Activistas advierten que bajo este nuevo esquema podrías ser sancionado si intentas reparar por tu cuenta o con algún técnico independiente tu celular o tu laptop; también se vulnera tu libertad de expresión en la red y criminalizan la autonomía digital. La CNDH ya revisa su inconstitucionalidad
Texto: Dafne García / Lado B
En el contexto de la armonización de las leyes por el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), la semana pasada se aprobaron modificaciones a la Ley Federal del derecho al Autor y el Código Penal Federal, los cuales fueron reprobados por más de 36 organizaciones de la sociedad civil por establecer mecanismos de censura en internet y criminalizar la ruptura de medidas tecnológicas de protección (candados digitales).
En resumen, las recientes aprobaciones a la ley, con sus ambigüedades, hacen posible una sanción económica que van de los 87 mil pesos hasta 1.7 millones de pesos, aproximadamente, y hasta 6 años de cárcel para, por ejemplo, miles de personas que realizan actividades de apropiación tecnológica con fines pedagógicos, de investigación, adaptación e incluso reparación y/o reciclaje de tecnologías, afirmó la organización Derechos Digitales, pues no se contempló la necesidad de evitar ciertos candados digitales con el fin de reparar un dispositivo de tu propiedad o hacerle mejoras para evitar la obsolescencia programada, entre otras cosas.
Pepe Flores, director de comunicación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), en entrevista para LADO B, dice que estas reformas criminalizan la pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a la cultura, entorpece la autogestión y autodeterminación de las personas en sus dispositivos y les da más dinero a grandes corporaciones.
Bajo este nuevo esquema, podrías ser sancionado si intentas reparar por tu cuenta o con algún técnico independiente tu celular o tu laptop y en el proceso se violan los candados digitales que el fabricante puso en el dispositivo.
“Es problemático porque las personas en México no tienen las mismas capacidades que la gente en EU y Canadá para estar cambiando sus dispositivos a cada rato. Reparar, para nosotros, es una primera necesidad, es una forma de sobrevivir” enfatiza Flores.
Por su parte, Mayeli Sánchez del colectivo Técnicas Rudas, también en entrevista con este medio, considera que lo aprobado por los legisladores “es un gran golpe a la sociedad porque no permite la creatividad el intercambio (de conocimiento) y genera demasiados problemas como la basura electrónica”.
La negativa ante estas reformas ha sido tal, que en un comunicado dado a conocer el 5 de julio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que, a raíz de la preocupación expresada por organizaciones de la sociedad civil y activistas, analizarán si en efecto hay vulneraciones a los derechos humanos.
De ser así la CNDH “procederá a la elaboración de la acción de inconstitucionalidad (…) para someter al escrutinio constitucional del Máximo Tribunal del país esas reformas, a efecto de que se invaliden las disposiciones que vulneren los derechos humanos de las personas”.
Las fallas y peligros en la legislación
Una de las principales críticas a estas reformas es que se aceleró el proceso de aprobación sin una discusión apropiada, e ignorando el plazo de tres años que el T-MEC especificaba para armonizar las legislaciones.
De acuerdo con Pepe Flores, desde junio que el senador Ricardo Monreal presentó la iniciativa, varias organizaciones (entre estas R3D) se acercaron para hablar de lo que detectaron, sin embargo, al final no se tomaron en consideración esas observaciones.
“Nosotros seguimos alertando a las personas”, y aunque al menos tres senadores presentaron ciertas reservas, fueron desechadas sin discutirlas, y cuando llegó a la Cámara de Diputados, el 30 de junio, fue aprobada casi por unanimidad.
El activista de R3D señala que las reformas aprobadas imponen el mecanismo llamado notice and takedown (notificación y retirada), lo que significa que en cuanto una persona alega que sus derechos de autor han sido infringidos por algún contenido, con la sola notificación del hecho, incluso sin pruebas o un proceso judicial de por medio, la plataforma que lo alberga está obligada por ley a remover el contenido.
Si bien Flores agrega que la ley contempla que la persona acusada pueda publicar un contra aviso, la parte acusadora puede acudir, por ejemplo, a realizar una demanda civil y mientras tanto, el contenido seguirá oculto.
“Entonces es un mecanismo, pues sí, de censura”, dice Flores.
