La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas no ha publicado los lineamientos de operación, la metodología y la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; al día de hoy, no hay cifras confiables sobre esta crisis humanitaria
Por: Efraín Tzuc*
A dónde van los desaparecidos
La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas lleva un retraso de un año en la publicación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La falta de esta herramienta en su versión pública, completa y actualizada impide conocer los patrones de las desapariciones en los últimos dos años y poner en marcha acciones de prevención.
La última actualización del extinto Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED) fue el 30 de abril de 2018, hace exactamente dos años. Esta base de datos pública permitía conocer no solo el número de personas desaparecidas, sino también cuál era su edad, su nacionalidad, si eran mujeres u hombres, en qué estado y municipio desaparecieron y la fecha exacta en la que fueron vistas por última vez.
“Los registros, además de que sirven para búsqueda, sirven para análisis de contexto, no solo es el fetiche de saber cuántos son. Es saber cómo, dónde, por qué, qué tipo de víctimas hay, qué colonias. Eso te permite también entender dónde están desapareciendo y hacer acciones un poco más centradas en la prevención”, afirma en entrevista Volga Pina Ravest, integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda.
Con la entrada en vigor de la Ley general en materia de desapariciones, en enero de 2018, el RNPED, publicado por primera vez en febrero de 2013, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, sería sustituido por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).
Pero la sustitución no llegó: aunque el RNPDNO debía empezar a operar 180 días después de la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda, la Comisión no lo ha hecho público.
En enero pasado fue anunciada una nueva cifra oficial de personas desaparecidas en el país, sin embargo no fueron publicados la metodología, los lineamientos de operación y su versión para consulta abierta. No hubo mayor detalle sobre quiénes, cuándo y dónde están ocurriendo las desapariciones.
“Debe haber una buena coordinación (para integrar el Registro) entre todas las autoridades de la república, y eso va a facilitar muchísimo el trabajo a ellos, y a nosotros para poder encontrar a nuestros seres queridos”, afirma Sofía González, que tiene a su hermano desaparecido y es vicepresidenta del colectivo V.I.D.A., en Coahuila.
Registro sin metodología
El 17 de enero de 2019, el primer titular de la CNB, Roberto Cabrera, presentó una cifra de personas desaparecidas. En su última conferencia de prensa antes de renunciar al cargo, afirmó que, hasta esa fecha, el número ascendía a 40 mil 180. Es decir, 2 mil 745 personas más que la última cifra publicada en el extinto RNPED.
No hubo explicación sobre la metodología, tampoco se dio a conocer una base de datos pública que permita conocer cómo se obtuvo la cifra. En la última versión del RNPED se reportaban 37 mil 435 desapariciones.
Las organizaciones Data Cívica y el Observatorio Nacional Ciudadano, que habían colaborado con el entonces Comisionado Nacional de Búsqueda en el análisis de los datos de desaparición existentes, tampoco entendieron cómo se llegó a esa cifra.
En una entrevista realizada hace un año, Doria Vélez del Observatorio Nacional Ciudadano reconoció que el dato “fue resultado de todo un proceso de validación de algunas bases de datos que ya existían, y del trabajo que se hizo con algunos colectivos. Pero sobre cuestiones metodológicas de trazabilidad específica de cada registro no lo podría afirmar porque tampoco tengo esa información”.
“Nos agarró de sorpresa porque nosotras no sabemos de dónde salió ese número (los 40 mil 180). A la fecha, hemos hecho todos los cruces, al menos de las bases de datos que nosotras tenemos, ninguna nos ha dado ese número. Nosotras siempre hemos insistido es que el número es importante porque nos ayuda a conocer la magnitud pero al final del día lo que importa más es la metodología porque el número es algo que va a cambiar todo el tiempo”, afirmó Mónica Meltis, Directora Ejecutiva de Data Cívica, también entrevistada en 2019.
A inicios de este año, la actual comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, quien fue nombrada en sustitución de Cabrera por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 9 de febrero, anunció una actualización de la cifra: 61 mil 637.
De nuevo, la Comisión omitió publicar la metodología y la base de la que se obtuvo la información presentada. El informe fue cuestionado casi de inmediato por organizaciones como Data Cívica.
“En Data Cívica pensamos que cifras sin metodología y datos que no puedan ser escrutinados por la sociedad civil, no solo no ayudan sino que entorpecen y complican los esfuerzos por entender la magnitud del problema de desaparición en el país”, publicó la organización especialista en análisis de datos ese mismo 6 de enero.
