Después de que las organizaciones civiles se movilizaron para demandar el acceso a las estaciones migratorias, el Instituto Nacional de Migración desistió del oficio que les prohibía su acceso. La Secretaría de Gobernación informó sobre otros acuerdos con las organizaciones sociales
Texto: Arturo Contreras Camero
Pie de Página
Ciudad de México –El Instituto Nacional de Migración permitirá la entrada de organizaciones de la sociedad civil a las estaciones migratorias. En la mañana las organizaciones denunciaron el impedimento como parte de una deplorable política migratoria. Prohibirles la entrada permitió la deportación de más de 2 mil migrantes.
Por la tarde, directoras y coordinadoras de estas organizaciones sostuvieron una reunión con el titular del INM, Francisco Garduño. Entre los acuerdos de la reunión está permitir la entrada a las estaciones migratorias, así como modificar ciertas políticas.
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que el INM cumplirá con los amparos resueltos a favor de las personas migrantes y que en conjunto con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) buscarán reunirse con la Guardia Nacional para conocer sus protocolos de actuación.
La dependencia informó que buscará un mecanismo para que las personas migrantes tengan fácil acceso a representación jurídica. Y crearán mesas de trabajo para discutir propuestas de reforma a la Ley de Migración.
Las protestas
Al mediodía, las organizaciones civiles señalaron que la política migratoria de México nunca había sido tan deplorable como el que se tiene ahora.
La molestia de las organizaciones llegó a su punto culmen hace dos semanas. El 17 de enero miembros de la organización Asylum Access no pudieron ingresar a la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas.
La organización suele acudir a las estaciones para ayudar a migrantes detenidos con sus trámites de asilo en México.
Como ellos, muchas otras organizaciones dejaron de tener acceso a las estaciones migratorias en todo el país. “Nos dijeron que era por la contingencia que no podíamos entrar”, comentó al respecto Alejandra Macías Delgadillo, de Asylum Acces.
Hace dos semanas una caravana de migrantes integrada por cerca de 2 mil personas llegó a la frontera sur del país en su camino a Estados Unidos. La caravana fue recibida por la Guardia Nacional. En esos mismos días el Instituto Nacional de Migración (INM) aseguró que había detenido a más de 2 mil migrantes que habían sido llevados a centros de detención. “Hay muchísima población (en los centros)”, continuó Macías Delgadillo. “Nos dijeron que por seguridad de nosotros mismos no podíamos entrar. Ellos mismos admiten que en sus centros hay hacinamiento”.
En su mensaje, las organizaciones acusaron que la contingencia a la que se refirieron las autoridades fue provocada por ellos mismos. Entre las asociaciones que se pronunciaron están la Casa del Migrante en Tijuana, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Sin Fronteras IAP.
Para entrar a los centros de detención migratoria, muchas de estas organizaciones tramitaron permisos ante la Secretaría de Gobernación, sin embargo, en estos días, para justificar la negativa de acceso el INM aseguró que estaba llevando a cabo una recalendarización, misma que no fue notificada de manera adecuada, pues lo hicieron a través de publicaciones en redes sociales.
El trabajo de las organizaciones en estos centros no sólo se ciñe a la observancia y cuidado de los derechos humanos de las personas. Sino que ayudan a dar seguimiento al trámite de personas susceptibles de refugio por razones humanitarias.
Este tipo de acciones son parte de acuerdos internacionales que ha firmado México, señalaron las organizaciones en conferencia de prensa. Por lo que no impedir el trabajo de estas organizaciones y continuar con la deportación expedita de los migrantes detenidos, como se ha venido haciendo, significaría ignorar los principios de no devolución de migrantes en situaciones de riesgo.
La presión de EU y el endurecimiento migratorio
El año pasado, por las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Gobierno de México aceptó el acuerdo Quédate en México, que hace que los migrantes que estén tramitando asilo en ese país tengan que esperar la resolución en territorio mexicano.
“Según el acuerdo Quédate en México, las personas deberían poder quedarse en México o regresar a otros países o moverse. Es una decisión de las personas”, aseguró Lorena Cano de Instituto para Mujeres en Migración, Imumi. “Con la última caravana de este fin de semana, tenemos conocimiento de que esto no se llevó a cabo”.
“El gobierno no cumple con lo que se supone les ofrece a las personas.
Trabajo y derechos. Eso no pasa. A las personas que detuvieron se les engañó. Se les dijo quédense aquí, les vamos a dar papeles para trabajar, pero tienen que subirse a estos buses. Les dijeron que los iban a llevar a albergues y no es cierto, los llevaron a estaciones migratorias”, dijo Lorena Cano.
A través del trabajo de años que estas organizaciones han realizado en las estaciones migratorias pueden asegurar que no son estaciones de albergue. Son lugares cerrados de los que no pueden salir, en donde hay horarios y celdas, señalan.
“Algunos de estos migrantes fueron deportados inmediatamente. A diferencia de lo que dice el gobierno, México no es una opción digna para las personas en movilidad” añadió.
Actualmente estas organizaciones están pidiendo que el Gobierno de México permita la entrada de una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer una evaluación del cuidado a los Derechos Humanos en los centros de detención migratoria.
“México es el brazo ejecutor de las políticas de Estados Unidos. Son indicios de una política migratoria que no respeta derechos”, concluyó Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional.
