Una jueza ordenó al titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, comprobar las medidas realizadas para salvaguardar la salud e integridad de personas detenidas en estaciones y estancias migratorias, ante la pandemia de COVID-19. Si el funcionario no acata la resolución, puede ser privado de la libertad
Ante las omisiones de las autoridades migratorias sobre los protocolos para prevenir la transmisión de COVID-19 dentro de las estaciones y estancias migratorias, la jueza Vicenta Margarita González Vega determinó que el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, y el director de Control y Verificación Migratoria, Antonio López Díaz, deben presentar pruebas contundentes del cumplimiento de esas medidas.
El titular del INM tiene 24 horas para acatar resolución de jueza, de lo contrario podría incurrir en una responsabilidad penal y podría ser privado de la libertad. Los funcionarios serían denunciados ante el Ministerio Público federal por incumplimiento de una resolución judicial.
El 3 de agosto, la jueza de Distrito Vicenta Margarita González Vega y el juez Jair Sandoval Jiménez del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa emitieron la resolución.
Con ello, los funcionarios del INM tienen la obligación de coordinar y vigilar el cumplimiento de 11 medidas establecidas para preservar la vida y la salud de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional que se encontraban y se encuentran detenidas en las estaciones migratorias de México.
La resolución de la jueza se dio a conocer este martes, fecha a partir de la cual Francisco Garduño y Antonio López tienen 24 horas para requerir el cumplimiento a las dependencias correspondientes.
Los funcionarios tienen además tres días posteriores para demostrar con pruebas ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa el cumplimiento de la suspensión.
La jueza también ordenó a la Secretaría de Gobernación informar en 24 horas las acciones realizadas para cumplir con la estrategia en apego a los programas sociales existentes, para que las personas migrantes o solicitantes de asilo accedann a beneficios económicos para su sustento durante la crisis sanitaria por COVID-19 establecidas en la resolución del 17 de abril de 2020 del amparo 426/2020.
La orden de la jueza obedece a que las autoridades del INM incumplieron con las medidas de suspensión dictadas el pasado 17 de abril dentro del juicio de amparo 426/20201.
El amparo de organizaciones
El 16 de abril de 2020, más de 40 organizaciones de la sociedad civil redactaron un amparo que fue presentado en el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.
Las organizaciones se ampararon ante las omisiones del ejecutivo federal, la Secretaría de Gobernación, el INM y la Secretaría de Salud para salvaguardar la salud e integridad de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, detenidas en las estaciones y estancias migratorias del INM ante la contingencia sanitaria por covid.
El 17 de abril, un día después, el juez Arturo Israel Domínguez Adame resolvió un acuerdo a través de 11 medidas a favor de la salud y la vida de la personas migrantes en México. Con ello, el juez identificó la situación de riesgo que enfrentan en la actual pandemia y ordenó al INM implementar protocolos de prevención sanitaria por coronavirus dentro de las más de 58 estaciones y estancias provisionales migratorias.
También ordenó la realización de inspecciones periódicas en esos espacios para verificar que se cumpla con los estándares de respeto a los derechos humanos. Así como el acceso a la información de las personas detenidas sobre las medidas sanitarias nacionales por la pandemia.
***
Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
