Desde una doctora varada en Ciudad Juárez, hasta un refugio cerrado después de un brote, el Covid-19 está golpeando fuertemente a lo largo de la frontera entre Texas y México
Parte 1 de Covid-19 en el Canal de Inmigración—una serie del Texas Observer, en colaboración con el Border Center for Journalists and Bloggers, apoyada por el Pulitzer Center on Crisis Reporting
Por Anna-Catherine Brigida, Acacia Coronado y Emily Kinskey
Cuando llegaron las noticias de la pandemia, D.T. estaba encerrada en una celda en el lado estadounidense del puente Paso del Norte en la frontera entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, a más de 1,700 millas de su hogar, embarazada y desesperada.
La joven de 26 años había huido de La Habana, Cuba, en julio de 2019, para buscar asilo después de ser etiquetada como disidente y golpeada por la policía. Dentro de la celda, ella comenzó a sufrir dolores abdominales. Tal vez provenían de lesiones sufridas en el más violento de los dos ataques que había sufrido durante largos meses esperando en Juárez a que un juez de inmigración de Estados Unidos revisará su solicitud de asilo.
Otras dos mujeres embarazadas compartieron su celda en marzo pasado. Una parecía que podría dar a luz en cualquier momento. D.T., médico en su país de origen, examinó sus vientres abultados y se preocupó: “¿Te imaginas estar embarazada de siete y nueve meses, dormir en el piso, y comer sólo una bolsa con jugo, pan y una hamburguesa dos veces al día?
Ella guardaba la esperanza de que su vientre creciera tanto que las autoridades de inmigración la reubicaran con sus parientes en Estados Unidos. Quizás podría terminar su propia pesadilla explicando su situación a un oficial de asilo con la autoridad para otorgarle permiso para ingresar temporalmente a Estados Unidos, a medida que su caso avanza por las cortes de inmigración, congestionadas de casos.
A través de una puerta de hierro con una pequeña ventana de vidrio, D.T. podía ver un gran televisor en la pared. En él apareció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyos discursos rara vez representan buenas noticias para los migrantes.
D.T. no pudo escuchar qué decía Trump, pero logró leer los subtítulos. Entre estos y los comentarios de los funcionarios del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EU, D.T. descubrió que Trump planeaba cerrar la frontera debido a la propagación del Covid-19. “Me deprimí mucho. Y me di cuenta de que me iban a devolver a Juárez … con la situación del coronavirus”.
En marzo, Estados Unidos, Canadá y México llegaron a un acuerdo mutuo para “limitar todos los viajes no esenciales” a través de las fronteras compartidas debido a la pandemia. Esas restricciones de viaje tenían la intención de “proteger a Estados Unidos de todas las amenazas, incluidas las amenazas contra la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos”, según el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad F. Wolf, del Departamento de Seguridad Nacional. Pero de innumerables maneras, las decisiones aumentaron los peligros que enfrentan los migrantes atrapados entre esos países.
Años antes, los solicitantes de asilo, particularmente los cubanos, tenían más facilidades para cruzar la frontera y esperar en Estados Unidos a que sus casos se resolvieran si presentaban pruebas de lo que se llama “temor creíble” de persecución. Pero en 2019, la administración Trump había comenzado un programa que los funcionarios estadounidenses llaman Protocolos de Protección al Migrante (MPP), también conocido como “Permanecer en México”. Entrar a Estados Unidos se ha vuelto aún más difícil desde el 21 de marzo, cuando los funcionarios estadounidenses anunciaron que expulsarían rápidamente a todos los que cruzaban la frontera, incluidos los solicitantes de asilo, y que “ya no detendrían a los inmigrantes indocumentados en nuestras instalaciones”. Sólo a unos cuantos, entre decenas de miles de aspirantes a solicitar asilo, se les ha permitido entrar a Estados Unidos desde entonces.
El número de detenciones de migrantes que intentaban cruzar la frontera de Estados Unidos disminuyó en el mes posterior a la imposición de restricciones, pero luego aumentó nuevamente. Mientras tanto, la pandemia ha seguido extendiéndose.
