La decisión de continuar la educación a través de una modalidad tan conflictiva como la virtual, para no perder los avances del ciclo escolar, se alinea a una lógica de cero pérdida, con poco sentido humano, donde se metió a la fuerza la responsabilidad del Estado a los hogares y prácticamente convirtieron a los padres en docentes públicos
Gabriel Álvarez Flores*
Colaboración especial para La Verdad
Desde el banderazo inicial de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, el término “neoliberal” ha sufrido tanto una popularización como una erosión de su fuerza conceptual, derivado de su constante mención para señalar su rechazo.
Si bien en algunos grupos carga con estigma o burla, se trata de un término en el campo de la economía política y de los estudios de gobierno, un concepto que, por los recientes efectos sentidos de sus políticas a más de 20 años de su aplicación, se encuentra aún bajo estudio y construcción.
En referencia histórica, es importante situar al neoliberalismo (o a las políticas neoliberales) como un fenómeno mayoritariamente situado en países latinoamericanos en desarrollo, aquellos en los que el recurso público era sumamente incompatible con la inversión para los estudios sobre la sociedad, considerado un terreno irrelevante y menos provechoso que la inversión tecnocrática o que la capacitación para el empleo técnico-operativo.
Después de todo, por tratarse de la forma usual de hacer gobierno, no había la disposición política ni recursos destinados para analizar los posibles efectos a futuro de su proceder. Si no se invierte en investigar algo, no se reconoce ese algo, y si no reconoce, es como si no existiera.
Pero como este es no es un artículo académico sino uno de opinión, me permito cerrar la idea con que las naciones se organizan por Estados, es decir, por un gobierno con responsables e instituciones que atienden los problemas y necesidades para lograr el bienestar y desarrollo de la población.
En el caso del gobierno en turno, apunta en discurso tanto en políticas y acciones a garantizar derechos para todos, a promover la igualdad, la equidad y la disminución de las brechas, sean sociales, económicas o políticas; un giro muy radical a la perspectiva gubernamental de anteriores administraciones, ahora de énfasis prioritario en el bienestar social y no únicamente en el crecimiento económico.
Esta pandemia ha tomado por sorpresa a personas como a gobiernos y ha sacado lo mejor de las situaciones, pero también las actitudes más individualistas o simplemente “esenciales”, aquellas que consideramos básicas según nuestra forma de ver la vida, para seguir siendo y existiendo.
El instinto de preservación en lo natural, o el sentido de continuación en lo social, despierta nuestro sentido de urgencia para generar soluciones. Esto también se observa en las decisiones de servidores públicos y las secretarías de Estado (Estado para referirnos a Gobierno Federal): Aunque es común que los distintos secretarios de Estado compartan una misma ideología política para facilitar el cumplimiento de un “proyecto de nación” para el que fueron convocados, cada secretario tiene autonomía para establecer las estrategias que considere más apropiadas.
Educación virtual entre profundas desigualdades
Pero a cada día que pasa de la estrategia adoptada por la Secretaría de Educación Pública durante la pandemia por Covid-19, parece más distante a los principios básicos que la actual administración busca para los mexicanos.
Cuando países con sistemas de educación consolidados y de reconocida calidad como Italia han decidido pausar la educación y garantizar calificaciones aprobatorias a raíz de la contingencia, el Estado Mexicano decidió apostar a seguir ejemplos de alta talla como Nueva Zelanda y Estonia e implementó una migración forzada y espontánea de la educación presencial a la virtual, en un país de condiciones sumamente diferentes, caracterizado por un persistente índice de pobreza y desigualdad.
Los retos detrás de esta estrategia han sido poco abordados en los medios y a veces mencionados en las quejas en redes sociales de padres a docentes y viceversa, pero el tema es más complejo y profundo que las culpas que se lanzan entre los eslabones finales de la cadena de educación.
La educación como instrumento de certificación de habilidades y conocimientos básicos permite determinar al Estado qué tan listo está un individuo para incorporarse al mercado en comparación a las personas de otros países o dentro de su mismo territorio; es decir, la aprobación de niveles escolares permite establecer que tan “competitivo” es o su capacidad de ocupar un trabajo según los niveles o tipos de educación concluidos.