Mediante solicitudes de transparencia el sitio web A dónde van los desaparecidos también pudo constatar que a la cifra anunciada por Quintana le faltaban, al menos, 3 mil casos de desapariciones ocurridas en el 2019, únicamente considerando los registros de 18 de las 33 fiscalías estatales y la general.
“Preocupa de sobremanera que no se estén contando las desapariciones de la publicación de la Ley para acá. Ahí sí que tenemos un hueco porque ya nos ha pasado: cuando no había registro de repente dimos un salto de 30 mil a 40 mil. Porque ahorita estamos viendo que la violencia no solo ha bajado sino que ha aumentado en algunos lugares”, opinó en entrevista para esta nota Volga Pilar de Pina Ravest, investigadora especializada en derechos humanos e integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Por su parte,Adrián Lara, Coordinador General en Data Cívica, afirma que es necesario dar a conocer la metodología para evitar el riesgo de repetir errores anteriormente identificados en el extinto RNPED, como la duplicidad de registros, la información incompleta o la eliminación de casos por reclasificación del delito.
Buscar las tendencias de la desaparición
Los especialistas consultados coinciden en que la falta de datos públicos impide conocer las dinámicas de la desaparición en nuestro país en los últimos dos años.
La académica y defensora de derechos humanos, Volga Ravest, menciona sobre el informe del 6 de enero que “a nosotros en particular nos preocupa las recientes. No estamos sabiendo si en los aumentos de violencia (recientes) hay desapariciones o no, y esas ya serían de este gobierno”.
Conocer los patrones de victimización, e incluso información sobre los perpetradores, es indispensable para “diseñar políticas eficientes, que han estado careciendo mucho a nivel nacional y local”, agrega Lara.
El resultado, coinciden, es que las autoridades realizan búsqueda individualmente, sin considerar las diferencias entre las personas buscadas y entender el contexto en el que ocurren estas desapariciones. A su vez, esto propicia que solo avancen los casos cuando un familiar presiona a las autoridades. En palabras de Lara, algunas personas desaparecidas, las que no tienen quién les busque, terminan sin “tener el derecho de ser identificado o buscada y encontrada con vida”.
Estados que no cooperan
Para Yolanda Morán, la madre de Dan Jeremeel, desaparecido el 19 de diciembre de 2008 en Coahuila, es claro que algunos estados “por intereses políticos” no dan información sobre las personas desaparecidas para alimentar el RNPDNO. “De qué manera va (la Comisión Nacional) a tener un dato único, verídico si hay estados que no participan, que no quieren aportar”, cuestiona.
Las estimaciones del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, integrado por más de 60 colectivos de familiares de personas desaparecidas de todo el país, son muy superiores a lo que cualquier base de datos podría dimensionar.
“(El registro) no está totalmente completo porque serían muchos más de 61 mil. Desde luego que son mucho más, nosotros creemos que andamos en 200 mil”, afirma seriamente la madre de Dan Jeremeel Fernández Morán, también fundadora del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.
El mismo Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migraciación, Alejandro Encinas, también responsabilizó a las fiscalías estatales del retraso en la publicación del RNPDNO: “cuando las fiscalías de Jalisco y de Tamaulipas nos confirmen los datos que nos faltan. Así de sencillo. Bueno, faltan otros más, son como ocho en total; digo dos porque son las que pueden tener mayor impacto en el resultado final. No vamos a dar nunca información que no tengamos confirmada”, afirmó en entrevista con Animal Político en noviembre de 2019.
Volga de Pina Ravest, también cree que el retraso de la publicación de este registro podría explicarse por la falta de cooperación de algunas fiscalías estatales: “La comisión nacional se nutre de la información de los estados. Las comisiones estatales tampoco han podido terminar sus registros y las fiscalías no pasan los datos; hay algunos estados donde francamente hay una competencia, pero además no en el buen sentido de la palabra, entre comisiones y fiscalías. No está fluyendo la información”.
Sin embargo, la especialista también considera que se debe publicar una versión con la información de las fiscalías que sí tienen sus datos actualizados: “Las cosas se pueden ir haciendo por partes, tú puedes subir con una nota metodológica que diga de qué periodo a qué periodo, cómo la depuraste, y puedes ir subiendo otro de casos recientes”.
En el caso de Coahuila, cuenta Sofía González, del Grupo VIDA, “se supone que deben tener un registro en la Fiscalía General del estado, y hay una Comisión Estatal de Búsqueda, de muy reciente creación, por lo que pienso que la información debe ser recopilada por la Fiscalía”.