A mediados de marzo, cuando D.T. entró en la celda de detención, se habían reportado más de 1,000 casos de coronavirus en casi 40 estados de EU. Texas había confirmado 50 casos y el gobernador había declarado una emergencia de salud pública en todo el estado. A finales de ese mes, sólo Texas ya tenía 3.000 casos. Para junio, ese número de casos en Texas había estallado, superando los más de 125,000.
A lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, decenas de miles de solicitantes de asilo y otros migrantes cada vez más desesperados permanecen estancados en el sistema a medida que crecen los casos de Covid-19 en refugios mexicanos, centros de detención estadounidenses y estados fronterizos que los rodean. Se acumulan en ciudades como Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros, donde organizaciones sin fines de lucro y religiosas intentan ayudar pese al encono, a veces violento, de residentes que temen que su presencia empeore la propagación del coronavirus y sature hospitales que de por sí son inadecuados.
D.T. entiende los peligros para la salud mejor que la mayoría: se graduó con honores de la Escuela de Medicina en Cuba. Como médico, D.T. sabe que la amenaza a la salud pública empeorará para ella y para otras personas vulnerables atrapadas en un canal de deportación de Estados Unidos. Muchos no tienen hogares para protegerse.
Nuevo Laredo: refugiarse en el miedo
La oficina del padre Marvin Ajic se encuentra en un edificio de color arena custodiado por puertas fortificadas en la avenida Francisco I. Madero en Nuevo Laredo, una de las ciudades más peligrosas de México. Él es parte del poco personal que trabaja en la Casa del Migrante Nazareth, un lugar de refugio en Nuevo Laredo, otro cruce fronterizo entre Estados Unidos y México, a 500 millas al sureste de Juárez.
Como muchos residentes de este albergue, el padre Ajic es un recién llegado: se mudó aquí en febrero. Su grupo recibe principalmente a visitantes nocturnos recientemente deportados de Estados Unidos y a migrantes obligados a esperar sus audiencias de asilo. Algunos vinieron golpeados después de escapar de los secuestradores. Otros llegaron de centros de detención estadounidenses con casos positivos de Covid-19.
La misión Nazareth es parte de una red de refugios en México y Guatemala operados por los Misioneros Scalabrinianos de San Carlos, cuyo propósito central es servir a los migrantes y refugiados. “Decidimos servir a la iglesia sirviendo a los migrantes”, dijo el padre Ajic.
A capacidad normal, el refugio tiene cabida para 180 migrantes por día y alrededor de 120 por la noche. Por lo general, los residentes llegan entre las horas de deportación programadas de 8 am a 8 pm. Pero, desde que comenzó la pandemia por Covid-19 en marzo, las horas de deportación se extendieron primero a las 10 pm y luego a las 24 horas.
Fue entonces cuando los trabajadores del refugio comenzaron a romper regularmente su propio toque de queda para recoger a los migrantes varados. En abril, sabían que algunos deportados habían estado expuestos a Covid-19, pero de todos modos continuaron aceptando recién llegados. Se pusieron guantes y máscaras y siguieron trabajando porque sabían por experiencia que si el transporte del refugio no llegaba a tiempo, los autobuses del crimen organizado vendrían a secuestrar o matar a los migrantes deportados.
Sus competidores también continuaron trabajando durante la pandemia: los secuestradores que buscaban extorsionar a los familiares de los migrantes también adoptaron precauciones: tomar la temperatura de las víctimas y usar equipo de protección. “El crimen organizado tampoco ha dejado de buscar centroamericanos abandonados”, dijo Ajic.
Debido a las políticas vigentes del Servicio de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, muchos centroamericanos y otros, incluso aquellos con solicitudes de asilo legítimas, fueron devueltos al lado mexicano.
Los líderes de otros refugios le pidieron a Nazareth que cerrara las operaciones debido a riesgos mayores, pero Ajic dijo que era una cuestión de principio permanecer abierto el mayor tiempo posible. “Es el corazón de nuestra misión permanecer con aquellos que más nos necesitan y en este caso más que nunca”, dijo Ajic. “La gente de afuera son nuestros hermanos y hermanas y sabemos que es una bomba de tiempo, pero si les cerramos las puertas, ¿quién los ayudará?”.
