El gobierno de AMLO está obligado a revertir la añeja práctica de otorgar adjudicaciones directas a proveedores afines a su partido, Morena
Gerardo Cortinas Murra
La aprobación de los “Lineamientos en materia de austeridad republicana de la administración pública federal” reiteran los ‘principios’ establecidos en la Ley Federal de Austeridad Republicana: “combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez…”.
Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se señala que “ningún servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostente, salvo en lo que se refiere a la retribución legítima y razonable por su trabajo, así como terminar con la asignación abusiva de oficinas, vehículos, mobiliario, equipos de comunicación, viáticos, entre otras medidas, con la finalidad de reorientar los presupuestos dispersos a los programas significativos y de alto impacto social y económico”.
Y en el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, se precisa que “es prioridad del Gobierno Federal realizar acciones efectivas que frenen la corrupción, para garantizar a la ciudadanía una Administración Pública Federal eficiente en constante evolución”.
Por lo que, los recursos humanos deberán administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para mejorar la prestación del servicio público, debiendo desempeñar sus actividades con apego a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En los Lineamientos se precisan nuevas reglas de la prestación del servicio público en el Gobierno Federal, entre, ellas las siguientes:
1.Los vehículos aéreos (aviones y helicópteros) solo deberán ser destinados a actividades de seguridad pública y nacional, defensa, marina, fuerza aérea, de protección civil, así como para el traslado de enfermos. Aquellos que no cumplan con esta función serán enajenados asegurando las mejores condiciones para el Estado.
2.Los Entes Públicos que cuenten con vehículos aéreos con equipamiento para efectuar alguna función específica y directamente vinculada con su objetivo deberán justificar la necesidad de conservarlos, debiendo señalar los costos que generan el mantenimiento, operación y resguardo de los mismos.
3. En cuanto a la contratación de bienes y prestación de servicios los Entes Públicos deberán llevar a cabo adquisiciones o arrendamientos de bienes y prestación de servicios, buscando la máxima economía y eficiencia, observando los principios de austeridad, ejerciendo estrictamente los recursos públicos conforme a las disposiciones legales aplicables.
4. Las adquisiciones o arrendamientos de bienes y la prestación de servicios, las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se adjudicarán, por regla general y de manera prioritaria, a través de licitaciones públicas, de conformidad con lo establecido en las leyes de la materia. Las excepciones a esta regla deberán estar plenamente justificadas de conformidad con las disposiciones aplicables.
Al respecto, un estudio de la organización “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI) reveló que durante los primeros siete meses del gobierno de AMLO tres de cada cuatro contratos gubernamentales se han adjudicado de manera directa, y no bajo procesos de licitación pública o por invitación restringida.
Por lo tanto, “las adjudicaciones directas no sólo siguen siendo el método de asignación favorito del gobierno, sino que se han incrementado en comparación con el trimestre anterior”. En un comparativo con sexenios anteriores se detectó que:
“…entre 2010 y 2018, en promedio, las asignaciones directas se usaron en 72 por ciento de las compras, mientras que las licitaciones públicas se usaron en el 14.5 por ciento de las ocasiones… De esta manera, el gobierno de López Obrador, tal como sus predecesores, continúa asignando directamente 3 de cada 4 contratos gubernamentales”.
Queda claro entonces, que las adjudicaciones directas para los contratos de la administración pública no han logrado revertir su tendencia en crecimiento tras la llegada de un gobierno federal en 2018.
Por otra parte, el reporte de MCCI señala: “de acuerdo a estudios internacionales, la adopción del método de licitaciones abiertas y transparentes es una de las principales herramientas para cerrar las ventanas de oportunidad de corrupción gubernamental”.
Para Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de “México Evalúa” la adjudicación directa “es resultado de una mala planeación, es resultado de no contar con información específica e inteligente sobre el mercado, sobre quiénes ofrecen los bienes y servicios, en qué condiciones. No siempre es porque haya una intención de corrupción, sino porque se requiere el producto ya, y no se cuenta con la información, no hay un proceso eficiente”.
Así las cosas, a partir de ya, el gobierno federal está obligado a revertir la añeja práctica de otorgar adjudicaciones directas a proveedores afines a Morena.
Y en cuanto a las aeronaves del gobierno federal se avizora, al igual que el avión presidencial, la venta de un sinnúmero de aviones y helicópteros al mejor postor.
