El exceso de asuntos que lleva cada abogado de oficio limita el acceso a la justicia en Ciudad Juárez, advierten; datos oficiales exhiben que ganan solo tres de cada 10 casos que llegan a sus manos
Itzel Ramírez
La Verdad/Especial para El Diario
Los defensores públicos del fuero común en Ciudad Juárez tienen una carga de trabajo excesiva. Tan sólo de enero a julio de este año, los 68 abogados de oficio que integran la Defensoría Pública del Distrito Bravos –con sede en esta comunidad fronteriza– atendieron más de 4 mil 900 casos.
Cada defensor representó en promedio 72 expedientes en los juzgados penales durante los primeros siete meses del 2019, cantidad a la que aún se debe sumar la cifra de procesos vigentes que arrastran de años anteriores, lo que eleva hasta a 150 y a 200 los asuntos “activos” que atienden en materias civil, familiar y penal, de acuerdo con cálculos de Antonio Riestra, coordinador de la Defensoría Pública en el distrito que opera aquí.
La carga de trabajo es tal que, de acuerdo con Riestra, hay ocasiones en los que un defensor público tiene hasta siete audiencias en un mismo día. Sus defensores, dice, llevan cerca del 80 por ciento del total de asuntos judiciales registrados en este distrito.
En esa condición se corre el riesgo de lograr una deficiente representación legal y una incompleta impartición de la justicia, advierten funcionarios judiciales y abogados colegiados consultados.
Esto queda expuesto con los datos oficiales proporcionados: los abogados de oficio ganan solo tres de cada 10 casos que llegan a sus manos.
En entrevista, Riestra, concede que el número de casos que lleva cada defensor es alto; aumentar las jornadas laborales más allá del horario de oficina, indica, ha sido una de las maneras de cumplir con el mandato constitucional de garantizar la defensa de aquellos imputados que no pueden pagar un abogado particular.
“Aquí aprendemos a optimizar los tiempos, tenemos tiempos reducidos, aprendemos a abocarnos a ese tiempo para un estudio integral de la carpeta y pues el trabajo de nosotros no acaba a las 3 o 4 (de la tarde) que salimos de aquí”, asegura.
Un exdefensor público, ahora dedicado al litigio privado, dice que la cantidad de trabajo hace imposible conocer a fondo cada uno de los asuntos, por lo que la defensa difícilmente es exitosa.
“Muchas veces somos casi testigos, únicamente decimos ‘no tengo nada qué manifestar’, y a eso se acota la defensa de los imputados”, asegura el exfuncionario público que pidió mantener su nombre en el anonimato. Aunque, matiza, también hay muchos defensores que hacen un esfuerzo por concentrarse en los casos que más posibilidades tienen de éxito.
Juan Ángel Lira, presidente de la organización Abogados Postulantes Independientes, menciona que además de la carga de trabajo, los abogados de oficio también se encuentran bajo “presiones” dentro del sistema.
“No se garantiza la buena defensa porque los defensores a veces (…) están limitados por las mismas cuestiones políticas de los superiores que se vean muy apabullados en el MP (Ministerio Público), el órgano acusador o los mismos jueces”, menciona el abogado.
La cantidad de asuntos impacta al tiempo que cada abogado dedica a su representado y a sus familias, quienes se vuelven pieza central de la defensa, al ser quienes acercan pruebas y testigos al litigante de oficio.
“Viene la gente (familiares de los imputados) y le dedicamos el tiempo que tenemos entre audiencias, como puede que tengamos solo dos audiencias en el día y le podemos dedicar una hora, hora y media a la familia, como puede que tengamos todo el día”, señala el coordinador Riestra.
César Díaz, visitador en Juárez de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, indica que, aunque no son numerosas, hay personas que se han acercado a externar su inconformidad con su defensor público.
La mayoría de las quejas presentadas contra ellos son precisamente por el poco tiempo que dedican a la atención de los usuarios de sus servicios.
“Se quejan del tiempo, esa es una situación que en el Tribunal Superior de Justicia tienen que ver cómo evitar porque a la gente le pesa ir con el defensor público y a veces por las audiencias o el trabajo no tienen tiempo de atenderlos (a los usuarios), que ya perdieron un día de trabajo y tienen que regresar en la semana por una nueva asesoría, así que prefieren ir con un privado”, indicó.
A lo largo de 2019, precisa, cinco personas se han acercado a la oficina de Derechos Humanos para iniciar un procedimiento en contra del Instituto de Defensoría Pública; sin embargo, acota, tras recibir asesoría e iniciar un proceso de mediación, no se ha iniciado ninguna queja formal.