El refugio a menudo opera bajo amenazas del crimen organizado. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el estado mexicano de Tamaulipas ha aparecido durante mucho tiempo en un aviso de nivel 4 de abstención de viajes debido al crimen y los secuestros. Un toque de queda estricto está vigente entre la medianoche y las 6 am en Nuevo Laredo. La advertencia del Departamento de Estado dice: “La actividad del crimen organizado que incluye batallas con armas de fuego, asesinato, robo a mano armada, secuestro de automóviles, secuestro, desapariciones forzadas, extorsión y asalto sexual” es común. Incluso las puertas de los dormitorios de este refugio están fortificadas con cerraduras para protegerse contra ataques.
Para reducir los riesgos de llevar el Covid-19 a su comunidad, los sacerdotes del refugio Nazareth comenzaron a pedir a las autoridades de inmigración estadounidenses y mexicanas que realicen controles médicos a los inmigrantes recién deportados para asegurarse de que no sean portadores del nuevo coronavirus. Pero sus llamadas no fueron escuchadas. Entonces, el 13 de abril, la Diócesis de Nuevo Laredo anunció que las puertas de Nazareth se cerrarían para los recién llegados.
Con 57 migrantes aún dentro, ese día se dedicó inicialmente a una reunión sobre la logística por la cuarentena. Eso cambió cuando, justo antes del anochecer, un migrante tuvo fiebre. Luego otro. Después de enviar a ambos a un hospital local, Ajic dijo que se dieron cuenta de que era demasiado tarde. El virus había llegado. Ahora, se trataba de quién más había sido expuesto.
El 14 de abril volvieron los dos primeros resultados positivos. Las autoridades de salud estatales de Tamaulipas comenzaron a evaluar a más migrantes y personal de albergues. Para el 18 de abril, el refugio hizo una llamada a las redes sociales para cinco enfermeras dispuestas a trabajar de inmediato. Para el 20 de abril, 15 inmigrantes habían dado positivo.
Al menos un migrante con Covid-19 había llegado recientemente de un centro de detención de Houston, ya conocido por tener otros casos, según comunicados de prensa emitidos por el estado mexicano y la diócesis. Esa semana, otras diez personas dieron positivo después de visitar el puerto de entrada de EU por razones de inmigración, por lo que era difícil saber quién era su paciente cero, dijo Ajic.
Los residentes que dieron negativo fueron transportados pronto a una casa de retiro también propiedad de la Diócesis. Fueron tres miembros del personal. El padre Ajic, que ya había dado negativo, y otro miembro del personal se ofrecieron para quedarse. “Si hubiera estado enfermo, esperaría que alguien se quedara conmigo”, dijo el padre Ajic. “Y eso es lo que les dijimos: ‘No estás solo. Estamos contigo. Nunca has estado solo’”.
Para Ajic, seguir en el refugio es una cuestión de vocación. Cuando hizo sus votos, tenía clara la responsabilidad y los riesgos de servir a esta población. Cuando comenzó a trabajar en el refugio, sabía que un compañero sacerdote en un refugio cercano había desaparecido recientemente y se suponía que estaba muerto. El refugio de Nazareth también tiene una larga historia de voluntarios y antiguos residentes que fueron llevados por la noche, atacados violentamente o asesinados. Los trabajadores están acostumbrados a tomar precauciones.
Pero Ajic dijo que nunca esperó enfrentar el peligro de una pandemia. Durante semanas se convirtió en enfermero, custodio, cuidador y guardián de los enfermos. “Ha sido una experiencia de aprendizaje para nosotros ponernos en la piel de nuestras enfermeras hoy”, dijo Ajic. “Me ha dado mucha fuerza ver la fragilidad de la condición humana, pero también el coraje y la resistencia para seguir luchando”.
Las tres semanas de cuarentena en abril y mayo fueron largas y duras. Aunque Ajic dijo que la mayoría de los casos eran asintomáticos, cada residente enfermo se confinaba en su habitación para mitigar la propagación del virus. Ajic los ayudaría a limpiar cuidadosamente sus habitaciones, cambiarse de ropa o simplemente pasar notas debajo de las puertas para preguntar qué necesitaban. “Podrían haber pedido cualquier cosa, pero lo que más me sorprendió fue que lo único que pidieron fue una bolsa de té, una cucharada de café o un poco de azúcar extra”, dijo Ajic. Cuando no los estaba atendiendo, iba a la ciudad a comprar suministros, cocinar y distribuir comidas. Ajic nunca se sintió enfermo.
