Testimonios de seis feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez entre 1995 y el 2003 fueron escuchados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como parte de una investigación contra el Estado mexicano por su actuación ante esos asesinatos de mujeres.
Rocío Gallegos
La Verdad
La voz de Paula Flores Bonilla retumbó desde el centro de la sala de la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), donde exigió justicia plena para su hija María Sagrario González Flores, desaparecida y asesinada en Ciudad Juárez hace 21 años.
“No me quiero morir sin saber que realmente se hizo justicia (a mi hija)” expresó la mujer frente a cinco comisionados del organismo internacional que este viernes desahogó una diligencia pública del caso 13.337, abierto contra el Estado mexicano por seis feminicidios ocurrido en Ciudad Juárez entre 1995 y el 2003.
“Espero que me de la vida para poder llegar a esa justicia y ver a los verdaderos asesinos de mi hija en la cárcel” dijo Paula, en la audiencia a donde acudió como testigo del caso, para relatar su testimonio de búsqueda de su hija y denunciar la falta de efectividad de las autoridades mexicanas en el feminicidio de Sagrario y de otras cinco mujeres, así como por la desaparición de una bebé.
La mujer compareció acompañada de una imagen con la fotografía de su hija y la palabra “justicia”, la cual colgó frente a ella, dando la cara hacia los comisionados que la escucharon y al final, al menos dos de ellos, se disculparon porque su caso lleva más 16 años en esa instancia con sede en la de Washington, el centro político de Estados Unidos.
Los casos de las otras víctimas son: Silvia Elena Rivera, asesinada en 1995 cuando tenía 16 años; de Olga Alicia Carrillo Pérez, de 20 años, y de Cecilia Covarrubias Aguilar, de 14 años, a ésta además de matarla le desaparecieron a su bebé de días de nacida, de la cual no se sabe nada a la fecha.
También está el de María Elena Chávez Caldera, de 15 años, a quien mataron en el 2000, y el de Brenda Berenice Rodríguez Bermúdez, de 6 años, a quien le quitaron la vida en el 2003. Todos sus casos están concentrados en el expediente identificado como caso Silvia Elena Rivera Morales y Otras Vs. México”
Por ellas alzaron la voz integrantes del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C. (CEDIMAC) y la agrupación Robert F. Kennedy Human Rights, quienes llevaron a la CIDH la representación de las víctimas durante la audiencia, encabezada por la comisionada presidenta, Esmeralda Arosemena, que se pudo seguir por internet, a través de una transmisión en vivo del organismo internacional.
“Solicitamos recomendaciones para que el Estado repare a las víctimas, incluyendo: medidas concretas encaminadas a identificar y localizar a la victima desaparecida… a resolver los casos de femicidio, que en todo el país se adopte un modelo de protocolo de investigación de femicidios” pidieron al dar lectura a sus demandas entre las que también se incluyó tipificar el feminicidio a nivel nacional.
La inacción del Estado, no llevó a la autoridad a indagar el paradero de las víctimas, con lo que pudo evitar su muerte, no investigó, no ha hecho justicia y no ha localizado a la bebé de Cecilia Covarrubias, denunciaron las representantes de las víctimas durante la audiencia, donde reclamaron también que esta caso lleva 16 años ante la CIDH, a la que exhortaron a actuar, “el momento es este”.
“Mi hija era de 17 años, tenía sueños, planes de vida, era obrera de una maquiladora, pero quería estudiar” dijo Paula Flores Bonilla, al hablar de María Sagrario, quien desapareció el 16 de abril de 1998 y su cuerpo fue localizado el 29 de ese mismo mes.
Narró que su familia encabezó la búsqueda de María Sagrario, que las autoridades estatales no colaboraron y cuando el cuerpo se localizó ni siquiera le avisaron, ella se enterró por un reportero que llegó hasta un plantón que mantenían mamás de mujeres desaparecidas y asesinadas.
Luego, dijo, ni su hijo ni su esposo pudieron identificar el cuerpo a simple vista, solo reconocieron su ropa. El cuerpo fue identificado por exámenes de ADN, pero el primero salió negativo, “hasta nos preguntaron si éramos padres adoptivos”. El segundo. lo confirmó, pero por esas fallas, ahora no tiene certeza de que ese cuerpo sea el de su hija.