Hasta hace unos meses, la función económica de la educación no se cuestionaría pues conforma la dinámica ordinaria del mercado como lo conocemos. Pero cuando hablamos de un fenómeno tan extenso, histórico y multidimensional como el que estamos experimentando, al continuar apreciando la competitividad como indispensable y en parámetros de un mundo “antes de”, nos aferramos a la obtención de resultados fijados en otro tiempo y en otro modelo de educación, desentendiendo que los factores, el contexto y las condiciones vigentes son radicalmente distintas.
La mirada puesta en continuar la educación, aunque las condiciones sean opuestas, con el propósito de no afectar los procesos para la participación del mercado global, pueden constituir un error para la dinámica estable y sana del periodo en confinamiento.
Tanto en la lógica del gobierno mexicano como en la de una mayoría de naciones del globo, la preservación de la vida y la salud de la población se han convertido en la prioridad número uno. Pero la decisión de continuar la educación a través de una modalidad tan conflictiva como la virtual para no perder los avances del ciclo escolar se alinea a una lógica de cero pérdida, principio fundamental de la empresa privada, aplicándose desde una Secretaría que busca el cumplimiento de medidores y resultados educativos (a medias y en marchas forzadas, vale decirlo) de una planeación expirada para una realidad económica y social que muchos expertos afirman ya no estará ni cerca de ser la misma.
Una dirección con poco sentido humano
Para comprender a la persona detrás de la política emergente, el actual secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, posee notables diferencias de perfil en relación con el sector público que atiende, en mayoría docentes, educadores, pedagogos y administradores educativos. Si bien posee amplia experiencia gubernamental a finales del siglo pasado y una trayectoria destacada en el sector filantrópico empresarial de Grupo Salinas, carece de formación o experiencia directa en vinculación a los procesos de la educación: Es Licenciado en Economía y maestro en Economía Política.
La carencia no es mala solo por su inexistencia, más al tratarse de un aspecto crucial para el desarrollo humano, social e indirectamente económico de una nación, los vacíos pueden explicar la baja pertinencia de decisiones importantes en materia de educación pública para un tiempo tan crítico para la sociedad mexicana.
Aún entre enfermos, muertes y necesidad, poner en la lista de prioridades a la formación para la competitividad en el mercado puede catalogarse como una dirección de poco sentido humano, pero no exactamente neoliberal; es en el análisis de las dinámicas necesarias para su cumplimiento, en cercanía a lo que experimentan docentes y alumnos durante esta modalidad de educación, cuando sí se encuentran similitudes con las posturas de antiguas políticas neoliberales aplicadas durante los años ochentas y noventas en México.
Si imaginamos la vida ciudadana como un triángulo, en sus tres puntas encontramos a la familia, al gobierno y al mercado: estas tres instituciones son las responsables de brindarnos bienestar social como individuos de un país, cada una de diferentes formas. En un modelo de política neoliberal, el gobierno deja de responsabilizarse sobre derechos que anteriormente eran su responsabilidad, y las deja a cargo del mercado o de la familia, esta última haciendo referencia al individuo y su entorno cercano, la sociedad o hasta la comunidad inmediatas. (Esping-Andersen, 2002).
A la fuerza, pasan obligación a los hogares
En esta modalidad de educación a distancia, gran parte de las responsabilidades educativas han pasado de ser una obligación del estado a una obligación asignada/impuesta hacia la población; sin consulta y sin acuerdo, la educación entró a la fuerza y sin tocar a la puerta de millones de hogares de mexicanos.
En el ejercicio no se busca una educación acorde a principios pedagógicos de aprendizaje significativo y liberación, sino acorde a principios económicos en cumplimiento de resultados de un ciclo educativo presencial.
Docentes de edad avanzada o ajenos a la tecnología se han visto obligados inmediatamente a extender sus horarios de trabajo para capacitarse en las nuevas plataformas virtuales, representando horas extras y sin acompañamiento personalizado para su capacitación; en otras palabras, jornadas laborales de capacitación no pagadas y de sobrecalificación esperada.
La sobrecarga de trabajo de muchos docentes por virtualizar grupos extensos en donde ahora deben ser coordinados y atendidos alumno por alumno, ha empujado a que la misma red familiar de los docentes colaboren para el cumplimiento de las labores de amplia exigencia; dicho de otra forma, el uso de recursos personales para el desempeño profesional y en similitud al outsourcing o trabajo gratuito.