Sin embargo, la Fiscalía de Coahuila fue una de las instituciones que entregó información aún en verificación, de acuerdo al último informe de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Adrián Lara, de Data Cívica, advierte que “no basta con que la información esté publicada en algún sitio, necesitamos que esto esté al alcance del público en general, este tipo de instrumentos se han vuelto herramientas especializadas”.
Sin avances claros
En entrevista con la comisionada Karla Quintana en marzo de 2019, apenas unas semanas después de recibir su nombramiento, aseguró que revisaría la metodología utilizada por su antecesor para llegar a la cifra de 40 mil 180 personas desaparecidas. “Yo espero en un par de meses tener mayor claridad de la situación que tenemos en términos de datos, tenemos que ver el tamaño de lo que tenemos que analizar para poder dar respuestas a las inquietudes válidas que tiene la ciudadanía”. Sin embargo, aquella cifra dada como oficial no fue aclarada.
“La CNB está trabajando en un registro nacional sólido que tome en consideración la información anterior, que pueda ser consultada, y que sirva de apoyo en las investigaciones para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas así como para la elaboración de análisis de contexto”, afirmó Quintana a finales de mayo de ese mismo año, cuando presentó el informe por los 100 días de su gestión.
Durante el foro Encuentro Internacional sobre Nuevas Tecnologías de Búsqueda Forense, realizado el 1 de julio de 2019, la titular de la CNB reconoció: “tenemos que actualizar esta cifra para tener claridad a quién estamos buscando. (…) máximo en un par de meses vamos a tener ya funcionando este sistema de registro y la gran diferencia que va a tener con el anterior (…) se va a poder registrar cualquier persona desde cualquier parte del mundo”.
En diciembre de 2019, la Comisión Nacional de Búsqueda, al responder una solicitud de información pública, reconoció que no contaba con los lineamientos indispensables para poner en marcha el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; este debió empezar a operar desde abril del año pasado, de acuerdo a la Ley general en materia de desapariciones.
En franca contradicción con su propia respuesta, el 6 de enero de 2020 la Comisión difundió un informe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que, como un año antes presentó Roberto Cabrera, carecía de metodología, lineamientos y una versión pública de la base de datos. El nuevo dato oficial, anunció la CNB, era 61 mil 637 personas desaparecidas. Más de 21 mil personas se agregaron a la última cifra oficializada por el excomisionado.
“Las fuentes que entregan esta información son las fiscalías, entonces la información que fue pública es específicamente otorgada por las fiscalías de los diferentes estados, faltan 12 fiscalías, entonces claramente el registro que se hizo público es parcial y nos faltan fiscalías muy importantes que nos podrían hacer que los datos presentados van a variar y van a hacer que suba”, reconoció la Comisionada en aquel momento.
Recientemente, la Comisión reportó -en respuesta a otra solicitud de transparencia para esta investigación- que ha desarrollado un plan estratégico para “normalizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), con la finalidad de administrar y coordinar su operación a nivel Nacional” y una herramienta tecnológica que, de acuerdo a la misma respuesta, “permite incorporar la información necesaria para contar con un registro sólido”. A la fecha ninguno de estos instrumentos es del conocimiento público.
Desde enero se solicitó en más de 15 ocasiones una entrevista con titular de la CNB para conocer el avance en la implementación de la Ley general, incluido el Registro Nacional, sin que haya una respuesta positiva a la fecha.
La pandemia no frena las desapariciones
Yolanda Morán reconoce que las desapariciones no se han detenido, a pesar de la pandemia por covid-19 y la recomendación de quedarse en casa: “desde casa estamos llamando para apoyar a familias con recientes desapariciones, desde casa a hablar con el fiscal de su estado, con el comisionado de su estado. No hemos parado”, cuenta por teléfono.
La llegada del Covid-19 a México y la puesta en marcha del aislamiento social obligó a varios colectivos de familiares en búsqueda de personas desaparecidas a detener sus salidas a campo para ubicar fosas clandestinas.
Yolanda Morán cuenta que no ha sido fácil para ellas “desde casa estamos teniendo reuniones de trabajo, reuniones de planeación, reuniones con las autoridades. No hemos dejado de trabajar un solo día”.
A la abogada Volga Pina Ravest le preocupa lo que suceda cuando la pandemia amaine, con una crisis económica de escala global, el presupuesto destinado a la búsqueda de personas y al fortalecimiento de dependencia o instituciones como la CNB podría quedar relegado.
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