Miles de desplazados de comunidades violentas en el país que son rechazados por Estados Unidos representan un reto para gobierno y sociedad, quienes deben establecer estrategias con oportunidades para proteger a esos connacionales en regiones distintas a sus territorios
Martín Orquiz
Uno de los más graves efectos colaterales de la violencia y la impunidad que se vive en diferentes regiones de nuestro país, es la migración o desplazamientos de familias enteras que huyen de sus hogares para salvar sus vidas, cargan incluso con infantes para partir en busca de un lugar donde simplemente puedan vivir con la tranquilidad que les fue arrebatada.
La mayoría de los mexicanos que enfrentan esa condición no quieren permanecer ni siquiera en otra parte del país, su objetivo es poner una línea política entre ellos y sus amenazas, por lo que su meta es lograr ser aceptados legalmente, o hasta ingresar de forma indocumentada, a Estados Unidos.
Con esa idea en sus mentes y corazones, arriban a la frontera norte de México, la sur para los estadounidenses, en busca de la forma para cruzar el limítrofe entre los dos países, ya sea a través del río Bravo por Chihuahua, Coahuila, Nuevo León o Tamaulipas. O, también, burlando la valla metálica que cubre una pequeñísima porción de Texas, justo entre Ciudad Juárez y El Paso, y que sigue hacia el oeste a través de Chihuahua, Sonora y Baja California.
El intercambio migratorio entre ambas naciones no es inusual, tratándose de la legal a través de documentos otorgados por sus autoridades, o la que no lo es. Conforme avanza el tiempo, ambas se hacen más difíciles para los viajeros y, por ende, mucho más peligrosa y costosa la hecha a través del tráfico de personas.
No es difícil imaginar las circunstancias tan adversas que enfrentan quienes deciden dejar sus hogares para adentrarse en la incertidumbre en busca de un nuevo sitio para vivir, hago tal afirmación porque los mismos afectados lo declaran, sus vidas están en peligro y prefieren enfrentar los riegos de un viaje largo y habitar en una cultura ajena y que los desprecia, a continuar en el infierno terrestre en su tierra.
Los grupos armados que operan con impunidad en varias regiones del país tienen el descaro de exigir el pago de cuotas a los ciudadanos por habitar en ciertos lugares o para no hacerles daño, pero ya llegaron al extremo de reclutar a los jóvenes para engrosar sus hordas de sicarios o plantillas de mano de obra para sus ilegales actividades.
Muchos son los que prefieren dejar todo lo que tenían, hogar, trabajo, parte de la familia, amistades y otros bienes que las autoridades deben garantizar a los ciudadanos, pero su bienestar les es despojado a punta de “cuerno de chivo”.
El fenómeno se hizo muy notorio el año pasado, después de que los centroamericanos y cubanos que llegaron a México con la mira de cruzar a Estados Unidos comenzaron a “acomodarse”, aparecieron cientos de familias mexicanas que decidieron aprovechar el momento para buscar también alcanzar la protección de un gobierno extranjero, luego que el propio no les garantiza el bienestar.
En ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez los flujos de migrantes mexicanos en tránsito se hicieron notar; tanto, que las autoridades debieron intervenir para ayudarlas a sobrellevar las adversas situaciones que enfrentan.
No sólo con el ejercicio de la observación se pudo notar ese movimiento, sino que las estadísticas de las dependencias estadounidenses comenzaron a reflejar esa migración.
Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del país del norte, establecen que el número de grupos familiares detenidos durante el año fiscal 2019 fue mayor al del 2018.
Mientras que el año antepasado fueron aseguradas alrededor de 2 mil 200 familias mexicanas, ese índice casi se triplicó el pasado, cuando fueron arrestadas alrededor de 6 mil.
La gran mayoría de los migrantes provienen de estados como Michoacán, Zacatecas, Guerrero e incluso Veracruz, donde los índices de violencia se acrecentaron durante los años recientes. Para muchos ciudadanos se tornó en una situación tan extrema que tuvieron que salir huyendo para salvar su integridad física, aunque también la emocional porque vivir con miedo todos los días debe ser terrible.
Lo que pasó en Ciudad Juárez durante el 2019 refleja el momento que se vive. De acuerdo con información proporcionada a través de sus redes sociales por el director de La Casa del Migrante, el sacerdote Francisco Javier Calvillo, durante ese año pasaron por ese sitio alrededor de 50 mil migrantes, incluidos los extranjeros y los nacionales, tanto los que viajaban al norte como los que fueron deportados de Estados Unidos y retornaban a sus lugares de origen.
Los contingentes dejaron de ser en su mayoría de hombres en edad productiva, ahora están formados por infantes, adolescentes, mujeres y personas mayores, inclusos de menores de edad no acompañados; es decir, que viajan solos sin la tutoría de algún adulto que sea su pariente.
En Tijuana, la organización Families Belong Together –que trabaja con migrantes y solicitantes de asilo– calculó a principios de este año que de las 8 mil personas que permanecen en la lista de espera para solicitar el asilo de Estados Unidos en aquella ciudad bajacaliforniana, al menos la mitad son mexicanas.
Además, información que publicó la Universidad de Syracusa indica que durante el ejercicio fiscal de 2018, únicamente tres de cada 20 mexicanos que pidieron refugio en territorio estadounidense lograron su cometido, los demás fueron rechazados.
Así comenzamos este 2020, con una realidad ya prolongada desde hace tiempo que lacera la vida de muchos mexicanos quienes, ya desesperados, optan por dejar lo que hicieron en toda una vida para buscar refugio en otras regiones del país.
Al parecer no encuentran otra opción que viajar lejos ante la desatención gubernamental que cae ya en los límites de la indolencia, omisión y hasta la complicidad en su versión de tolerancia, de otra forma no se explica cómo es que familias enteras están desertando de su propio país, donde fincaron sus ilusiones, pero cosechan sólo dolor y muerte.
Lo importante ahora, es que el gobierno y la sociedad establezcan estrategias para que quienes no reciban el ansiado asilo tengan nuevas oportunidades en su propio país. Será difícil lograrlo, pero si no se hace algo, y pronto, esta crisis de seguridad terminará por exterminarnos como sociedad.
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Martín Orquiz. Periodista en Ciudad Juárez, desde donde ha publicado para el periódico El Fronterizo, El Diario de Juárez, la revista Newsweek y La Verdad. Se ha desempeñado como reportero, coordinador de información y editor. Es comunicólogo por la Universidad Autónoma de Chihuahua y tiene una maestría en periodismo por la Universidad de Texas en El Paso. Recibió el Premio María Moors Cabot 2011 –en equipo con la redacción de El Diario de Juárez–, también es coautor del libro colectivo ‘Tu y yo coincidimos en la noche terrible’.
