El gobierno federal presentó la actualización de datos sobre enfrentamientos entre civiles y militares, que habían sido negados desde el 2014. Los datos revelan más detenidos que muertos en enfrentamientos de las fuerzas armadas. Sin embargo, no hay claridad ni certeza de que la información publicitada sea verídica
Daniela Rea
Pie de Página
Ciudad de México –Durante años, la Secretaría de la Defensa Nacional dijo que no existían los datos actualizados sobre “enfrentamientos” entre civiles y soldados. Activistas, periodistas y académicos solicitaron información por transparencia, hasta el grado de interponer un amparo por la negativa. De pronto, durante el Informe de Seguridad presentado en Palacio Nacional este lunes, la autoridad mostró los datos que siempre negó tener.
información presentada, sin embargo, se enfrenta a cuestionamientos.
Primero, por la constante negativa de existencia de datos. Segundo, los datos son presentados de manera general sin desagregar o explicar si se refieren a Ejército, Marina y Policía Federal en su conjunto o sólo a una de ellas.
Tercero, los datos presentados por Sedena son distintos a los presentados por la dependencia meses atrás. Durante las Audiencias públicas sobre la Guardia Nacional que se celebraron en el Congreso en enero de 2019, el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval González, dijo que en el 2018 alrededor de 700 personas habían muerto en agresiones a militares. En los datos presentados durante la conferencia matutina, el mismo funcionario mostró que en el año 2018 fueron 230 personas.
“Los homicidios dolosos en el año pasado, más de 18 mil, y los que resultaron muertos en agresiones a gente que agredió a personal militar o naval era un número totalmente reducido, algo así como 700. Entonces, 700 a 18 mil no hay comparación”, dijo aquella ocasión en el Congreso.
“¿Cómo entendemos los datos de hoy, frente a los que dio el propio secretario el año pasado en las audiencias de la Guardia Nacional?”, cuestionó por Twitter la académica del CIDE Catalina Pérez Correa.
Sedena: dos versiones
Para Carlos Dorantes, oficial del programa de Derecho a la Información de Artículo 19, es de celebrar que esta información se comience a publicar. Sin embargo, hay dudas de por qué se publica en este momento y cómo esa información puede ser verificada.
“Es un paso publicarla, pero no hay que dejar de recordar que activistas, periodistas, académicos hemos solicitado esta información y en dos procesos de solicitud vía transparencia la Sedena dice que es inexistente. Artículo 19, el CIDE y el proyecto Cadena de Mando tienen un amparo al INAI que, después de recibir las negativas de Sedena, confirmó que esas estadísticas solicitadas son inexistentes, que no estaban en los registros de Sedena. De pronto pasan semanas y ya existe esa información que se ha solicitado y cuyo litigio está corriendo en un juzgado de distrito”.
Dorantes se refiere a un amparo interpuesto contra la resolución del INAI que confirmaba los dichos de Sedena, en relación a la inexistencia de los datos actualizados de enfrentamientos entre civiles y militares, desde abril del 2014 a la fecha, cuando dejaron de hacerse públicos.
“Sedena dijo en varias ocasiones que hacía búsquedas exhaustivas y que no había información”, apunta Dorantes.
Falta información verificable
Con los antecedentes de estas negativas y contradicciones el punto es, entonces, no sólo que la información sea pública, sino que ésta sea verificable. Es decir, que las personas tengan certeza del origen y calidad de la información producida por el Estado.
“La mejor forma de corroborar la información es que se publiquen las versiones públicas de todos los informes de levantamiento de escenas del crimen (que ordena el Manual del Uso de la Fuerza publicada en 2014), que se integran a los informes policiales homologados”, dice Dorantes.
No es que esa información sea verídica, advierte Dorantes, pero ofrece más posibilidades de que se corrobore y se puedan cruzar los datos con otros registros de gobierno o de la prensa.
“Que esa información se publique de manera constante, que haya más transparencia en los archivos”, demanda.
Uso político de la información
Dorantes también cuestiona el contexto en el que se publicó la información.
“Las estadísticas de uso de la fuerza se publican en función de sustentar o aplaudir una política pública de esta administración. Eso es preocupante, que no se está teniendo un enfoque de derechos, sino del uso político de la información alrededor de políticas públicas específicas. Una narrativa en la que se colocan en primer lugar los porcentajes de aprobación, de aceptación de las fuerzas armadas, de la Guardia Nacional, como instituciones que están teniendo aprobación de la población”.
Con él coincide Jorge Lule, integrante del área de Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
“No queda claro a qué se refieren con ‘fuerzas federales’. Es decir, si están incluyendo a Sedena, Marina y Policía Federal. Parece que la redacción del informe es con la intención de desprestigiar a las policías y ocultar o diluir los crímenes cometidos por fuerzas armadas. Esta confusión o información engañosa se ve tanto en la falta de claridad de los actores, como en la metodología para obtener el índice de letalidad.
El investigador explica que hablar de fuerzas federales en general, sin detallar a qué instituciones se refiere, parece querer aminorar la participación de fuerzas armadas, Marina y Ejército. Y, a decir de los récords, parece que se quiere encubrir a Marina.
“Es una forma tramposa de dar los datos y no darlos. Y no hacer una atribución de responsabilidad real de los niveles de violencia”, concluye.
Soldados matan a una persona cada día
Desde diciembre del 2006, cuando Felipe Calderón militarizó las calles de México, al 30 de septiembre de este 2019, 5 mil 396 personas civiles han muerto a manos del Ejército, según los datos presentados por el gobierno federal. Esto es, 1.1 personas por día.
En los registros oficiales a los civiles se les llama “agresores fallecidos” y a los encuentros se les llama “agresiones a las fuerzas federales”. Pero no existen investigaciones o sentencias judiciales que permitan acreditar que las personas muertas a manos del Ejército eran civiles armados que atacaron a los soldados.
Según los dados a conocer durante la conferencia, desde el año 2014 -cuando se dejó de hacer pública la información- hasta septiembre del 2019, ha habido mil 621 encuentros entre soldados y civiles; en esos encuentros han muerto mil 278 personas civiles y 144 soldados.
Estos datos se suman a los datos históricos, desde diciembre del 2006. Así, desde que inició el sexenio de Calderón hasta lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador han ocurrido 5 mil 83 encuentros entre civiles presuntamente armados y soldados, en ellos han muerto 5 mil 396 civiles y 721 soldados.
11 civiles muertos por cada militar con AMLO
Desde el 2006 a septiembre del 2019 encontramos que, por cada soldado muerto, mueren 7.4 civiles. Si se revisan esos datos por sexenio encontramos que en el de Felipe Calderón el número se mantiene en 7.4 civiles muertos por cada militar; en el de Peña Nieto 7.3 y en los 9 meses del 2019 del gobierno de López Obrador 11.1.
La cantidad de detenidos frente a muertos ha sido menor en los dos sexenios anteriores: en el sexenio de Calderón por cada civil detenido había 1.2 asesinados; con Peña Nieto por cada civil detenido 1.3 eran asesinados.
En los 9 meses de López Obrador se invierte la tendencia: son más los detenidos que los asesinados: por cada detenido hay 0.7 muertos.
En los datos presentados se señala que los 5 mil 396 asesinatos vinculados a encuentros con las fuerzas armadas son apenas el 3.5 por ciento de los 152 mil registrados desde el 2006 y vinculados a delincuencia organizada.
