Genaro García Luna y sus hombres de confianza encabezaron hace 10 años la estrategia de Felipe Calderón contra el narcotráfico en Ciudad Juárez, ahora el exsecretario de Seguridad Pública se encuentra preso del otro lado de la frontera, mientras Cárdenas Palomino y Pequeño son acusados por lavado de dinero y tráfico de drogas
Itzel Ramírez / La Verdad
Cuando Ciudad Juárez era considerada la urbe más peligrosa del mundo, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa decidió entregar los planes para su pacificación a Genaro García Luna y a integrantes de equipo, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño García, quienes ahora son acusados en Estados Unidos de colaborar con el Cártel de Sinaloa.
A poco más de diez años de encabezar las acciones contra la inseguridad y el narcotráfico a través de “Todos Somos Juárez”, los exmandos policiales enfrentan también investigaciones en México, donde se les acusa de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Desde el pasado 10 de diciembre de 2019, García Luna se encuentra detenido en Estados Unidos bajo cuatro cargos: tres acusaciones por conspiración para traficar cocaína, y uno más por dar falso testimonio.
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El 31 de julio de este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el inicio de una causa penal contra Cárdenas Palomino y Pequeño, los dos exmandos de la Policía Federal en la época de García Luna, por acusaciones de lavado de dinero y tráfico de drogas. En tanto que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que las cuentas bancarias de ambos se encuentran congeladas desde el pasado mes de abril.
Activistas que formaron parte de la Mesa de Seguridad encargada de acompañar la estrategia en esta frontera, señalan cómo las decisiones de García Luna y Cárdenas Palomino fueron cuestionadas por sus resultados ante la violencia que dejó miles de muertos y por su evidente combate a uno de los grupos delincuenciales que operaban en la ciudad.
“Todos Somos Juárez” fue la respuesta del gobierno de Felipe Calderón a la matanza en Villas de Salvárcar, donde el 31 de enero de 2010 un total de 15 estudiantes fueron asesinados mientras estaban en una fiesta.
Para el 17 de febrero de ese año, Calderón había visitado en dos ocasiones la fronteriza Juárez para anunciar el plan que incluía el despliegue de miles de elementos de la Policía Federal, corporación bajo el mando de Genaro García Luna en su calidad de secretario de Seguridad Pública.
Luis Cárdenas Palomino era en 2010 el jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, mientras que Ramón Eduardo Pequeño García se desempeñaba como titular de la División Antidrogas de la misma corporación.
Los tres mandos participaron directamente en la planeación de algunos de los operativos de “Todos Somos Juárez”, además de que impulsaron acciones encaminadas a la erradicación de algunos de los grupos criminales en la frontera, recuerdan integrantes de la Mesa de Seguridad.
Fotografía: Cortesía
El 1 de abril de 2010, cuando la Policía Federal asumó formalmente la seguridad pública en Juárez, García Luna había participado en todas las reuniones entre funcionarios federales, estatales, municipales y la sociedad civil para poner en marcha la estrategia.
Leticia Chavarría, activista e integrante de la Mesa de Seguridad, recuerda cómo fue percibido el trabajo de García Luna en esta frontera.
“Desde que lo conocí (a García Luna), que estuvimos en una reunión en el Mercado de Abastos, ya sabíamos que iba a ser muy complicado el trato con esta persona. No era que quería pacificar la ciudad, sino hacer negociaciones. No venían tanto a acabar con los cárteles sino a negociar de alguna manera”, dice Chavarría.
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La Mesa de Seguridad, como el organismo ciudadano que acompañaba las políticas públicas y medidas de “Todos Somos Juárez”, buscaba que se acabara con la impunidad, que los delincuentes fueran a la cárcel, apunta la activista.
“Fueron varios los casos donde tuve la información de primera mano, donde fue evidente cómo la Policía Federal en ese tiempo estaba a favor de uno de los grupos e incluso estaban vinculados con actos delictivos (…) ahora vemos que era (para) someter al grupo contrario”, afirma Chavarría.
Otro de los integrantes de la Mesa de Seguridad en aquella época, Gustavo de la Rosa Hickerson, coincide con el señalamiento de que las fuerzas federales, en específico las que estaban bajo el mando de García Luna y sus cercanos, tomaron partido por uno de los cárteles que había en la ciudad.
