En foro de discusión, concesionarios de radiodifusoras y de televisión en Ciudad Juárez se manifiestan en contra de la iniciativa del gobernador Corral; es una oportunidad histórica para transparentar y regular la asignación de recursos públicos para medios de comunicación, dicen expertos
Itzel Ramírez
La Verdad
Ciudad Juárez –El Congreso del Estado de Chihuahua realizó este martes un foro de consulta para la Ley para la Asignación de Publicidad Oficial, misma que debió aprobarse a más tardar en agosto de 2018, de acuerdo con el plazo establecido por la Ley General de Comunicación Social vigente en el país.
La iniciativa para normar la entrega de recursos públicos por la vía de la publicidad oficial fue enviada por el gobernador Javier Corral el 31 de mayo de 2018 y modificada un mes después ante las críticas por dos artículos donde se condicionaba la contratación de espacios a medios que no difundieran imágenes, videos, mantas y otro tipo de materiales provenientes de crimen organizado.
La medida, de acuerdo con organizaciones especializadas en la defensa de la libertad de expresión, condicionaba la línea editorial de los medios que buscaban obtener publicidad oficial.
Rehúsan destinar ingresos a profesionalizar periodistas
Concesionarios y directivos de radio y televisión en Ciudad Juárez, quienes fueron los principales asistentes al foro, se manifestaron en contra de la iniciativa, al considerar que presenta un esquema de sobrerregulación a sus empresas.
Una de las principales quejas de los dueños de medios de comunicación fue sobre el artículo que establece la obligación de destinar al menos el 20 por ciento de los ingresos por publicidad oficial a la capacitación, actualización, profesionalización y mejora de salarios y prestaciones de periodistas. Algunos de ellos aseguraron que cumplen con la seguridad social establecida en la ley.
Sergio Cabada Alvídrez, directivo de Canal 44; Carolina Frederick, de XEJ Canal 50, y Martín Blancas, director de Ventas de Univisión, señalaron que la iniciativa –presentada en cumplimiento del mandato del Congreso de la Unión–, excede las capacidades de regulación del gobierno.
Cabada Alvídrez, hermano del presidente municipal de Juárez, dijo que los concesionarios ya cumplen con altos desembolsos para mantener sus estaciones de radio y televisión.
“¿Tiene usted idea del costo de lo que es un refrendo que cobra el Instituto Federal de Comunicaciones a los medios de comunicación para que podamos seguir prestado este servicio?”, cuestionó el empresario a la diputada Blanca Gámez, quien encabezó la consulta.
Otros de los directivos presentes señalaron que no es necesario destinar más dinero al pago de salarios y prestaciones, debido a que, aseguraron, actualmente sus empleados cuentan con todas las condiciones laborales que se prevén en la legislación.
En la presentación de ponencias, Leticia Castillo, académica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; Ricardo Reyes Márquez de la organización Artículo 19 y de Ricardo Neves, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para la Protección de Derechos Humanos, coincidieron en que esta iniciativa es una oportunidad histórica para transparentar y regular la manera en la que se asignan recursos públicos para los medios de comunicación.
Castillo llamó a frenar el uso de la publicidad oficial como mecanismo para promover la imagen de los gobernantes. Además, la investigadora dijo que el contexto “complejo y adverso” que hay en la entidad entre medios y gobierno afecta al derecho a la información de la sociedad.
“En nuestra entidad atestiguamos desde el inicio de este gobierno una severa confrontación entre medios, periodistas y gobierno. Debido a esta situación estamos cuando no mal informados, desinformados, tuvimos que aprender a matizar la información tanto de los medios comerciales como de los medios gubernamentales. En esta batalla observamos que tanto medios como gobierno están perdiendo credibilidad, aunque quienes más perdemos somos las audiencias”, aseguró.
Neves resaltó la importancia de que la ley asegure que los criterios de asignación de publicidad sean claros, objetivos, transparentes y no discriminatorios.
Ante la presencia de la diputada Blanca Gámez, presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Parlamento Abierto, donde se analiza la iniciativa, se expusieron dudas sobre cómo se conformará el Consejo Consultivo para la Evaluación y Seguimiento de la Publicidad Oficial, cuáles serán los mecanismos para asegurar que se cumpla con la legislación y cómo se regulará el pago de publicidad en redes sociales, entre otras.
Gámez manifestó también la importancia de que en este tipo de análisis se cuente con la participación de periodistas, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, que estuvieron prácticamente ausentes en el foro.
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