En la Sierra de Chihuahua se enciende el foco rojo, las autoridades de Educación han clausurado ahí 399 planteles que operaban en distintos municipios y comunidades; en Ciudad Juárez suman 14, entre preescolar y primarias
Fernando Aguilar
La Verdad /Especial para El Diario
‘Perdida’ en medio de la accidentada traza que le da forma a las calles de la colonia José Martí, en el sur de Ciudad Juárez hay una pequeña escuela que se resiste a desaparecer completamente.
Desafiando al deterioro, los bebederos aún suministran agua potable a quien la necesite; la cancha de básquetbol conserva todavía sus cestas y, en la pared, una leyenda ordena mantener la limpieza.
En perfecto orden, las sillas y las mesas de trabajo están ahí dentro de las aulas, como si esperaran volver a ser ocupadas por los niños y las niñas que hasta el ciclo pasado estudiaban en la hoy extinta escuela primaria Salvador Allende.
Sin embargo, de aquello no queda ninguna posibilidad, pues este plantel fue cerrado para siempre porque no hubo más alumnado que pudiera sostener su operación. Ahora su edificio se convirtió en una sede de la Escuela Normal Superior José E. Medrano.
De cara al proceso de inscripciones y preinscripciones a la educación básica, esta y casi otras 800 escuelas del estado de Chihuahua no recibirán a ningún estudiante el próximo ciclo escolar.
Entre 2015 y 2019, al menos 797 centros de trabajo de educación básica ubicados en los diversos municipios de la entidad han sido clausurados por falta de matrícula, revelan datos de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH).
Un examen de los datos muestra que el 55 por ciento de ellos son preescolares (cifra equivalente a 435), en tanto que el 33 por ciento son primarias (267 en números naturales) y otro 12 por ciento, secundarias (valor que representa 95 centros de trabajo).
Algunas de ellas, especialmente las que se sitúan en las ciudades, eran turnos vespertinos que operaban dentro de un plantel que ya contaba con turno matutino, pero otras funcionaban en sus propias instalaciones en turnos matutinos o discontinuos.
Judith Marcela Soto Moreno, subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte, explica que la decisión de cerrar una escuela responde a la necesidad de optimizar los recursos de los que se dispone para las operaciones diarias de los planteles.
“Si no hay suficientes alumnos, tampoco se autorizan suficientes maestros”, señala la funcionaria. “No se autoriza director, no se autoriza intendente, puestos administrativos, precisamente para eficientar recursos”.
Tan sólo en el municipio de Juárez, las autoridades educativas clausuraron en los últimos cinco años 11 preescolares y tres primarias, detallan los datos de SEECH.
Mapa interactivo: ubica los planteles cerrados en Juárez
Fuente: Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH). Elaborado por La Verdad
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¿Dónde están estas escuelas? Se encuentran en localizaciones espacialmente muy diversas entre sí: en zonas tan antiguas como las colonias Centro, Progresista, Municipio Libre e Industrial, lo mismo que en secciones de ciudad que crecieron en la segunda mitad del siglo pasado, como las colonias El Granjero, México 68, La Perla, Zaragocita, Río Bravo Waterfill y Juárez.
También están en asentamientos más recientes como los fraccionamientos Haciendas Santa Fe, Riberas del Bravo y Paseos del Alba.
“En la zona del Centro, que es donde más se puede ver, por más que los maestros intentemos tener alumnado, promover la escuela, por más que hagas bien tu trabajo, pues ya no hay población”, opina Sofía Nereida Vega, profesora en el ámbito de la educación pública radicada en Ciudad Juárez.
En la capital del estado, las cifras de los centros de trabajo cerrados por falta de matrícula son mayores que en Juárez: 19 preescolares y 17 primarias entre 2015 y 2019, establecen los números oficiales.
De acuerdo con la subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte, para que una escuela pueda permanecer abierta debe tener una demanda de al menos 25 estudiantes por grado en el caso de las escuelas de jurisdicción estatal, en tanto que para que suceda lo mismo en las de jurisdicción federal, deben reunirse 35.
Estos cupos mínimos son aplicables únicamente a los planteles cuyo sostenimiento es estatal y federal transferido, respectivamente.
Los que están bajo la responsabilidad del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) –un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública federal–, como son la mayoría de los que están en las comunidades serranas, se rigen bajo otras reglas de operación.
En la actualidad, en el padrón de SEECH figuran inscritos 12 mil 596 centros de trabajo de educación básica públicos, de los cuales, cinco mil 124 tienen el estatus de activo, 64 el de baja definitiva, 778 el de reapertura y seis mil 630 el de clausurado.
La Sierra de Chihuahua, el foco rojo
A diferencia de la parte oriente de la entidad, en los últimos cinco años el cierre de escuelas ha sido más agudo en los municipios de la Sierra de Chihuahua, donde fuentes como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) han documentado las condiciones de alta marginación que enfrentan las comunidades ahí asentadas.
