Los documentos apócrifos más utilizados están relacionados con comprobantes utilizados para tramitar una visa láser ante el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, así como para registrar vehículos en oficinas del Gobierno estatal
Martín Orquiz
La Verdad/Especial para El Diario
Ciudad Juárez – A los papás de Yamel se les ocurrió comprar papeles de trabajo falsos para tramitar un permiso para viajar a Oklahoma, en Estados Unidos, pero los ‘cacharon’ en el puente y les quitaron sus visas.
“Lo hicieron para ir con mis hermanos que viven allá”, dice la mujer que prefiere no hacer pública su identidad por cuestiones de seguridad.
Ella estaba en desacuerdo en que compraran los papeles que les ofreció un conocido que, tiene la sospecha, se dedica a comercializar este tipo de documentos falsos, pero a sus padres se les hizo fácil porque les garantizaron efectividad. No fue así.
“Les quitaron sus visas y los castigaron de por vida, ya no pueden tramitar ningún papel americano, todo se les echó a perder”, comenta.
La falsificación documentos oficiales y su uso en trámites ante la autoridad son delitos que van en incremento en la ciudad, sin embargo, los responsables evaden el encarcelamiento porque los casos son suspendidos por falta de pruebas, por considerarse como agresiones no graves a la ley y por las salidas alternas que contempla el Sistema Penal Acusatorio.
Personal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) reveló que anualmente se abren en promedio 140 carpetas de investigación, principalmente durante temporada de fin de año.
La presentación de documentos falsificados más habitual en la actualidad está relacionada con comprobantes utilizados para tramitar una visa láser ante el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez. Funcionarios de la FGE informan que detectan entre cuatro y cinco a la semana, así como para registrar vehículos en oficinas del Gobierno estatal.
Personal de la Oficina de Prensa y Cultura de la instancia consular, consultado sobre la problemática, comenta que la seguridad nacional es su principal prioridad cuando revisan las solicitudes de visa.
“Cada posible viajero a los Estados Unidos que solicita una visa es sometido a una investigación exhaustiva. Para detectar y prevenir el fraude, nos capacitamos, revisamos detalladamente los casos, y hacemos el análisis debido, además de enlazar nuestros esfuerzos de prevención de fraude con funcionarios del gobierno local”, agrega.
Para reportar un fraude con relación a trámites consulares, las personas pueden hacerlo en la página de la embajada y consulados de Estados Unidos en México.
Pedimentos, licencias y nóminas
Los papeles falsos que son detectados con mayor frecuencia en oficinas del Gobierno del Estado son pedimentos de importación, licencias de conducir, recibos oficiales del pago del impuesto sobre nómina y comprobantes de domicilio, da a conocer personal de Recaudación de Rentas.
Este delito, menciona el presidente de la Organización de Abogados Postulantes Independientes, Juan Ángel Lira Quintana, no es castigado porque está entre los considerados como no graves por la legislación estatal.
Situaciones como la que guardan los delitos de falsificación o alteración y uso indebido de documentos, además de placas, engomados y documentos de identificación de vehículos automotores, ayudan a que se registre una “puerta giratoria” en torno a la conducta antisocial.
“Habría que revisar qué pasa con el Ministerio Público, qué salida le están dando, el delito no está considerado como grave, no les dan (a los acusados) prisión oficiosa o preventiva a los acusados, las personas acudan a audiencias por su propia voluntad”, explica.
Entonces, continúa, sustituyen las penas por otras actividades, como acudir a firmar cada mes, con trabajo comunitario y, si se determina la reparación del daño, con el pago de lo que se estipule.
El abogado considera importante seguir las investigaciones abiertas por falsificación ya que genera otras conductas delictivas, como el robo de identidad.
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Desde el 2010 a octubre del presente año se abrieron mil 379 carpetas de investigación por delitos relacionados con la falsificación de documentos, informa la coordinación del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Peligro, Contra la Paz, la Seguridad de las Personas y la Fe Pública de la FGE en la Zona Norte, que se encarga de estos casos.
Indica que por lo menos en el último año todos los acusados por ese delito enfrentaron sus procesos en libertad y la gran mayoría se resuelve a través de procedimientos abreviados o se establece el sobreseimiento, aunque omitieron explicar las causas por las que se registra esta situación.
Personal de Recaudación de Rentas dio a conocer que, en lo que va del año, se detectaron 70 casos de documentación apócrifa para intentar registrar automotores.
Entre la papelería falsa hay 48 pedimentos de importación y 18 licencias de conducir.
En meses recientes se registró un repunte en los documentos falsos detectados en el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez que son presentados por personas que acuden a tramitar una visa láser, al grado de investigar hasta cinco en una sola semana.
Los papeles apócrifos que presentan, generalmente, son cartas de trabajo, recibos de nómina y comprobantes de ingresos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), da a conocer la FGE, corporación que tiene un convenio de colaboración con la sede diplomática para tratar esta situación.
Añade que una de las detenidas durante octubre expuso ante las autoridades que pagó tres mil 500 pesos por comprobantes del SAT que le ofrecieron a través de redes sociodigitales.
El abogado Lira Quintana considera que, precisamente, la nueva tecnología digital agravó el problema, luego que cualquier documentación, e incluso dinero, puede ser copiado con alta fidelidad gracias a los equipos modernos.
Además, todo este material apócrifo se ofrece “de forma descarada” a la venta por redes digitales como Facebook y WhatsApp.