También dijo que hay un detenido y sentenciado, José Luis Hernández, al que la familia prácticamente entregó, porque las autoridades no investigaron el caso, por lo que considera que sus cómplices no han sido detenidos y quiere que se proceda contra ellos.
En la audiencia también se presentó un video de Ramona Morales, mama de Silvia, quien a través de la imagen expresó: “pedimos justicia, que buscaran a los asesinos, pero nunca nos ayudaron”.
Las representantes de las víctimas relataron que en los casos concentrados en el número 13.337 se desprenden varios patrones hacia las víctimas y sus familias:
- Fallas en la recepción de las denuncias de desaparición, las autoridades exigieron espera de 24 o 72 horas para recibirlas.
- Enfrentaron estereotipos relacionados con desaparición de sus hijas, les atribuyeron su ausencia a que se fueron con sus novios
- Falta de registro policial en zona del crimen.
- Fallas en la práctica de exámenes periciales, de necropsias y de estudios de ADN.
- Los hallazgos de los cuerpos de las víctimas no fueron debidamente comunicado a sus parientes, éstos se enteraron por medios de comunicación o terceros.
- Mal manejo de la evidencia recabada.
También denunciaron que en el caso de Berenice, la investigación estuvo parada por 7 años; en el Olga Alicia, trascurrieron 10 años sin ninguna diligencia, en el de Silvia Elena no se investigó por 11 años.
Durante la audiencia, la representación del Estado mexicano renunció al interrogatorio a Paula y a las representantes de las víctimas, lamentó el homicidio de las seis mujeres y la desaparición de una bebé, así como reconoció a familiares de mujeres asesinadas por su “incansable” búsqueda de justicia.
Ante los comisionados de la CIDH presentaron a las víctimas una propuesta de reparación, que incluye retomar la investigación de los casos mencionados, una indemnización compensatoria y hacer un acto de reconocimiento de responsabilidad, entre otras acciones.
Hay un espíritu renovado del gobierno de México, hace 10 meses iniciamos una nueva etapa con el compromiso de combatir la impunidad, mencionaron en la audiencia integrantes de la comisión mexicana integrada por funcionarios de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de la Fiscalía de Chihuahua.
Ana Cecilia Soto, de la Fiscalía Especializada de la Mujer en Chihuahua ofreció un parte del estatus de las investigaciones de los feminicidios concentrados en este caso.
Reportó que en el caso de María Sagrario, hay un avance con la detención y sentencia a 28 años de un hombre que cumple su condena en un penal de Oaxaca. Sobre el caso de María Elena Chávez, dijo que el 7 de septiembre del 2017 se dictó sentencia contra un hombre que está en el Cereso de Ciudad Juárez.
En lo que respecta a las investigaciones de Olga y Silvia Elena, dijo que hay un detenido y esperan que en un corto plazo se emita una sentencia. En tanto que en el caso de Brenda Berenice, se prevé que se ejerza acción penal en contra del probable responsable de su crimen, cometido en el 2003.
Luego de escuchar a las partes, la comisionada presidenta Esmeralda Arosemena, dijo que ya se cuenta con una sentencia emblemática, la conocida como Campo Algodonero –dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2009– que debe tenerse como guía en estos casos.
Luego preguntó: ¿ustedes consideran que hoy, hoy se están investigando los patrones (de los feminicidios) con el contexto de la zona en la que se dan? ¿Hay una planificación de las instancias de investigación?
La respuesta a la comisionada surgió de Paula, la mamá de María Sagrario: “El problema sigue… les puedo decir que pueden hacer mucho, pero les falta voluntad”.
Las representantes de las víctimas también señalaron que la nueva administración del Gobierno federal no ha mostrado interés de dar seguimiento a sentencia del Campo Algodonero, que el Protocolo Alba no ha sido adecuado y que, en Chihuahua, el gobierno estatal tiene poco interés por resolver el feminicidio.
Antes de concluir la diligencia, la presidenta de la CIDH pidió disculpas por los años que lleva el caso en esa instancia, “estos procesos en nuestros sistemas se hacen complicados, pero no hay formas de poner ninguna excusa” y ofreció atender todas las audiencias necesarias para adelantar la investigación.
“Creo que no estoy loca porque Dios es muy grande” dijo Paula Flores Bonilla al exponer ante los comisionados del organismo internacional y a los representantes del Estado mexicano la afectación por el homicidio de su hija.
“Nos marcaron para toda la vida”, afirmó.
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