Uno de los ejemplos que mejor ilustran las dimensiones del problema en este contexto geográfico es el caso de Guadalupe y Calvo, un municipio situado en el extremo surponiente del estado, entre los despeñaderos que caracterizan a la Sierra Madre Occidental.
De acuerdo con los datos del SEECH, en este municipio cerraron 168 escuelas en el periodo señalado: 81 preescolares, 64 primarias y 2 secundarias.
Una revisión del padrón permite observar que estas escuelas operaban en al menos 130 comunidades, entre las cuales se pueden enlistar Agua Zarca, Algarrobas, Atascaderos, Basonopita de Abajo, Caborache, Casa Quemada Machera, Cerro Alto, El Triste, La Joya, La Laja, La Mesa, Meza del Durazno, San Javier, Tahonas de Baborígame, Talayotes y Tamborillo, por citar sólo algunos ejemplos.
Una tendencia muy similar se aprecia en municipios circunvecinos de la misma área, puesto que, según exhiben los registros, 43 dejaron de operar en Guachochi, 40 en Uruachi, 36 en Morelos, 35 en Batopilas, 30 en Guerrero, 29 en Balleza y 18 en Madera.
La mayoría de estos centros de trabajo eran pequeñas escuelas rurales a cargo del Conafe, pero otras estaban bajo la responsabilidad de los gobiernos federal y estatal.
Aunque no existen datos o estudios que permitan atribuirle con certeza la ausencia de niñas, niños y adolescentes habitantes de la sierra en edad escolar al desplazamiento forzado, este fenómeno parece ofrecer una primera respuesta a la interrogante de por qué faltan estudiantes en dicha zona.
Varios de los municipios serranos que exhiben un mayor número de escuelas cerradas por falta de alumnado son también los que, según han evidenciado investigaciones periodísticas, enfrentan un fenómeno de desplazamiento forzado vinculado directamente con la violencia.
Por ejemplo, Atascaderos, una comunidad ubicada en Guadalupe y Calvo, perdió a más de la mitad de su población cuando esta prefirió abandonar sus hogares por temor a ser asesinados, según documentó el medio chihuahuense Raíchali.
Presentado por la revista Proceso, otro caso similar ocurrió en El Manzano y en Monterde, localidades pertenecientes a los municipios de Urique y Guazapares, respectivamente, de donde al menos 185 personas tuvieron que huir por la misma razón.
A este panorama se le suma el hecho de que las condiciones para la educación no son las mejores en la sierra, como lo exhibió recientemente el caso de aquella maestra, precisamente de Guadalupe y Calvo, que, a través de las redes sociales, pidió la intervención del gobernador Javier Corral Jurado y del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La docente denunció en esa ocasión que sólo contaba con un salón que debía utilizar como aula de clase y al mismo tiempo como dormitorio, puesto que, como señaló, las y los estudiantes de esa pequeña escuela tenían que quedarse a dormir porque vivían en comunidades muy alejadas desde donde llegaban a pie.
La profesora se quejó entonces de las duras condiciones de accesibilidad y de pobreza extrema que, dijo, impedían la llegada de la y los alumnos hasta el salón de clases.
Desde la perspectiva de Sofía Nereida Vega, maestra de educación básica en Ciudad Juárez, ante ese escenario tan duro, los gobiernos deben destinar más recursos a dichos centros de trabajo en virtud de que son lugares de más difícil acceso.
“Siempre donde haya niños hay trabajo”, dice. “Así sea un niño, dos niños, tres niños, pues tendremos que trabajar y el gobierno tendrá que hacerse cargo de la educación de esos niños, pero obviamente no les conviene por el recurso económico”.
Cierra una escuela, abre un nuevo servicio
Aunque hay casos en donde las escuelas clausuradas operaban turnos vespertinos en las mismas instalaciones que otro centro de trabajo con clave distinta, tras su cierre, muchas otras dejan edificios vacantes que las autoridades educativas intentan no desaprovechar.
De acuerdo con Soto Moreno, la subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte, las instalaciones residuales se utilizan generalmente para brindar servicios complementarios, tales como centros de inspección escolar o incluso centros comunitarios.
Este fue el caso del centro de trabajo Salvador Allende, cuyos edificios dejaron de albergar una escuela primaria en 2018 y se convirtieron en una sede de la Escuela Normal Superior José E. Medrano, una institución donde se forman las y los futuros profesores de educación secundaria en Ciudad Juárez.
Según la subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte, la mejor recomendación para los padres y madres es estar al tanto de si la escuela donde estudian sus hijos o hijas cuenta con poca matrícula, con el fin de anticiparse a lo inevitable: su clausura definitiva.
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