El combate a la piratería fue uno de los argumentos más utilizados por los diputados a favor de la aprobación de las reformas a la ley, sin embargo, este tipo de mecanismo se ha aplicado en otros países, y ya se ha puesto en duda su ineficacia varias veces.
En Estados Unidos, por ejemplo, especialistas del Centro para la Protección de la Propiedad intelectual señalaron desde 2016 que este sistema ha sido muy inefectivo para manejar el incremento de la piratería. De hecho, hay investigaciones de cómo este tipo de mecanismos puede ser aprovechado por abogados, agencias, individuos o empresas para censurar información periodística, críticas y señalamientos de corrupción o delitos.
Por otra parte, Flores describe que una de las consecuencias del mecanismo de notificación y retirada es el Chilling Effecto efecto disuasor. Esto es, que cuando hay un mecanismo de notificación y retirada, las personas, al no tener pleno conocimiento de lo que la ley marca como infracción así como las excepciones, prefieren el silencio o la autocensura.
“Este efecto es lesivo de la libertad de expresión porque ‘ya no quiero expresarme por miedo a que me demanden’. Punto aparte es que México no estaba obligado a poner este mecanismo” explica el especialista.
Otro de los aspectos sumamente criticados de estas reformas es la falta de excepciones para eludir candados digitales, los cuales se refieren a medidas tecnológicas de protección que se instalan en un dispositivo, software o hardware por el fabricante para que el usuario no haga una copia de la información de los mismos o pueda ver el código, es decir, es una medida que se ocupa para proteger derechos de autor.
La incertidumbre que genera la ley en este punto ha hecho que colectivos como el Rancho Electrónico. que se dedican a difundir conocimiento y enseñar a las personas a reparar equipos y apropiarse de sus dispositivos, se pronuncien en contra de estas reformas, haciendo énfasis en que “el derecho a reparar y volar candados digitales es esencial para mantener en funcionamiento las tecnologías desde quitar Windblows, rootear una máquina, quitar aplicaciones inútiles o aprender”.
La afectación al software libre
Para la experta en Software Libre y activista Mayeli Sánchez, las reformas aprobadas tendrán consecuencias para la comunidad que se dedica al uso y fomento del Software Libre en México.
“Si, en mi caso, compro una computadora o alguien compra una computadora y yo puedo instalarle un sistema operativo [alterno a Windows o IOS] más exigente, que utilice bien los recursos, que tenga otras características y sobre todo, que fomente la libertad y el intercambio, ahora yo podría ser una delincuente”.
Con la aprobación de las reformas se pone en riesgo el valioso trabajo de cooperativas como Tierra en Común que, entre sus actividades, ha rehabilitado con Software Libre computadoras donadas para ser entregadas a radios comunitarias y organizaciones de búsqueda de desaparecidos.
De acuerdo con la activista, esta situación evidencia aún más la necesidad de tener alternativas.
“Si hubiera compañías que están dispuestas a vender computadoras sin software [previamente] instalado, no tendríamos que, como ellos dicen, ‘romper’ algún candado. El software libre sigue siendo esta alternativa porque no te va a poner estas restricciones”.
Mayeli hace énfasis en que “el software libre empezó como un movimiento por la libertad”. El punto es que pueda ser observado, en su estructura, en su totalidad, lo que da lugar a la transparencia y la confianza, además de que puede distribuirse en copias de manera libre, hacerse de uso público, que la comunidad se beneficie de ello.
Las alternativas de resistencia frente a estas reformas son, de acuerdo con Mayeli, desde organizar acciones para instalar software libre a nuestros equipos y que la gente lo conozca, hasta, en la medida de lo posible, que los contenidos producidos para internet tengan licencias tipo Creative Commons que fomentan que el conocimiento siga circulando.
Finalmente, Pepe Flores señala que ahora que ya se aprobaron las reformas, lo que sigue, a reservas de lo que resuelva la CNDH, es que los senadores y senadoras que se opusieron en el pleno presenten acciones de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia se involucre.
“(Además) las organizaciones estamos buscando iniciar un juicio con el cual también evidenciemos y presionemos acerca de estas reformas”. En ese sentido, Flores hace hincapié que la participación ciudadana es muy importante ya sea firmando en la campaña de #NiCensuraNiCandados, o enviando mensajes a los legisladores a través de sus redes sociales para hacerles saber las inconformidades al respecto.
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Este trabajo fue publicado originalmente en LADO B que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original
