Auditorías al Gobierno del Estado revelan opacidad, fracaso de metas, errores e ineficiencia y subejercicio en distintas instancias
Itzel Ramírez
La Verdad/Especial para El Diario
Ciudad Juárez – Opacidad, falta de planeación, fracaso en las metas establecidas, así como errores e ineficiencia en la ejecución del gasto público y subejercicios de decenas de millones de pesos, son algunos de los hallazgos de las auditorías externas hechas a organismos y dependencias del gobierno de Chihuahua por la ejecución de recursos federales.
En medio de reclamos del gobernador Javier Corral Jurado por la manera en que se reparten los recursos federales a los estados, los reportes de las auditorías hechos públicos por la Secretaría de Hacienda de Chihuahua muestran las fallas en las que han incurrido diversos organismos públicos en la operación de fondos que ejercen dinero enviado desde la Federación.
Este viernes en entrevista con Pascal Beltrán del Río, el gobernador Corral manifestó su inconformidad con la fórmula del presupuesto federal que distribuye a las entidades federativas, una posición que ha mantenido desde inicios de su gobierno.
La inequidad en el convenio de distribución fiscal, dijo el gobernador, hará que Chihuahua deje de recibir alrededor de 500 millones de pesos solamente para 2020. Debido a ello, explicó Corral, se hizo una petición al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se realice una nueva Convención Nacional Hacendaria donde se modifique el reparto presupuesta.
La respuesta del presidente, dijo, fue que no se modificarían las fórmulas “hasta antes no se arregle el problema de la corrupción en las entidades federativas, obviamente yo le dije que en Chihuahua este saco no nos quedaba”, afirmó el mandatario chihuahuense.
En contraste con esa postura del mandatario, sobre el ejercicio del gasto público, los resultados de las revisiones externas muestran irregularidades y anomalías en las erogaciones realizadas por entes públicos estatales como la Secretaría de Cultura, Cobach, la Junta Central de Agua y Saneamiento y Desarrollo Rural, entre otras.
De las 21 instituciones que de acuerdo con Hacienda ejercen fondos o programas presupuestarios que operan con recursos federales transferidos, únicamente ocho han hecho públicos los resultados de las auditorías externas durante 2019, referidas al presupuesto 2018.
Concentra Cultura irregularidades
De las ocho, la Secretaría de Cultura, encabezada por Concepción Landa, es la que tiene mayores señalamientos en los resultados de evaluación, incluso con observaciones de concentración de gasto sin justificar precisamente en la oficina dirigida por la titular.
Durante 2018, la Secretaría de Cultura recibió 108.9 millones de pesos como parte del programa presupuestal denominado “Desarrollo Artístico y Cultural” para promover actividades en la entidad y para atender a aquellas poblaciones con menos acceso a bienes y servicios culturales.
“Se identificó que el 23 por ciento del presupuesto del programa lo ejerció el despacho del secretario. Sin embargo, no existe plena justificación de esta situación. La carga completa de los gastos del despacho en este programa afectó negativamente la valoración costo-beneficio del programa en el año evaluado… sin que exista una clara justificación de la contribución a los objetivos establecidos”, menciona la evaluación externa, desarrollada por los investigadores Diego Escobar González, Humberto Mendoza Ayala y Laura Patricia Pedraza Espinoza.
La concentración del gasto en el despacho de Landa, se lee en el reporte, representa una carga presupuestal asimétrica.
Lo ejecutado por la oficina de la secretaria es incluso mayor a la cantidad del fondo destinada para la realización de uno de los eventos culturales más importantes en la entidad, el Festival Internacional Chihuahua (FICH), al que se le destinó el 18.54 por ciento del recurso.
Aunque también se hallaron anomalías en el dinero utilizado para el festival.
“El FICH gastó un porcentaje de recursos importante a la realización de reuniones de trabajo que ascendió a un millón 217 mil 175 pesos”, indica la auditoría.
Las reuniones para el FICH fueron el segundo rubro con más recursos ejercidos, apenas detrás de los servicios integrales de eventos culturales. En contraste, según la evaluación, el programa de desarrollo artístico y cultural tuvo un subejercicio de 2.5 millones de pesos.