La semana del 18 de mayo, los residentes evacuados en el centro de retiro finalmente se reunieron con los sobrevivientes de Covid-19 en la Casa del Migrante Nazareth. Con alegría y determinación, Ajic dijo que está listo para seguir cuidando a los migrantes, independientemente de lo que suceda después.
Ellos deben adaptarse ya que esas puertas fortificadas permanecen cerradas y todos permanecen aislados para evitar otro brote. Con solo un televisor, los niños ven dibujos animados por la mañana y los adultos ven películas por la tarde. La mayoría teme caminar afuera, una cicatriz de ataques y secuestros anteriores. Solo quedaron 36 migrantes después de que otros se fueron y el refugio continúa rechazando a los recién llegados.
Todos los días, el refugio recibe llamadas de migrantes varados en México y de otros en centros de detención estadounidenses con órdenes de deportación pendientes. “Tratamos de proporcionar toda la ayuda posible”, dijo Ajic. Por ahora, todo lo que pueden hacer es proporcionar números de teléfono de otras organizaciones de ayuda como el Instituto Tamaulipas, que no ofrecen refugio pero comparten información sobre horarios de viaje y rutas de autobús potencialmente seguros. Ajic se preocupa por los migrantes que pasarán desatendidos.
Los temores del sacerdote están bien fundados. Héctor García Mendoza fue retenido en el Centro de Detención Elizabeth en Nueva Jersey, cuando comenzó uno de los primeros brotes importantes de Covid-19 en los centros de detención de inmigrantes. El 15 de mayo, el ciudadano mexicano de 30 años se convirtió en uno de los cuatro demandantes nombrados en una demanda presentada contra la compañía penitenciaria privada CoreCivic con respecto a las condiciones peligrosas para los detenidos estadounidenses durante la pandemia. La demanda pedía la liberación de los detenidos. Otros dos demandantes fueron despedidos.
El 18 de mayo, su abogada, Joelle Lingat, del American Friends Service Committee, recibió una carta que decía que García Mendoza sería deportado de todos modos. Sus abogados informaron a las autoridades de inmigración que agotarían todos los recursos legales, pero García Mendoza no se presentó a su siguiente reunión: ya lo habían llevado en un vuelo a Laredo. Un juez federal ordenó rápidamente una suspensión de deportación, bloqueando la deportación.
Pero las autoridades de inmigración han afirmado que cuando recibieron la orden, el joven de 30 años, que había vivido durante años en Estados Unidos, ya había sido dejado en el Puerto de Entrada de Nuevo Laredo. García Mendoza ingresó a México el 18 de mayo entre las 5:42 am y las 10:00 pm. Desde entonces no se le ha vuelto a ver ni se han tenido noticias suyas. Miembros del Congreso han pedido una investigación sobre las circunstancias de su deportación.
“En este punto, la esperanza más simple que tenemos es que él esté a salvo”, dijo Lingat.
Ciudad Juárez: Esperar en el limbo migratorio
La jornada de D.T. a la frontera con Estados Unidos en busca de asilo se inició en La Habana, donde ella y su marido fueron víctimas de violencia policial en 2018, luego de hablar en contra de un sistema que ella llama una dictadura limítrofe. La última golpiza en abril de 2019 envió a los dos al hospital. Entonces comenzaron a hacer planes para irse.
Volaron a Nicaragua en julio de 2019 y luego viajaron durante 20 días en autobús y coche para Ciudad Juárez. En el camino solían descansar en aposentos sucios y estrechos, considerados casas de seguridad. “[Siempre estábamos] asustados porque escuchamos muchas historias de personas que habían sido secuestradas, golpeadas e incluso asesinadas”, dijo D.T.. En México, se vieron obligados a unirse a una lista infame entre los migrantes: la “lista de medición” utilizada para las personas que esperan ser procesadas por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) Sólo unos pocos números fueron llamados cada día. Ella tenía el número 17,344.
Incluso antes de la pandemia, obtener asilo era un proceso agotador con pocas esperanzas de ganar incluso para los cubanos, quienes anteriormente tenían protecciones especiales bajo las políticas estadounidenses.
