En cuestiones de pérdida de empleo estamos vivienda ‘la crisis más severa desde la Segunda Guerra Mundial’, una situación que exige a los gobiernos una nueva política salarial que garantice una justa homologación de los ingresos de los servidores públicos con los que perciben los trabajadores privados
Gerardo Cortinas Murra
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha calculado que solo en esta primavera las horas de trabajo descenderán un 6.7 por ciento en todo el mundo; lo que equivale a más de 195 millones de empleos de tiempo completo. Es tal el impacto negativo en el ámbito laboral que, la propia OIT, “ya no toma como referencia lo sucedido en la Gran Recesión de 2008 para hablar de las consecuencias de esta crisis. Tampoco la crisis del petróleo de los setenta, el choque simultáneo de demanda y oferta más cercano en el tiempo a nuestros días”.
Ahora, este organismo internacional “se fija en un cataclismo mucho mayor: la Segunda Guerra Mundial, sumándose así al creciente coro de voces que emplea los símiles bélicos para dimensionar el golpe económico de la pandemia”. En otras palabras, estamos siendo testigos de “la crisis más severa desde la Segunda Guerra Mundial”.
Además, según las estadísticas de la OIT, la paralización de la economía “ya afecta de una o de otra forma al 81 por ciento de la fuerza laboral en todo el mundo, unos 2,700 millones de trabajadores… El impacto sobre la generación de ingresos es especialmente duro para los empleados no protegidos y para los grupos más vulnerables de la economía informal” (aproximadamente 2,000 millones de trabajadores informales en todo el mundo”. (El País, abril 7, 2020)
En México, a principios de este mes, la titular de la Secretaria del Trabajo declaró que a consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID-19 se habían perdido, entre el 13 de marzo al 6 de abril, 346,878 puestos de empleo formal. Sin embargo, la pérdida de empleos informales es superior a los 20 millones.
Lo anterior, toda vez que nuestro país “por su ingreso per cápita los sectores más afectados tienen una elevada proporción de trabajadores en el empleo informal… A nivel nacional, el país registra 56.3% de población económicamente activa en informalidad (31.3 millones de personas), según cifras del INEGI”. (Fortune en Español, abril 9, 2020)
A diferencia de los millones de trabajadores informales, existen millones de servidores públicos (burócratas de los tres niveles de gobierno) que, sin realizar sus funciones -ya sean empleados o funcionarios públicos- reciben, íntegramente, su sueldo. Así, por ejemplo:
En la Administración Pública Federal (APF), centralizada y descentralizada, trabajan más de dos millones de servidores públicos.
La burocracia de las entidades federativas de todo el país asciende a más de tres millones de servidores públicos.
En el ámbito de la totalidad de los municipios, laboran más de un millón de personas.
En el Sistema Educativo Nacional en el ciclo escolar 2016-2017, laboraban un poco más de 2 millones de docentes.
El IMSS y el ISSSTE tienen en su nómina a más de un millón de empleados.
De los órganos constitucionales autónomos –federales y locales– no existe una estadística de las personas que laboran en estos entes públicos; pero sin duda, sobrepasan el millón de empleados.
La suma de las personas que laboran en los órganos estatales mencionados con antelación es superior a 10 millones de burócratas que, sin prestar un servicio al público, reciben su sueldo íntegro.
Ahora bien, tengamos presente que el Acuerdo emitido por el Gobierno Federal en el que se establece como una acción extraordinaria la suspensión inmediata de las actividades no esenciales generó una serie de cambios en las políticas públicas presupuestales.
Al extremo de que hace unos días, el presidente López Obrador ordenó no solo la ‘donación voluntaria’ de una parte del sueldo de los altos funcionarios de la APF; sino, además, la abierta amenaza de no pagar el aguinaldo burocrático correspondiente al 2020. Medidas que ha sido secundadas por algunos gobernadores estatales.
Semejantes medidas arbitrarias han exhibido, de nueva cuenta, la diferencia abismal existente entre las prestaciones del salario burocrático y salario de los trabajadores de empresas privadas; en especial, el pago de las inmerecidas ‘compensaciones’ que perciben los funcionarios públicos de primer y segundo nivel.
Sin duda alguna, el clientelismo político auspiciado –por décadas– por el priato, trajo consigo un crecimiento exponencial de cargos burocráticos con el único propósito de cooptar el voto de miles de burócratas. De esta manera, se creó una casta burocrática con sueldos estratosféricos que hacía más atractivo y lucrativo el acceso a la función pública.
Sin embargo, la actual crisis económica provocada por el COVID-19 exige que los actuales gobernantes implementen una nueva política salarial que garantice una justa homologación entre las prestaciones salariales y sociales que se otorgan a los servidores públicos y a los trabajadores privados.
Yo me pregunto. ¿Acaso es justo que mientras más de 20 millones de trabajadores informales carecen de un ingreso, más de 10 millones de burócratas reciban su sueldo íntegro sin realizar trabajo alguno?
