A la demanda se sumaron también la CEDH e Ichmujeres a través de un posicionamiento conjunto donde los organismos condenan la represión policial y piden indagar los hechos; la SSPM asegura que la detención fue por daños que superan los 30 mil pesos, a la infraestructura urbana, dos monumentos y una unidad vial
Las agresiones por parte de policías municipales de Ciudad Juárez contra mujeres que se manifestaban contra la represión policial fueron condenadas de manera conjunta por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) y el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres).
Al mismo tiempo, los organismos federales y estatales exigieron al gobierno municipal de Juárez, encabezado por Armando Cabada Alvídrez, que esclarezca los hechos y, en su caso, castigue a las y los responsables.
La condena y exigencia fue lanzada de manera conjunta en un posicionamiento en el que reprueban la represión suscitada la tarde-noche del sábado en la ciudad, donde 27 mujeres, cuatro de ellas menores de edad, integrantes de diversos colectivos, fueron detenidas mientras se manifestaban en calles de la zona centro.
Ante los cuestionamientos por la actuación de los policías municipales, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que la tarde-noche del sábado los agentes detuvieron a de 27 mujeres y un masculino, quienes participaban en la protesta realizada en la zona Centro, por ocasionar “actos en contra del reglamento de policía y buen gobierno”. Inicialmente se informó de 28 mujeres y ocho hombres arrestados.
La corporación aseguró que la intervención policial se llevó a cabo por petición de ciudadanos que denunciaron a varias mujeres que vandalizaban la infraestructura urbana, dos monumentos y una unidad de la Coordinación de Seguridad Vial. Estimó que los daños superan los 30 mil pesos.
Fotografías difundidas por la SSPM de Ciudad Juárez
Los agentes municipales exhortaron a varias mujeres a manifestarse sin dañar el patrimonio público y privado, por lo que al hacer caso omiso se procedió a su detención. Todas fueron trasladadas a la Estación de Policía del Distrito Universidad en donde un juez de Barandilla las sancionó por la falta administrativa que consiste en causar escándalos en lugares públicos y poner en riesgo la tranquilidad, integridad o seguridad de las personas, fijando una multa de mil 128.40 pesos y/o 18 horas de arresto, dio a conocer.
Sobre las menores informó que fueron entregadas a sus familiares, mismos que fueron resguardados en la oficina de Trabajo Social.
La SSPM informó que en todo momento de actuación policial estuvieron presentes los visitadores de la CEDH, uno más de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como el titular y personal de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio, quienes “dieron testimonio que la actuación policial fue apegada a derecho y que ninguna de las detenidas fue violentada”.
Sin embargo, la CEDH es uno de los organismos que condenó la represión policial y exigió al gobierno Municipal de Juárez investigar a los policías agresores en la marcha de mujeres.
La Conavim, Inmujeres, CEDH e Ichmujeres llamaron a las autoridades municipales de Ciudad Juárez, para que las y los agentes de seguridad pública realicen su labor con apego irrestricto a los derechos humanos de las personas y a los protocolos establecidos en materia de seguridad y protección de la vida de las mujeres y las niñas.
Indicaron que a partir de la información recabada y de diversos testimonios de las detenidas, les preocupa la actuación de la policía municipal por el uso excesivo de la fuerza contra las detenidas.
Los organismos e instancias gubernamentales también pidieron que se imparta capacitación con perspectiva de género al personal policiaco de Ciudad Juárez y se implemente un protocolo de actuación policial para este tipo de casos.
En tanto que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez dio a conocer que es respetuosa de las manifestaciones y libertades de expresión, siempre y cuando estas se encuentren en el marco legal, garantizando que no se afecte el patrimonio público y privado.
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