Los migrantes en el Protocolo de Protección a Migrantes( MPP) a menudo esperan meses para una cita en la corte, sólo para que otra audiencia sea reprogramada nuevamente. Las organizaciones de derechos humanos han documentado cientos de casos de violación, secuestro y extorsión de migrantes que esperan en MPP, y esos son sólo los casos conocidos. A marzo de 2020, sólo alrededor del 1 por ciento de los solicitantes recibía asilo. El Covid-19 se ha convertido en otro obstáculo. “Estamos en el ‘limbo migratorio’ porque no pertenecemos ni aquí ni allá”, dijo.
Ellos trataron de cruzar de todos modos, en septiembre, pero fueron inmediatamente capturados y devueltos. Después, lucharon por encontrar trabajo y un lugar seguro donde quedarse. Dos fechas de la corte de inmigración de Estados Unidos pasaron sin progreso alguno: una en octubre y otra en diciembre. Un juez estadounidense, que se dirigió a ella a través de un enlace de video internacional, le dijo que buscara un abogado, pero no podía pagar los honorarios.
La pareja no participó en las celebraciones navideñas habituales. Ese mismo mes ella fue agredida y le robaron el bolso, con todos sus documentos judiciales dentro. Luego, a fines de febrero, vino una rara chispa de alegría. Después de perder su período dos meses seguidos, se hizo una prueba de embarazo y fue positiva. De vuelta en Cuba, habían estado tratando de tener un bebé, pero sus planes habían sido marginados. “La noticia nos hizo felices y tristes al mismo tiempo”, recuerda.
La familia de su esposo en Estados Unidos comenzó a recibir misteriosas llamadas telefónicas sobre si conocían a alguien en México. Luego, el 28 de febrero, mientras caminaba hacia el trabajo, D.T. sintió que alguien la seguía. El hombre la persiguió, por lo que ella corrió, pero él la dominó y comenzó a arrastrarla hacia una casa abandonada. Ella se defendió con las uñas, golpeando y pateando y logró escapar. Pero en la lucha, la golpearon en el estómago.
Llamó a su esposo y decidieron ir a la policía y presentar un informe. Pero luego los funcionarios mexicanos le dijeron que no podían hacer nada más. Ella cree que el ataque estuvo relacionado con esas llamadas anónimas.
Después de salir de la oficina del fiscal, D.T. comenzó a recibir mensajes de texto de otros migrantes que decían que un juez federal de EU había declarado que la política de Permanecer en México era una violación de las leyes internacionales y federales. Se dirigió al puente y fue una de las primeras en llegar entre una multitud de unos 300 migrantes. “Estaba desesperada”, dijo. “Ya no quería estar aquí en México y esperaba que el (programa) fuera anulado y nos dejaran pasar”.
D.T. suplicó a los funcionarios de inmigración de Estados Unidos que le dieran una entrevista. A pesar de las heridas frescas en su rostro y el informe policial en su mano, ellos la rechazaron.
Meses después, sigue esperando con miedo junto con muchos otros solicitantes de asilo. Pero como médico, se dio cuenta de que había maneras en que podía ayudar.
Matamoros: un hospital de carpas en Tamaulipas
Una enorme ciudad de carpas de más de 2,000 migrantes varados se ha alzado a orillas del río Río Grande en Matamoros, otra ciudad fronteriza desgarrada por los conflictos en el estado de Tamaulipas, que se encuentra al sur de Brownsville, Texas. Justo al lado del Puente Internacional Gateway, en el puerto de entrada de EU, una valla de eslabones de cadena custodiada por autoridades mexicanas armadas con termómetros marca el comienzo de cientos de pequeñas y coloridas carpas llenas de solicitantes de asilo y otros posibles Inmigrantes estadounidenses. Las carpas están una al lado de la otra, casi siempre a menos de dos metros de distancia. Una tienda de campaña, aparte de las demás, está reservada para aquellos en cuarentena después de la exposición al virus.
Dos enormes carpas vacías contienen equipos y suministros médicos, incluyendo medicamentos de la farmacia local, equipo de protección personal, máquinas de rayos X, monitores cardíacos, y los concentradores de oxígeno especializados. Andrea Leiner, una enfermera practicante y coordinadora de estrategias con el programa de asistencia médica sin fines de lucro Global Response Management (GRM), trabajó con el equipo de GRM durante meses para establecer ese hospital de campaña.