“El programa aglutina una serie de actividades artísticas y culturales que no tienen una relación causal entre sí hacia un mismo propósito”, se apunta en el texto.
Además de que “no cuenta con mecanismos para visibilizar los resultados de su operación en Juárez, o una estrategia territorial reflejada en su planeación estratégica”.
Las fallas en las que incurre la Secretaría de Cultura del estado, se menciona, llegan hasta no saber con exactitud la magnitud de la población que tiene poco acceso a servicios culturales, por lo que la planeación resulta irreal.
Ni la Secretaría de Cultura ni la de Hacienda –que es la que ministra los recursos federales–, contestaron a las peticiones de entrevista hechas para conocer su postura.
Opacidad en gastos de Cobach
Después de Cultura, el ente con más señalamientos en el gasto de recurso federal fue el Colegio de Bachilleres de Chihuahua (Cobach), que recibió 484 millones 52 mil 998 pesos de origen federal por el programa Docencia en Educación Bachillerato.
Con la intención de dar capacitación, evaluar, promover y dar apoyos y nombramientos al personal docente, en el Cobach no existe documento alguno que permita saber quiénes fueron los beneficiarios del programa, se precisa en la auditoría externa, realizada por Allinfo Consultores.
“No se cuenta con una normatividad específica aplicable que pormenorice, de manera precisa, cómo debe ser operado el programa”, menciona el estudio. Además de que en el manual de procedimientos entregado por Cobach para la operación de los recursos, no se establece de forma precisa la población susceptible de ser beneficiaria.
Dentro de la planeación los indicadores desarrollados por Cobach impiden conocer el avance de las metas.
“Los indicadores no están orientados a impulsar mejoras en el desempeño del programa”, lo que aunado a los problemas para definir la población beneficiaria causa un “bajo índice de efectividad” del gasto, se advierte.
Patricia Legarreta, directora de Planeación del Cobach, aseguró que los hallazgos de la evaluación habían sido subsanados para 2019. Aun esto no se consigna en los documentos públicos.
“Son señalamientos que la casa evaluadora nos hace para que hagamos nuestro trabajo”, dijo.
Cuestionada sobre la falta de claridad en las metas, la funcionaria aseguró que el organismo sí ha cumplido con los objetivos del programa.
“Las metas definitivamente sí se cumplieron. Hacienda nos deposita solamente si se cumplen las metas”, aseguró.
Legarreta dijo que en un documento, el Cobach se había respondido sobre las incongruencias encontradas por la evaluación. Sin embargo, el texto de seguimiento únicamente aclara problemas de captura de la implementación del gasto devengado por la diferencia entre el Programa Oracle estatal y el de Hacienda federal.
Incluso, la consultora advirtió sobre posibles consecuencias de la falta de planeación y claridad en la ejecución del gasto.
“Se puede incurrir en sanciones administrativas por la carencia de una normatividad específica para el programa que regule su operación. El programa puede ver disminuido el presupuesto aprobado para futuros ejercicios si no se cuenta con una alineación robusta y específica hacia las estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Estatal de Desarrollo”, concluye el documento de evaluación.
Al ente también se le señaló por la opacidad que priva en la información sobre el cumplimiento de metas y el gasto de los recursos, ya que no se encontraron disponibles las obligaciones de transparencia referidas.
La Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público menciona que los recursos federales ejercidos por las entidades federativas deben alinearse a principios de “eficiencia, eficacia, economía, honradez, racionalidad, austeridad, control, rendición de cuentas, equidad de género y transparencia”, por lo que se realizan las evaluaciones de procesos de cada fondo y programa presupuestario.
Subejercicio en UACH e Icatech
Otro de los entes evaluados y con señalamientos fue la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), a la que se le destinaron 495.9 millones de pesos como parte del programa Cobertura en Educación Superior Licenciatura.
Del total, se gastaron 391.7 millones, es decir, hubo un subejercicio de más de 100 millones de pesos.
El impacto de los recursos gastados, se indica, no se conoce. “No se encontró información que revele si los beneficiarios han experimentado un mejoramiento significativo en su condición-problema inicial, al recibir los apoyos que brinda el programa. Tampoco para reconocer los cambios o efectos indirectos positivos que tiene la población atendida”, apuntó la evaluación, también realizada por Allinfo Consultores.
