A punto de cumplir su primer año en el gobierno de México llega la hora de la reflexión para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Revisar los aciertos y errores. Y en ese proceso vale la pena mirar el saco a donde envió a activistas y organizaciones civiles, y entender que no todos son adversarios de la 4T
Alberto Najar
Twitter: @anajarnajar
Ciudad de México – Lo dice en Palacio Nacional y se transmite por la plataforma de Youtube que le comunica con cientos de miles de personas cada minuto.
En sus cotidianas conferencias de prensa matutinas el presidente Andrés Manuel López Obrador critica con frecuencia a las organizaciones civiles.
Al principio cuestionaba los recursos públicos con que las agrupaciones realizan su trabajo, y la escasa rendición de cuentas para ese dinero.
AMLO, como se le conoce en México, acusa corrupción entre las organizaciones no gubernamentales.
Los fondos públicos que recibían se utilizaban en viajes al extranjero, encuentros y foros de poca utilidad o fiestas y costosas reuniones, almuerzos, cenas y comidas, dice.
Al paso de los meses endureció su discurso. Las ONG, insiste el presidente, son parte de los conservadores, leales a gobiernos del pasado y sirven como ariete para criticar a la Cuarta Transformación.
¿Por qué la animadversión presidencial? Hay varias razones. Una que sí existen organizaciones señaladas por cometer irregularidades con fondos públicos.
Un ejemplo es Juntos Podemos que fundó Josefina Vázquez Mota, excandidata presidencial y ahora senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), que recibió entre 900 y mil millones de pesos de recursos fiscales.
Oficialmente el dinero sería para apoyar a migrantes mexicanos en Estados Unidos. Pero la organización no comprobó que efectivamente los recursos se utilizaron para tal propósito.
Otro elemento son las agrupaciones cercanas a gobiernos anteriores, especialmente el encabezado por el impresentable Felipe Calderón.
Es el caso de Alto al Secuestro creada por Isabel Miranda de Wallace, empresaria que aparentemente perdió a su hijo durante un secuestro.
Se trata de un controvertido personaje. En los últimos meses varios periodistas han puesto en duda la veracidad de su versión sobre el plagio de Alberto Wallace Miranda.
Y otro ejemplo son las organizaciones que se agruparon en el colectivo #Nomasderroches, que promovió al menos 150 amparos diversos contra la construcción del aeropuerto internacional en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.
Fracasaron, pero su intentona profundizó la desconfianza del presidente en las organizaciones civiles. Algo que se atizó con las críticas a la elección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los antecedentes podrían explicar la posición de AMLO. Pero eso no justifica poner en el mismo saco a todas las organizaciones.
Con la restricción de fondos públicos, y las críticas en las conferencias mañaneras, se pone en riesgo el trabajo de activistas que por décadas suplen la ausencia del estado.
En muchos casos las organizaciones donde colaboran representan la diferencia entre la vida y muerte para miles de personas. Un ejemplo son los albergues de migrantes, instalados en las zonas de mayor riesgo para quienes caminan desde el sur.
Es el mismo caso de los albergues para refugiar a mujeres víctimas de la violencia, o las que mantienen programas de atención a quienes padecen cáncer de mama, especialmente en comunidades rurales e indígenas.
Se acerca el primer aniversario del gobierno de López Obrador, un momento para revisar los errores y aciertos. En esta reflexión vale la pena mirar el saco a donde se envió a organizaciones y activistas.
Pueden ser entendibles las suspicacias presidenciales, pero es necesario entender que no toda la sociedad organizada respaldó la sangrienta guerra de Calderón.
Tampoco todas las ONG son Televisa y su polémico Teletón, cada año señalado como un evento para deducir impuestos de la televisora y sus asociados.
Las generalizaciones, el medir con el mismo rasero pudo ser útil para enfrentar el caótico gobierno heredado el 1 de diciembre de 2018. Doce meses deberían ser suficientes para entender quién es quién.
En este país donde la violencia no se queda en las calles o trincheras de delincuentes, en el que una poderosa minoría insiste en promover el odio y racismo, la prudencia presidencial no es sólo una actitud personal.
Debe ser el más profundo ejercicio de gobierno.