Leiner, nativa de Florida, Estados Unidos, e hija de un jefe de bomberos, creció segura de que su vocación era ayudar a los vulnerables. Con un interés de por vida en la medicina y el voluntariado, no dudó cuando escuchó sobre el trabajo de Global Response Management a través de un podcast. Su primera asignación en diciembre fue este extenso campamento.
Las personas comenzaron a agruparse aquí despés de que se implementaron los Protocolos de Protección de Migrantes, también llamados Permanecer en México, en 2019. El campamento ha crecido exponencialmente en población, y en el uso creativo de recursos locales y sin fines de lucro desde entonces.
En octubre, el primer equipo de seis voluntarios de GRM llegó y comenzó a tratar a los pacientes con sus mochilas en la acera. Una semana después se instalaron en una mesa que costó 49 dólares en Walmart. Cuando Leiner llegó en diciembre para la primera de muchas rotaciones, se había instalado una unidad médica móvil dentro de un par de campistas con equipo médico básico y salas de examen improvisadas. Afuera, las sillas plegables formaban una sala de espera, donde los voluntarios registraban a los pacientes. La clínica fue atendida tanto por voluntarios estadounidenses como por expertos médicos refugiados que también estaban atrapados junto a otros que esperaban en MPP.
Leiner todavía recuerda cómo se detuvo asombrada por su primera vista del campamento cuando cruzó el puente internacional a pie. Madre de una niña de 7 años, Leiner dijo que inmediatamente se centró en la difícil situación de los niños y los padres atrapados en el campamento y luchando por sobrevivir.
En su primer día de trabajo, dos niñas, ambas de la edad de su hija, se acercaron y se ofrecieron para ayudarla. Leiner preguntó a las chicas por qué habían venido. Le dijeron que sus primos habían sido asesinados con un machete y que sus padres esperaban para presentar pruebas a las autoridades estadounidenses con la esperanza de obtener asilo. “¿Quieres ver fotos?”, preguntó una niña. Sin palabras ante la resistencia de las chicas y su sentido alterado de lo normal, Leiner aceptó su ayuda.
Durante sus primeros meses, Leiner se mudó a Matamoros cada tres semanas para brindar servicios médicos durante unos días antes de regresar a su hospital de origen en Naples, Florida. Pero a medida que aumentaron los casos de Covid-19, también lo hizo su tiempo en el campo.
Cuando Estados Unidos y México emitieron advertencias en febrero para sus propios residentes, Leiner y su equipo se dieron cuenta de que dependería de las organizaciones sin fines de lucro cuidar a los migrantes abandonados por ambos gobiernos. “La gente en los márgenes será más vulnerable”, dijo Lenier.
En marzo, alrededor de 2.600 personas residían en el asentamiento improvisado, según un censo realizado por voluntarios. El equipo de Leiner comenzó a planificar lo que parecía un brote inevitable. Mientras otras organizaciones de ayuda se abastecían de alimentos y suministros de limpieza, los funcionarios locales le dijeron a GRM que Matamoros sólo tenía 10 respiradores en sus hospitales y las salas de emergencia en el área admitirían sólo emergencias potencialmente mortales. GRM propuso erigir un hospital de carpas con un costo estimado de $ 500,000 dólares.
Con organizaciones asociadas como Team Brownsville, Angry Tias y Abuelas del RGV y donantes privados, la recaudación de fondos fue rápida. Pero con la escasez a nivel nacional, GRM y sus organizaciones asociadas corrieron a buscar y comprar equipos médicos, incansablemente haciendo consultas con contactos y buscando en Internet. Luego comenzó una lucha más grande: un juego de ping pong político con las oficinas de aduanas de Estados Unidos y México para recibir los permisos necesarios para cruzar el equipo desde Estados Unidos hasta las carpas en Matamoros. Durante semanas, cuando se aprobaba un permiso, surgía otro problema.
Finalmente, en la soleada mañana del viernes 24 de abril, Leiner se puso de pie con colegas en las oficinas de aduanas en el puerto de entrada, con todos los permisos firmados en la mano y el equipo embalado. Pacientemente, esperaron unas horas más mientras se procesaba cada documento.
