En el transcurso de un año, la empresa Comedores y Banquetes Paso del Norte ha recibido siete contratos por un total 18.3 millones de pesos; su propietario es compadre del alcalde Armando Cabada Alvídrez
Favia Lucero, Marco López y Miguel Silerio / Yo Ciudadano
Ciudad Juárez, Chihuahua.— En el último año el Gobierno Municipal de Juárez asignó siete contratos por un total de 18.3 millones de pesos a la empresa Comedores y Banquetes Paso del Norte, propiedad de Armando Olivas Ramírez, compadre del alcalde Armando Cabada Alvídrez.
La empresa fue contratada para proveer alimentos a los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), cadetes de la Academia de Policía y escoltas, y para brindar servicios de coffee break a distintas dependencias.
De los siete contratos que ha recibido Comedores y Banquetes Paso del Norte entre abril de 2019 y junio de 2020, en seis fue la única participante del concurso de licitación. El otro, que también ganó, se licitó mediante invitación a tres proveedores.
Armando Olivas Ramírez y su esposa, Leticia Janett de Santiago Chávez, son padrinos de primera comunión de la hija menor de Armando Cabada, según se puede constatar en una publicación de la cuenta oficial de Facebook del Alcalde.
Además, Leticia de Santiago labora como Coordinadora de Recreación y Cultura del DIF Municipal, presidido por su comadre, con un sueldo bruto de 27 mil pesos mensuales.
A pesar de ser una empresa de reciente creación (fue constituida el 29 de diciembre de 2017), Comedores y Banquetes Paso del Norte recibió tres contratos en 2019 y cuatro contratos en lo que va de este año.
Además, en la licitación del último contrato que le fue asignado, tanto el acto de apertura de propuestas como la emisión de fallo se realizaron el mismo día, con tan solo cinco horas de diferencia.
YoCiudadano solicitó la versión del alcalde Armando Cabada a través de la Coordinación de Comunicación Social del Municipio, sin embargo al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
De acuerdo con Pablo Montes Mendoza, Coordinador Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el que solo una empresa haya participado en las seis licitaciones es un alarma de una posible irregularidad en la contratación.
“Siempre es un foco rojo que en una licitación pública solo una empresa presente una propuesta. El hecho de que suceda en una licitación ya es riesgoso, ¿pero que suceda en seis licitaciones y con la misma empresa? Entonces ya pasa de teoría de la conspiración a una sospecha mucho más factible”, dijo.
El especialista opinó que, aunque no es posible señalar un conflicto de interés desde un plano legal, es necesario que estos procedimientos se manejen con total transparencia respecto a los motivos por los cuales se decidió contratar a esa empresa.
“Legalmente no es un conflicto de interés, o no se podría manejar así porque en teoría el Alcalde no tuvo injerencia en quién ganó. Lo que sí sucede en este caso es que, además de la relación, hay señales atípicas que no encontrarías en una licitación pública normal, porque solo una empresa está participando. Eso suma a la sospecha”, señaló.
Por su parte, Alfredo Elizondo Rosales, director de Gestión Social y Cooperación A.C. (Gesoc), organización que impulsa la transparencia y el buen ejercicio de los recursos públicos en el país, dijo este tipo de relaciones entre el gobierno y las amistades o familiares del Presidente Municipal sí representan un claro conflicto de interés que debería tener alguna sanción.
“Desafortunadamente estos casos de formas patrimonialistas de ejercer el poder y en particular del uso de los recursos públicos sigue prevaleciendo. Debería haber sanciones o algún tipo de pronunciamiento público”, mencionó.
El especialista en rendición de cuentas y políticas públicas recordó los contratos de adjudicación directa a la televisora Canal 44, propiedad de la familia del Alcalde, y mencionó que este tipo de acciones deben tener otras sanciones, incluso por parte de la sociedad.
“Se supone que el proceso electoral funciona como un mecanismo para consultar o para valorar hasta qué punto se hizo bien o no el desempeño de las funciones, y esto tendría que ser un punto de partida en términos de si aspira a otro cargo de valoración pública, hasta qué punto se puede tener confianza en alguien que ejerce el poder de esa manera”, cuestionó.
Dijo que en un contexto como el de Chihuahua, con la experiencia del ex-gobernador César Duarte Jáquez, es necesario no repetir estas acciones por parte de funcionarios, que si bien no se les está probando un acto de corrupción, se esperaría que no ejerzan actos de compadrazgo ni nepotismo con los recursos públicos.
Una historia de conflictos de interés
Durante las dos administraciones de Armando Cabada Alvídrez (2016-2018 y 2018-2021) se han reportado diversos casos de conflicto de interés en contrataciones públicas, en los que se han visto involucrados titulares de las dependencias municipales, el propio Alcalde y su familia.
El caso más conocido es el de los contratos de publicidad oficial que el Municipio ha celebrado con la empresa Intermedia de Juárez (Canal 44), propiedad de Arnoldo Cabada de la O y Martha Alvídrez, los padres del Alcalde.
A cinco meses de haber sido electo, Armando Cabada Alvídrez firmó el primer contrato de su administración con el Canal 44 por un monto de 11 millones 050 mil pesos para el servicio de publicidad oficial.
Por recomendación de la Contraloría Municipal, en febrero de 2019 el Cabildo de Juárez aprobó designar al regidor Carlos Ponce Torres (perteneciente al grupo político del Cabada) para firmar los contratos con Canal 44, y así evitar el conflicto.
Desde el inició de su primera administración hasta la actualidad, el Municipio ha otorgado a la televisora 44 millones 200 mil pesos a través de cinco contratos y una extensión.
Asimismo en su primera administración Cabada adjudicó un contrato por 400 mil pesos a la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez (APCJ) para la publicación de publicidad en su sitio de internet. Arnoldo Cabada de la O es el presidente del comité directivo de la organización.
Además, entre octubre de 2018 y abril de 2019 el Municipio otorgó dos contratos por un total de 44.4 millones de pesos a la empresa Magno Ingeniería en Alimentos, propiedad de Marcela Moreno Urbina, suplente de la regidora Luz Elena Esquivel Sáenz (PES) en el Ayuntamiento de Juárez.
Luego de que el caso se diera a conocer en noviembre de 2019, Moreno Urbina renunció a la empresa Magno Ingeniería y Alimentos, que en la actualidad sigue siendo proveedora del Gobierno Municipal.
Finalmente, en mayo de 2018 se dio a conocer que un empresario vinculado al entonces director de obras públicas, Gerardo Silva Márquez, recibió millonarios contratos para la construcción de cuartos en colonias periféricas de la ciudad.
La empresa Compañía Constructora Fronteriza, propiedad de Gilberto Contreras Lara, obtuvo contratos por 14.9 millones para construir ‘Cuartos Independientes’, que formaban parte de un programa para combatir el hacinamiento.
En la elección de julio de 2018, en la que Armando Cabada resultó reelecto en su cargo tras un proceso pasado por Tribunales, Gerardo Silva Márquez y Gilberto Contreras Lara compitieron en fórmula por la diputación estatal del Distrito 05 de Chihuahua por la vía independiente.
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