Procuran justicia entre carencias
Con un salario mensual aproximado de 23 mil pesos, la razón para pensar en la defensoría pública como opción laboral es, de acuerdo con integrantes del gremio, hacer carrera judicial dentro del Tribunal Superior de Justicia.
“Todo mundo buscamos aquí una carrera judicial. Un asunto particular puede dar muchísimo más dinero que lo que ganamos como defensores, nos quedamos porque buscamos hacer carrera judicial aquí en el Tribunal”, menciona Riestra.
Otros, indica a su vez el exdefensor consultado, optan por quedarse en el puesto por las prestaciones laborales y sobre todo por la certeza de tener una plaza en el Poder Judicial.
Las carencias en la Defensoría llegan a extremos como que los propios abogados de oficio son los que determinan quién cumple con los requisitos para acceder a la representación gratuita en materias civil y penal. El Instituto no cuenta con un área de Trabajo Social, por lo que los abogados aplican un cuestionario y deciden la capacidad económica de cada solicitud, sin más filtro que el criterio propio.
“Esto, con la finalidad de garantizar el servicio a los grupos que se encuentran en estado de vulnerabilidad”, se desprende de una respuesta del Tribunal Superior de Justicia a una solicitud de información hecha al respecto.
Tampoco, se informa en otra solicitud, se cuenta con defensores públicos bilingües para la atención de las comunidades indígenas.
“Sin embargo, este Instituto cuenta con dos personas que pertenecen a comunidades indígenas, una de ellas es la encargada de la Unidad de Asuntos Indígenas adscrita a la Dirección del Instituto de Defensoría Púbica y la otra persona se encuentra adscrita al Distrito Judicial Andrés del Río con sede en la población de Guachochi, Chihuahua, y realiza funciones de intérprete-traductora”, explica el TSJ en la respuesta a la solicitud presentada por el sistema Transparencia.
La Verdad buscó a David Isaac Luján Carreón, director del Instituto de Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, para consultar sobre las insuficiencias de la dependencia; sin embargo, el área de Comunicación Social de esa instancia respondió que el funcionario no estaba disponible para entrevista.
Al final, coinciden expertos y funcionarios, la falta de personal es esta área afecta a las personas más vulnerables, aquellas que no cuentan con los recursos económicos suficientes para pagar un abogado privado profesional.
Desde Abogados Postulantes Independientes, Lira advierte de los engaños de los que son víctimas imputados y sus familias.
“A las personas se les cuenta que va a ser un proceso largo que va a implicar horas de trabajo, se les cuenta la realidad como es, a veces tienen falsas esperanzas y caen con simuladores del derecho porque les prometen, les cobran menos, entonces la gente se va por lo más barato”, cuenta Lira.
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Yulexi se acercó a la Defensoría Pública para sacar de la cárcel a un familiar acusado de extorsión, después de ser estafada por el abogado privado que inicialmente llevó su caso.
Primero, cuenta la mujer, el abogado particular le aseguró que ganaría prontitud en el caso, con una tarifa de 20 mil pesos por honorarios, aparte de los pagos de otros gastos, como periciales y escritos. Tras los primeros pagos, dos abonos de mil pesos cada uno y una tercera petición por otros mil pesos, optó por que su caso se lleve con un jurista de oficio.
“El licenciado ya ni nos contestaba el teléfono, se quedó con el dinero y ni avanzaba el caso, entonces nos dijeron que viniéramos con los de oficio”, dice.
Su caso no es aislado, de acuerdo con las personas consultadas para este reportaje, se acumulan las quejas en contra de abogados que aprovechan la necesidad de defensa de la gente y prometen la resolución de los asuntos.
Los despachos profesionales tienen tarifas muchas veces impagables para el grueso de la población, señalan abogados de la ciudad. Hay firmas que únicamente por verificar si una persona ha sido detenida y se encuentra en la Fiscalía General del Estado, por ejemplo, en casos de narcomenudeo en posesión simple de droga, cobran 500 dólares. La representación para la primera audiencia asciende a más de mil dólares.
“Aquí lo que nosotros requerimos es gente comprometida con la Defensoría, gente que esté capacitada con el cargo de defensor, en cada uno de los asuntos el defensor tiene que poner el mayor impulso que requiere un asunto para poder sacarlo adelante”, argumenta Riestra.
El personal a su cargo, dice, gana cerca del 30 por ciento de los casos, con la suspensión condicional del proceso, acuerdo reparatorio, no vinculación y sentencias absolutorias. El resto se pierde ante los tribunales.
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