Por si fuera poco, los contenidos y dinámicas de cada clase diseñadas para su impartición presencial deben ser rediseñadas para ajustarse a un modelo virtual, donde el comportamiento de los alumnos, la interacción y la capacidad de retención se ven radicalizadas; explotación laboral y lineamientos contractuales violados, en términos prácticos. Tanto la disminución de las responsabilidades del Estado y el aumento de las responsabilidades del individuo ocurren de forma sutil y en gran impacto a la inversión de tiempo.
Esto genera un ciclo de transferencia de responsabilidades: los directivos y autoridades se deslindan de los efectos colaterales de las medidas elegidas y son los docentes quienes cargan con su ejecución y consecuencias.
Luego los docentes, agotados de la alta exigencia durante una pandemia, se ven obligados a transferir la responsabilidad educativa hacia los padres, enviando materiales educativos de forma extensa o sin instrucciones ni acompañamiento.
Convierten a padres en docentes públicos
Una imposición de la labor docente a los padres sin tener la formación como docente que, en casos severos, se deslindan de la responsabilidad impuesta y conceden libertad absoluta a los niños sobre su educación. ¿Dónde queda entonces la relevancia del educador, del pedagogo, del docente de carrera? ¿Su papel como formador es así de reemplazable, en una lógica de mercado de individuos suplantables, incluso por padres con limitaciones educativas o educación trunca? ¿Realmente es tan simple el alcance de educación de calidad, en momento de crisis o no?
En un mundo monetarizado donde todo tiene valor, la decisión de continuar la educación a distancia comienza a tener un alto costo emocional y económico para las familias mexicanas que aún continúan actividades laborales. Muchos de los docentes públicos también atraviesan una pandemia y son padres, y los padres ahora se convierten también en nuevos docentes públicos; esto multipliquémoslo por el número de hijos que les corresponda atender como padres y como docentes, mas todas aquellas tareas obligatorias del hogar y de trabajo.
Los niños no son sólo niños confinados, sino también alumnos en el mismo hogar que por años ha sido un espacio familiar libre de clases, para ahora convertirse en casa y escuela a la vez. Parte de la salud mental depende de la compartimentación de entornos y la salida de aquellos que son estresantes o extenuantes es prácticamente imposible en un confinamiento domiciliario.
Con el modelo a distancia también la responsabilidad Estatal para cumplir con el derecho a educación de calidad y equitativa pasa automáticamente a manos de las familias mexicanas: Un dispositivo de cómputo para cada miembro de la familia, un televisor con acceso a señal digital o a televisión por cable, disponibilidad de electricidad, conexión estable y suficiente a internet, un espacio destinado al estudio, condiciones ambientales/sonoras apropiadas, alimentación suficiente y el acompañamiento son algunas variables necesarias para la educación de calidad que ahora dependen enteramente de las condiciones socioeconómicas de los individuos, en concordancia a una visión neoliberal de traspaso de responsabilidades públicas a lo familiar.
Estos nuevos requerimientos para un derecho básico y gratuito a la educación se convierten en instrumentos discriminatorios cuando se implementan en comunidades rurales, indígenas o social y/o económicamente vulnerables, por lo puede verse incluso una dimensión de violación de derechos de las niñas y los niños.
Más preocupantes me parecen, desde un sentido muy personal, los efectos psicosociales de la pandemia que ya comienzan a visualizarse y que peligrosamente se conjugan con las situaciones de estrés por la continuación forzada e inorgánica de la actividad escolar.
A más de un mes del confinamiento domiciliario obligatorio y aún sin alcanzar el repunte de casos y fallecimientos por COVID-19, el aislamiento ya ha influenciado a muchas familias a romper la cuarentena y salir a convivencia social, a simplemente desatender la educación virtual por la fricción que la actividad genera en la dinámica familiar y, en casos más críticos, a potenciar problemas psicológicos subyacentes de la sociedad mexicana como la violencia familiar y/o de género: no olvidemos que para muchos estudiantes la escuela consiste en un espacio seguro, y estar en un sentido de constante alerta, tristeza o depresión imposibilitan la capacidad de aprendizaje.