Cuando la esperanza comenzó a resbalar nuevamente, Leiner vio el primer camión que cruzaba la frontera y una sonrisa orgullosa se dibujó en su rostro. Su equipo formado por profesionales médicos, migrantes voluntarios y voluntarios visitantes se alegraron. Luego, la comunidad comenzó a armar su hospital de campaña. Algunos aprendieron en el trabajo. Otros, constructores migrantes sin trabajo, electricistas y expertos en construcción, aprovecharon la oportunidad para poner en práctica sus habilidades. “Levantar el hospital de campaña fue una labor de amor”, dijo Leiner. “Hace que todos esos días trabajando al sol y la gimnasia mental y política para que esto suceda valga la pena”.
En el campamento, algunos migrantes se preocupan incluso con el hospital de carpas tan cerca. Una mujer hondureña y su hijo se encontraban entre los que pasaron un tiempo confinados en la tienda de cuarentena separada de los demás por temor a que hubieran sido expuestos. Afortunadamente, luego dieron negativo.
Otra residente, Diana Josefina Román de Vásquez, de 61 años, de Venezuela, llegó al campamento hace seis meses después de ser detenida por un “coyote” en una bodega. Comenzó a buscar asilo después de ser liberada por sus captores, pero fue enviada de regreso a esperar en México luego de ser detenida brevemente por agentes de CBP. Teme que si se enferma no pueda sobrevivir: en Venezuela le diagnosticaron una afección pulmonar. Con la mitad de su pulmón izquierdo sin funcionar y su hija incapaz de enviar dinero después de perder un trabajo debido a la pandemia, Román de Vásquez vive mes a mes, dependiendo de las donaciones para los medicamentos que necesita para sobrevivir. Duerme sentada en su tienda de campaña para evitar que se ahogue durante la noche.
La condición de Román de Vasquez le impide poder trabajar, por lo que apenas sale del campamento y camina con una máscara facial como medida preventiva. Todas las noches reza para que Dios le conceda el milagro de abrazar a su nieto, que nació y vive con su hija en Estados Unidos. “Lloro todas las noches, pero nunca abandonaré mi sueño”, dijo Román de Vasquez. “Quiero morir en Estados Unidos para poder morir con mi hija”.
Hasta ahora, ella y los otros migrantes aquí han tenido suerte. Hasta junio, las 80 pruebas de anticuerpos y las 7 pruebas Covid-19 administradas a los residentes del campamento habían resultado negativas.
Leiner terminó recientemente su período más reciente en el campamento. La carpa del hospital de campaña todavía estaba vacía a principios de junio; sus esfuerzos para detectar y poner en cuarentena parecen haber evitado el virus por ahora. Pero los voluntarios de GRM ahora están mirando a su alrededor y a lo largo de la frontera para ver quién más puede beneficiarse de sus recursos. Están compartiendo información con refugios y campamentos afectados en otras ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos como Juárez, Reynosa y también en comunidades cercanas a la frontera entre México y Guatemala. La posibilidad de abrir hospitales de campaña similares en cualquiera o en todos estos lugares permanece mientras los migrantes permanecen atrapados y los deportados estadounidenses continúan llegando.
Ciudad Juárez: el miedo al virus se propaga
Después de su liberación de la custodia estadounidense, D.T. y su esposo tuvieron problemas. México ordenó un bloqueo nacional que cerró negocios no esenciales y ambos perdieron sus empleos. Casi al mismo tiempo, D.T. pasó un gran coágulo de sangre. No fue al médico, era demasiado caro, pero sabía lo que sucedió. Una prueba de embarazo en el hogar dos semanas después confirmó su sospecha. Fue negativo, Ella había perdido al bebé. “Perderlo así y tener tanto miedo que ni siquiera podía ir al médico para un chequeo fue muy difícil para mí”, dijo.
Después de seis semanas sin trabajo, la pareja no pudo pagar el alquiler. “No teníamos comida y nadie para ayudarnos”, dijo. En su desesperación, D.T. se dirigió a una iglesia local. Se sintió agradecida por la ayuda de extraños y decidió buscar formas de ayudar a otros migrantes vulnerables. Ella comenzó un grupo de Whatsapp llamado Ayuda para inmigrantes para conectar a las familias con “buenos samaritanos” que donan alimentos.
Se corrió la voz. En Juárez, más de 50 familias migrantes se inscribieron. En El Paso, las donaciones vinieron de pastores, ONG y una familia cubano-panameña.