“Tuvimos algunas discusiones dentro de la Mesa de Seguridad en el sentido de que los operativos de los federales se concentraban mucho más en los territorios delictivos de La Línea (el brazo armado del entonces Cártel de Juárez) que eran los adversarios del Chapo. Yo en lo personal, y como una percepción meramente personal, siempre vi que se le daba mucha protección o tolerancia a los delincuentes que trabajaban en el Valle de Juárez que era la gente del Chapo, de Sinaloa, eso sí lo teníamos comprobado”, explica De la Rosa, actual diputado estatal por Morena.
Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos señalan precisamente que los tres mandos trabajaron con el Cártel de Sinaloa.
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De la Rosa recuerda cómo Cárdenas Palomino fue clave en algunos operativos que se realizaron en la ciudad.
“Cárdenas Palomino tuvo un papel importante en un operativo muy grande que fue recuperar una zona específica del Pronaf (una colonia de Juárez) que era víctima de extorsión muy fuerte, estaban bajo extorsión por gente de los Aztecas, La Línea y el Cártel de Juárez. Ellos organizaron un operativo muy exitoso para rescatar esa zona de la extorsión”, rememora De la Rosa.
El despliegue de más de cinco mil policías federales en la ciudad no representó una disminución de la violencia. En julio de 2010 la detonación de un coche bomba asesinaba a cuatro personas.
Hacia agosto del mismo año un grupo de uniformados protestó por la presunta corrupción que había en los mandos de la PF. La institución respondió con la remoción de Salomón Alarcón Romero, Ricardo Duque Chávez, Joel Ortega Montenegro y Antelmo Castañeda Silva, los jefes acusados por los policías, y con la reubicación e investigación interna de los policías que participaron en la protesta.
Las dudas sobre la integridad de los policías de todas las corporaciones (federal, estatal y municipal) era conocida incluso por el gobierno de Estados Unidos.
Cables desclasificados del Departamento de Estado de EEUU muestran que durante 2010 se impulsó un proyecto piloto en la ciudad para fortalecer a las instituciones policiales, especialmente ante el riesgo de corrupción de sus elementos.
Investigaciones internas, uso de polígrafo, establecimiento de controles de confianza y la coordinación entre autoridades estadounidenses y mexicanas eran las medidas sugeridas por el gobierno de aquel país para disminuir la corrupción entre los policías mexicanos.
Incluso, el gobierno estadounidense sugería evaluaciones rápidas para categorizar el riesgo de corrupción de los policías desplegados en la frontera.
Pequeño García era uno de los funcionarios que aparecía en las conferencias de prensa donde se presentaba a los detenidos, como fue el caso de la captura de José Antonio Acosta Hernández, alias “El Diego”, señalado como el autor intelectual de la masacre de Villas de Salvárcar y del asesinato de otras mil 500 personas en Juárez.
Ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Pequeño García fue cesado de su puesto como jefe de la División de Inteligencia tras la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán.
Corporaciones enfrentadas
A través de narcomantas, los grupos criminales acusaban a las corporaciones de seguridad de brindar protección a uno u otro bando. En la mayoría de las ocasiones era el grupo La Línea el que aseguraba que los policías federales de proteger al Cártel de Sinaloa.
Mientras en Juárez aumentaban las denuncias por extorsión de los policías federales y la tortura de militares, García Luna hacía eco en el Congreso de la Unión de su propuesta para eliminar las policías municipales y crear un mando único con 32 jefaturas en cada entidad de la República.
Para Gustavo de la Rosa, una de las razones que explica la disminución de la violencia en Juárez es el trabajo de Julián Leyzaola Pérez, que se desempeñaba como secretario de seguridad pública municipal.
“Leyzaola tenía un choque permanente con ellos, con los federales, pero Leyzaola con un estilo muy fuerte, muy agresivo, pudo dominar la zona del centro de la ciudad.
Inclusive con un costo alto de derechos humanos pudo controlar la zona centro de la ciudad, que es una zona muy conflictiva”, asegura el exfuncionario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Hoy, los tres mandos de la llamada guerra contra el narcotráfico del ahora ex presidente Felipe Calderón Hinojosa son llamados a rendir cuentas ante la justicia estadounidense.
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