Gerardo Cortinas Murra
La decisión del Congreso del Estado y del Tribunal Superior de Justicia de paralizar, temporalmente, sus funciones constitucionales (legislar e impartir justicia, respectivamente) me trajo la idea de promover una petición en el sitio de Internet www.change.org para promover que los funcionarios legislativos y judiciales (entre ellos, los diputados, magistrados y el resto de los funcionarios de estos dos Poderes locales) donaran el 100 por cierto de sus ingresos por concepto de compensación salarial para cubrir los gastos de la emergencia sanitaria del ‘coronavirus’.
Paralelamente, el gobernador Javier Corral anunció un ‘Decreto de Austeridad’ en el que se incluye la propuesta de “disminuir al 50 por ciento compensación de secretarios y titulares de diversas dependencias” del Gobierno del Estado. Medida que se pretende hacer extensiva a los funcionarios de los poderes Legislativo y Judicial.
Esta nueva propuesta ejecutiva incluye la “implementación un programa de empleo temporal y de incentivos fiscales a los grandes empleadores, como lo es la industria maquiladora, para que se mantengan el máximo de plazas”.
Javier Corral fue más allá: “vamos a hacer lo que tengamos que
hacer, pero lo tenemos que hacer todos, debemos entender que nos debemos apretar el cinturón y poner todos una parte… solo así se podrá salir más rápidamente o con mayor facilidad de la situación, para pronto entrar en la etapa de recuperación…”
De nueva cuenta, el gobernador ‘convoca’ a los funcionarios del Estado y al resto de los colaboradores a ser solidarios y respetar el Decreto de Austeridad, junto con un “Plan de cuidado de la salud y protección del ingreso familiar, que tiene que ver con el apoyo a los adultos mayores y otro alimentario, dirigido a las comunidades más vulneradas”.
Sin duda alguna, este nuevo ‘Plan de Austeridad’ corralista será un fracaso total. Primero, por su contexto meramente coyuntural; y segundo, porque se traduce en una flagrante violación al principio constitucional del salario íntegro burocrático. Acreditémoslo:
El Art. 165-Bis de la Constitución Local establece, de manera expresa, que: Los servidores públicos del Estado, de los municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.
Al respecto, debe precisarse el término ‘salario íntegro burocrático’; el cual está establecido, en el citado precepto constitucional, en los términos siguientes:
Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
Por otra parte, desde años atrás, he criticado el monto que reciben –por concepto de ‘compensación’– los altos funcionarios estatales y municipales.
Sin duda alguna, los estratosféricos salarios que reciben un sinnúmero de servidores públicos resultan ser una burla y una ofensa para los chihuahuenses; entre los cuales, destacan los magistrados del TEE. Quienes por mero capricho político perciben el mismo salario que los magistrados del TSJ.
En efecto, resulta incomprensible la equivalencia de los sueldos entre los magistrados del TSJ y los del TEE, cuando éstos últimos laboran, cuando mucho, seis meses cada tres años (cuando hay procesos electorales locales). Pero no solo la diferencia de la carga de trabajo es ofensiva. Lo es también, el porcentaje de su ingreso por concepto de ‘compensación’.
Veamos: Su sueldo base (en números redondos) asciende a
$20.000.00 (veinte mil pesos) y su compensación es de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos). Es decir, su compensación representa el 600 por ciento de su salario base. A pesar de que su desempeño no es proporcional a su responsabilidad.
Luego, la propuesta del gobernador de reducir el 50 por ciento de la compensación que reciben los altos funcionarios de los tres Podres Locales, significa una reducción que ronda entre el 30 por ciento y 50 por ciento del salario íntegro burocrático.
Entonces, la cuestión a resolver es la siguiente: si la Constitución Local establece que el salario burocrático es irrenunciable (por estar establecido, anualmente, en el Presupuesto de Egresos del Estado), ¿Un Acuerdo Ejecutivo, es motivación suficiente para reducir el salario burocrático?
Yo me pregunto: ¿Aceptarán los diputados, magistrados y jueces, reducir sus ingresos manera voluntaria? ¿El nuevo Plan de Austeridad de Javier ‘El Inútil’ Corral fracasará ante la falta de solidaridad por parte de nuestros representantes políticos y de los juzgadores locales?
Se aceptan apuestas…