Los miembros del grupo comenzaron a pedir consejo médico cuando supieron que ella era doctora. Estaba feliz de ayudar, en parte porque sumergirse en el trabajo la ayudó a lidiar con el trauma de su aborto espontáneo.
“¿Cómo te has sentido?”, le pregunta a sus pacientes migrantes que a menudo le envían mensajes de texto con desesperación. Describen los síntomas, a menudo fiebres, tos o dolores, y ella trata de diagnosticarlos lo mejor que puede sin un examen físico. Para problemas serios, como dificultad para respirar, ella aconseja ir al hospital. Las consultas de WhatsApp no son tan efectivas como un diagnóstico en persona, pero ella está haciendo lo que puede. “Así es como trato de hacer mi parte para ayudar a mi comunidad”, dijo. “Porque también me siento identificado como migrante”.
Pero como voluntaria, no le pagaban. Después de una larga búsqueda, finalmente encontró un puesto como asistente médico en una clínica bajo la supervisión de un médico mexicano ya que no tiene licencia para ejercer en México. “Con esto, al menos puedo trabajar”, dijo. “Puedo mantenerme mientras estoy pasando por esta difícil situación”.
Pero D.T. sabe que estar en contacto directo con pacientes enfermos es arriesgado y también podría exponerla a Covid-19. Un día de mayo, una mujer mayor entró con síntomas respiratorios. La mayoría de los 15 pacientes estimados que atiende cada día tienen síntomas similares a los de la gripe, normalmente poco frecuentes en esta época del año. Su trabajo no proporciona ningún equipo de protección, pero D.T. compra sus propias mascarillas. Este paciente en particular tenía problemas de salud subyacentes y poco dinero. Unos días después, se enteró de que la paciente dio positivo a coronavirus. “Estoy segura de que muchos de esos síntomas respiratorios son de coronavirus”, dijo. “Estoy en contacto directo con estas personas y tengo que hacerlo porque tengo que trabajar. Porque tengo que comer”.
A principios de junio, más de 1.300 personas en Juárez habían sido diagnosticadas con Covid-19. El Comité Internacional de Rescate confirmó un brote en un refugio administrado por el gobierno donde IRC proporciona ayuda, pero las pruebas son limitadas en Juárez, lo que hace difícil sopesar los riesgos. “No tenemos acceso a ningún tipo de diagnóstico que pueda decirnos si estamos enfermos o no”, dijo D.T.. “Entonces, seguimos transmitiendo la enfermedad entre nosotros”. Al otro lado de la frontera, el condado de El Paso, Texas, tiene aproximadamente el triple de casos reportados.
Ella ya tenía una larga lista de preocupaciones, y el coronavirus es sólo uno más. Todavía teme ser atacada en su camino al trabajo. Su esposo recientemente comenzó a recibir amenazas por Whatsapp. Todavía está aceptando la forma traumática en qué terminó su embarazo. D.T. ya habría entrado en su segundo trimestre. En cambio, ha perdido peso en su cuerpo ya delgado y su cabello se está cayendo por el estrés. “Todavía no duermo bien. Mi sueño es muy difícil y bloqueo la puerta de mi casa porque temo que la gente entre”, dijo. “Cuando salgo, tengo mucho miedo, pero tengo que trabajar”.
El riesgo de contraer el coronavirus se avecina, pero ella se mantiene ocupada trabajando a tiempo completo, organizando entregas de alimentos y realizando consultas médicas nocturnas. Las cosas podrían ser diferentes si supiera que una vida en EU está al alcance o si tiene algo que esperar, como el nacimiento de su primer hijo. Pero una demora siempre parece conducir a otra. Su próxima cita en la corte se pospuso hasta julio y luego nuevamente hasta agosto, ya que la fecha en que los tribunales de inmigración están programados para reabrir para los casos de MPP continúa retrasada. Ella ya ha escuchado que las fechas para presentarse en corte de otros migrantes están siendo reprogramadas para 2021.
“Es un sentimiento horrible”, dijo. “Es un sentimiento de inestabilidad, de incertidumbre, de miedo constante”.
Actualización: Hemos editado el texto para ocultar la identidad de la doctora solicitante de asilo en Ciudad Juárez, a petición de su abogado que ha expresado una preocupación por su seguridad.