Además del incumplimiento de algunas de las metas, la evaluación detectó que hay muchas que se consideran “poco retadoras”, de ahí que una de las amenazas manifestadas en el estudio es la de perder el apoyo de los recursos federales por el incumplimiento.
Con un subejercicio superior a los 40 millones de pesos se ubica el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (Icatech), que recibió 87 millones 712 mil pesos para el programa Capacitación para el Desarrollo de Habilidades y Conocimientos para el Trabajo y/o Emprendimiento 2018.
El programa “tuvo (…) un presupuesto ejercido de 47 millones 661 mil 543 pesos, por lo que se percibe un subejercicio de 40 millones 51 mil 263 pesos sin una justificación documentada referente a esta situación, es importante mencionar que la mayor parte del presupuesto se destinó a servicios personales, en donde se ejercieron 33 millones 800 mil pesos”, agrega el documento.
Según el estudio de la consultora Evaluare, el Icatech presentó un programa diseñado de forma deficiente “al no identificarse la justificación de creación del mismo programa con un diagnóstico”.
La ausencia de mediciones correctas para definir a la población objetivo del programa. así como el desconocimiento de los indicadores socioeconómicos de los beneficiarios, causan vulnerabilidades en el programa, se establece en la evaluación.
Dan uso distinto a fondos en JCAS
Con el objetivo de atender la insuficiencia de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales en el estado, la Junta Central de Agua y Saneamiento recibió 152 millones 835 mil 360 pesos como parte del programa Drenaje y Tratamiento, con recursos federales de Conagua y Semarnat.
Aunque el diseño del programa focaliza la atención en comunidades con escasez de servicios, la evaluación señala que el 83 por ciento de los recursos se destinaron a poblaciones de los municipios de Chihuahua, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes y Camargo, lo que causa “poca atención a comunidades con problemas de cobertura de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales”.
Más de 19 millones de pesos quedaron sin ejecución, asegura la auditoría externa. Los recursos del componente de tratamiento de aguas, uno de los ejes del programa, quedaron en su totalidad sin ejercer.
Metas incumplidas
El Programa Mecanización del Campo 2018, ejercido por la Secretaría de Desarrollo Rural, tuvo por objeto rentar maquinaria rural con tarifa preferencial para tierras de cultivo, construcción de obras de infraestructura, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales.
Con un costo promedio de 97 mil 510 pesos por beneficiario, el programa ejerció el 99.95 por ciento de los recursos.
La evaluación advierte que la maquinaria utilizada ha agotado su tiempo en horas de vida, “lo que resulta en descomposturas muy frecuentes, lo que causa inhabilitación para cumplir con los requerimientos de las y los productores”.
Algunas máquinas estuvieron inhabilitadas entre 30 y 60 días por año, debido a las descomposturas y a la falta de personal capacitado en la Secretaría para las reparaciones necesarias.
Las metas planteadas para el ejercicio no se cumplieron, indica el texto.
Además, se reconoce en la evaluación que los niveles de violencia e inseguridad en algunas regiones del estado impactaron negativamente en el desarrollo del programa.
El Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua contó con 12.6 millones del programa presupuestario Cobertura en Educación abierta en Bachillerato 2018.
La falta de medios de verificación de actividades, errores en los cálculos de población, además de un descenso en los beneficiarios, fueron algunos de los hallazgos de la auditoría externa.
“El Presupuesto del Programa 2018 se incrementó respecto al ejercicio anterior en un 24.65 por ciento; pero con un incremento en el costo por beneficiario respecto al ejercicio anterior en un 71.24 por ciento al disminuir la población atendida en 8.16 por ciento”, detalla la evaluación.
Pese al menor número de beneficiarios, las metas establecidas no se cumplieron, lo que indica escasa efectividad del gasto.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Chihuahua, con el programa Procesos con enfoque social del programa servicio estatal del empleo, fue la mejor evaluada de las dependencias mencionadas.
Con ejercicio del 96 por ciento, únicamente se le recomendó mejorar en la planeación de la población objetivo, pues los beneficiaron superaron al número estimado por la dependencia.
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