos con la situación, no solo por caer en manos de empresas sin control de la autoridad, también porque al contratar vigilancia particular alrededor de sus viviendas sus sectores quedan marginados del patrullaje de seguridad pública.
“La Fiscalía debe poner orden”, dice José Octavio Pedregón, tesorero del Comité de Vecinos de Colonial del Valle, la unidad habitacional más grande de la ciudad, con 488 domicilios. Considera que conseguir una empresa confiable es uno de los problemas de vivir en un fraccionamiento de acceso controlado y de una ciudad insegura como Juárez.
La demanda de servicios de seguridad privada en esta comunidad tuvo su boom a la par de la implementación de estrategias de combate al crimen organizado que desataron asesinatos y una ola de hechos violentos, principalmente entre el 2009 y el 2011. Sin embargo, en el último año, aun cuando los índices de inseguridad son menores que en aquella época, el número de compañías en el estado creció.
Hay más empresas, aumentan no reguladas
Datos proporcionados por personal de la FGE y publicados en la página digital de esa corporación, reflejan un crecimiento en el número de compañías de seguridad privada en Chihuahua, incluso en el rubro de las no reguladas.
Para el 2018, la dependencia contabilizó la existencia de 204 empresas de esta índole en el estado, 107 estaban registradas, 30 tenían el trámite en proceso y 67 trabajaban sin cumplir la reglamentación requerida.
La misma fuente dio a conocer que a julio de este año, en el estado trabajaban 285 compañías, 170 contaban con la certificación requerida, 30 realizaban la diligencia y 85 laboraban sin los permisos oficiales.
La situación prácticamente rebasa el control de la autoridad pese a que se estima que las empresas irregulares manejan entre tres mil 500 y cuatro mil guardias, de acuerdo con empleados de tres compañías –una con permiso y dos sin regular– que pidieron no ser identificados porque no están autorizados para hacer declaraciones públicas.
Casi cinco veces más que los 814 reportadas por las empresas bajo control gubernamental.
La mayoría de los vigilantes no cuenta con los requisitos necesarios para adquirir su cédula porque las empresas para las que trabajan no están registradas o porque ellos mismos incumplen los requerimientos, de acuerdo con los consultados.
Se traspasó descontrol: Comisionado de Seguridad
Frente a ese panorama, el comisionado estatal de seguridad, Oscar Aparicio Avendaño, expresa que uno de sus compromisos con los ciudadanos es regular, certificar y capacitar al personal de seguridad privada.
Asegura que las compañías de seguridad privada sin regular operan desde antes que la actual administración comenzara su gestión en el estado.
“Anteriormente esa área pertenecía al Secretariado Ejecutivo Federal, cuando la recibimos como Comisión Estatal de Seguridad venían con muchas irregularidades, es más, no recibimos ni siquiera información de las empresas, nosotros iniciamos de cero”, dice.
“Nosotros lo que estamos haciendo es poner orden, no es que tengamos un desorden, estamos ordenando lo que no estaba ordenado, lo que no existe, donde no había una regulación efectiva para las empresas de seguridad privada, ahora, estamos certificando, capacitando”, asegura.
El funcionario dice que se cuenta con la posibilidad de cancelar las licencias o aplicarles multas ante la irregularidad con la que laboran, pero se reunieron con sus representantes y llegaron a diferentes acuerdos para lograr certificarlas.
Algunas de esas empresas todavía no cumplen con los parámetros para trabajar y considera “injusto” cancelar los permisos y dejar sin empleo a ciudadanos por el mal trabajo hecho por anteriores gobiernos.
Aparicio informa que el principal incumplimiento de las compañías sin permiso es la carencia de capacitación de sus elementos y que no cuentan con un examen de control y confianza para saber si pueden realizar un trabajo de esta naturaleza.
Los negocios de este rubro se rigen a través de la Ley Federal de Seguridad Privada y la Ley Estatal de Seguridad Privada, donde se establecen que para el desempeño de sus funciones, el personal operativo debe carecer de antecedentes penales, ser mayor de edad y estar inscritos en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública.
Además, se les exige estar debidamente capacitados en las modalidades en que prestarán el servicio, no haber sido separado de las Fuerzas Armadas o de instituciones de seguridad pública o privada y no ser miembro en activo de alguna institución de seguridad pública federal, estatal o municipal o de las Fuerzas Armadas.
Domina la desconfianza
Lucero Maldonado vivió los últimos 10 años en el fraccionamiento El Crucero, que se ubica en el cruce de las avenidas Manuel Gómez Morin y Tecnológico, donde los vecinos cercaron sus calles y contrataron guardias de seguridad desde el 2009 ante la ola de asaltos que sufrieron en sus propios hogares.
En julio pasado, Lucero cambió su domicilio a otra unidad habitacional, Residencial San Ángel en la zona de Valle del Sol, que tiene características similares. Sin embargo, la desconfianza hacia los cuidadores siempre está presente asegura la mujer. La principal razón es que los vigilantes les conocen todo su itinerario, lo que podría ser aprovechado para causarle algún perjuicio.
Muchas veces, agrega, las personas tienen que conformarse con lo que hay, exigir que las empresas o las personas estén certificadas no sirve de mucho porque de todas formas contratan a las personas que se necesitan en el momento.
Para Claudia Arreola, facilitadora de Red de Vecinos de Ciudad Juárez, la percepción de Maldonado es generalizada en nuestra ciudad.
“La percepción de inseguridad persiste y cada vez es mayor, ya no nada más en los fraccionamientos, sino en áreas públicas, en supermercados, centros comerciales, en tiendas de conveniencia, mientras haya violencia las medidas (entre estas la contratación de guardias de seguridad), continuarán”, advierte.
Debido a que no se puede asegurar que los vigilantes realicen un trabajo adecuado, la Red de Vecinos local adoptó la política de no recomendar compañías de ese giro y pedir a los comités que se acerquen a la FGE a verificar el estatus de guardan; es decir, si están o no certificadas.
Los riesgos de contratar a una empresa no registrada, dice, es que los empleados estén en alianza con algún grupo delictivo, que generan alguna situación de inseguridad.
“Ya se ha detectado que contratan a cualquiera que va pasando”, afirma.
Rogelio Robles, un vecino del fraccionamiento San Carlos, indicó que hace años se registraron robos en algunos domicilios y siempre sospechaban que los guardias de seguridad estaban inmiscuidos.
“Se llevaron cosas de muchos vecinos, pero al reclamar nos decían que no habían visto nada, pero para mí que ellos mismos les deban ‘el pitazo’ de cómo y a qué hora entrar”, asegura.
José Octavio Pedregón, tesorero del Comité de Vecinos de Colonial del Valle, considera que por muchos factores es un problema tener fraccionamiento con acceso controlado, uno de ellos son precisamente los guardias de seguridad y las empresas de las que dependen.
“El problema que tienen ahorita las compañías de seguridad privada es que tienen una rotación inmensa, van (los guardias), les dan uniforme, trabajan tres días y se retiran, ya no se vuelven a presentar”, dice.
“La mera verdad están preparados al vapor”, afirma.
La Fiscalía debe poner orden porque no sabemos qué guardias nos van a traer, comenta. Es por cuestión de seguridad.
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