“Es muy común que eso suceda (la falsificación) por la tecnología, el internet ha servido mucho, ya existen máquinas copiadoras que reproducen billetes con mucha fidelidad del dinero legítimo”, menciona Lira Quintana
Es notorio lo que ocurre, por ejemplo, con los casos de documentos apócrifos que se presentan ante el Consulado, hecho que considera como “algo nuevo”.
“Hubo un tiempo que se anunciaban por Facebook placas metálicas del estado de México, hasta que las autoridades se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, pensaban que hasta funcionarios lo estaban permitiendo. En forma cínica publicitan esos productos en redes”, recuerda.
El Código Penal del Estado establece que comete el delito de falsificación o alteración y uso indebido de documentos quien, para obtener un beneficio o causar un daño, falsifique o altere un documento público o privado con independencia del resultado obtenido.
Contempla un castigo de tres a seis años de prisión y de 100 a mil días multa (de 10 mil 268 pesos a 102 mil 680 pesos) si se trata de documentos públicos y de seis meses a tres años de cárcel, así como de 50 a 500 días multa (de cinco mil 134 pesos a 51 mil 340 pesos), si son privados.
Recibirá la misma pena quien haga uso de un documento falso o alterado o haga uso indebido de un documento verdadero, expedido a favor de otro, como si hubiere sido expedido a su nombre, o aproveche indebidamente una firma o rúbrica en blanco.
Pero además contempla que comete un acto ilegal quien elabore o altere, sin permiso de la autoridad competente, una placa, el engomado, la tarjeta de circulación o los demás documentos oficiales que se expiden para identificar vehículos automotores o remolques. También se castiga a quien los adquiera o enajene.
La pena en este caso es de dos a cinco años de prisión y de 300 a dos mil días multa, lo que implica de 30 mil 804 pesos a 205 mil 360 pesos.
Los funcionarios públicos que cometan este delito recibirán una sentencia incrementada a la mitad, se le destituirá e inhabilitará para ocupar cargos públicos por un lapso de seis meses a tres años.
Ni el dinero se salva
Denunciar el uso de billetes apócrifos, dicen los entrevistados, es muy difícil debido a que se considera una pérdida de tiempo por la burocracia que se enfrenta para comprobar la comisión de ese delito.
“Se pierde mucho dinero con esta gente cabrona, hay semanas que nos llegan falsos hasta mil pesos, en billetes de 200, de 100 y hasta de 10 y 20 dólares”, comenta Oscar, un comerciante de aparatos electrónicos que prefiere que su identidad completa y la de su negocio no se conozca de forma pública.
Indica que, aunque el personal que atiende a los clientes está advertido de que habrá gente que pagará con dinero, cada semana “caen” dos o tres piezas sin valor y muestra las más recientes: una de 200 pesos y otra de 10 dólares.
El reporte Incidencia Delictiva Federal, elaborado por la Fiscalía General de la República (FGR), da a conocer que de enero a septiembre del presente año se abrieron 43 carpetas de investigación por los delitos contemplados en el Título Décimotercero, Falsedad, del Código Penal Federal en la delegación del estado de Chihuahua.
No especifica si las averiguaciones son por el delito de falsificación, alteración y destrucción de moneda, ya que bajo ese título están contempladas otras actividades ilegales relacionadas con la falsificación de títulos al portador y documentos de crédito público y relativos al crédito.
Además, incluye falsificación de sellos, llaves, cuñas, mapas, pesas y medidas; documentos en general; falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, variación del nombre o domicilio, así como usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias y siglas.
“La actividad de elaborar y utilizar dinero falso, es parte de los delitos que son operados por el crimen organizado, se debería incluir este tipo de delito en el catálogo que requiriera prisión preventiva, así como el incrementar las penas”, declara Rogelio González Alcocer,
el presidente de la Canaco.
González Alcocer indica que existe una unidad especial de la FGR encargada de los temas de falsificación de moneda porque es un delito federal.
“Habría que incluirlo en el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa”, dice. “Esto afecta seriamente a los negocios, esta problemática la sufre todo el comercio en general”.
Aunque no se cuenta con un registro de las pérdidas registradas por los negocios formales establecidos en la localidad por la circulación de dinero falso, considera que “es fuerte”, posiblemente llegue a millones de pesos. Una cifra incalculable, pero real.
Los comercios cuentan con herramientas para identificar billetes falsos, tienen la obligación de reportar el hecho ante personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), pero al llegar a barandilla al momento de hacer una consignación, la situación se torna difícil, comenta el abogado Lira Quintana.
“Se desalienta el procedimiento porque tienen que aportar pruebas técnicas, entonces prefieren desalentar la acción y hasta rompen el billete y el detenido sólo cumple un arresto de 36 horas al declarar que no tenía conocimiento que era falso”, afirma.
Como no hay ninguna consecuencia, señala, entonces lo siguen haciendo.
El Código Penal Federal establece que comete el delito de falsificación de moneda (billetes y las piezas metálicas, nacionales o extranjeros, que tengan curso legal en el país emisor) quien produzca, almacene, distribuya o introduzca al territorio nacional cualquier documento o pieza que contenga imágenes u otros elementos utilizados en las monedas circulantes.
El delincuente recibirá una sentencia de cinco a 12 años de prisión y hasta 500 días multa, lo que equivale a 51 mil 340 pesos.
En grado de tentativa contempla de cuatro a ocho años de prisión y hasta 300 días multa (30 mil 804 pesos) y de 3 a 8 años a quien circule moneda falsa con el conocimiento de que es apócrifa.
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