Imponer políticas emergentes en un tema no vitalicio como la educación cuando el mundo entero vive un contexto amenazante a la vida y la salud física como mental (ampliamente comprobables bajo la ciencia) dista del enfoque humano, equitativo y de justicia social que la actual administración federal promociona.
Tal decisión pudiera tratarse de una estrategia competitiva para el futuro que nos espera, pero pensar en el mercado y la competitividad como actividad indispensable durante una pandemia cuando la supervivencia es la meta global a corto plazo, puede interpretarse como una visión reprochable de la realidad y de la comprensión de las condiciones del otro, volcando un derecho a ser una obligación impuesta que en lugar de garantías otorga repercusiones: México no se está quedando atrás, pues al menos por un tiempo no hay una carrera y nadie va a la delantera.
En reciente entrevista con Azucena Uresti, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, ha recalcado el compromiso por “salvar el semestre” y la urgencia por la restitución presencial de la educación, en mención de que las principales acciones por la seguridad al regreso a las aulas serán acatar las medidas de salud del lavado de manos y la instalación de bebederos donde no haya suministro de agua. Pero ante cuestionamientos prácticos vinculados al factor de salud física de los niños y las garantías emocionales de los padres al regreso presencial programado para el 1 de junio, no aclaró como el 30 por ciento de las escuelas públicas que no cuentan con agua acatarán esas reglas sanitarias.
Reconoce la imposibilidad de habilitar el servicio de agua para la fecha de regreso programado, así como esquivó mencionar medidas desde la Secretaría para la sana distancia en aulas ni de los sistemas de ventilación. En cambio, sugirió que a través de la organización comunitaria de padres y maestros de cada escuela sin servicio de agua buscaran alternativas conjuntas para proveerlo. Poca voluntad adaptativa para el bienestar en una situación emergente se deja entrever; una postura normativa fijada en la reincorporación presencial para el logro de los resultados pendientes, en interés de el qué y no tanto en el cómo.
Probablemente el secretario Moctezuma sea un estratega económico, pero su formación política y académica se remonta a un recorte temporal vinculado al periodo tardío de las políticas neoliberales. El antiguo paradigma de gestión pública exclusivamente sectorial ha quedado obsoleto para las nuevas realidades y es indispensable percibir a los problemas de forma integral y sistémica, no solo desde el área técnica más próxima, sino con la visión amplia que muchas veces se obtiene por la interacción directa con la situación y sus distintos actores.
Tiempo es la moneda principal durante esta pandemia y su valor se catapulta al momento de la toma tardía de decisiones.
Estamos ante un escenario histórico e inexplorado de grandes cambios, por lo tanto, la gestión pública debe ser pragmática, enfocada en la urgencia del aquí y el ahora, y no en el cumplimiento de expectativas y resultados esperados para una realidad no vigente. Usar los recursos disponibles para poner en primer lugar la salud física y mental de los mexicanos para superación del riesgo inmediato.
En este momento de crisis, ansiedad e incertidumbre generalizadas, el bienestar debe buscarse aliviando las cargas de la población para transitar a un estado de calma en cooperación con el aplanamiento de la curva de contagios, y evitar enérgicamente la transferencia de responsabilidades del Estado a la población de forma impositiva y saturadora: Más allá de otorgar beneficios pedagógicos, la instalación de un modelo improvisado genera hostilidades entre los grupos de la sociedad y el aumento de las tensiones y dificultades del confinamiento, hacia dentro y fuera.
Los factores sociales y psicológicos juegan un papel indispensable para la salud humana y de mayor relevancia para las estrategias actuales de salud pública. Debemos replantearnos como nación democrática la medida más relevante para al modelo vigente de gobierno: Priorizar al aseguramiento de condiciones dignas y básicas para que la población, propósito máximo de un gobierno, pueda sobrellevar la crisis que ha estremecido su realidad en todo sentido, en lugar de considerar como indispensable la continuación de ventajas para el mercado disfrazadas de educación innovadora.
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*Gabriel Alvarez Flores. Estudiante de la Maestría en Trabajo Social por la UACJ. Línea de investigación en empleo y juventudes e interés por el análisis de políticas públicas y sociales.
