Jaime Armendáriz / Raíchali
Los partidos políticos en el estado de Chihuahua quedaron obligados a registrar indígenas en una de las 22 diputaciones de elección directa que hay en el Congreso local, en sus candidaturas plurinominales, y en las planillas de Ayuntamientos en 30 municipios, entre ellos Juárez y Chihuahua, para el proceso electoral del 2021.
El lineamiento lo emitió el Instituto Estatal Electoral (IEE) tras orden del Tribunal Estatal Electoral (TEE), luego de una impugnación ciudadana contra el Poder Legislativo; a este último se le acusó por no haber garantizado en la más reciente reforma electoral, realizada a mediados de este año, la participación ciudadana de las comunidades en las elecciones del siguiente año, en las cuales se renovará la gubernatura, el Congreso y las presidencias municipales.
En el caso del Legislativo, conformado por 22 diputaciones de mayoría relativa y 11 plurinominales, los consejeros del IEE establecieron que en el distrito 22, con cabecera en Guachochi e integrado por Balleza, Batopila, Carichí, Guadalupe y Calvo, Morelos, Urique, todos en la sierra Tarahumara, los partidos deben registrar a personas de autoadscripción indígena, tanto en espacio de propietario como en la suplencia.
Esto debido a que 104 mil de los 164 mil habitantes en esa demarcación territorial se autodenomina indígena, es decir, un 63 por ciento. La mayoría de esa población se concentra en Guachochi y Guadalupe y Calvo.
Además, todos los partidos deberán reservar un espacio en su lista de candidaturas plurinominales a ese tipo de representación.
En el caso de las planillas de Ayuntamiento, se definió que en 30 de los 67 municipios de la entidad deberán darse forzosamente espacios similares, por la concentración de comunidades originarias.
En 10 de esos municipios se tendrán que integrar a 2 personas indígenas en las planillas de los partidos políticos: Balleza, Batopilas, Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Maguarichi, Morelos, Nonoava, Urique y Uruachi.
Mientras que en los otros 20 deberá reservarse un espacio como mínimo: Camargo, Carichi, Chihuahua, Chínipas, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Delicias, El Tule, Galeana, Guazapares, Guerrero, Parral, Jiménez, Juárez, Julimes, Madera, Moris, Namiquipa, San Francisco de Borja y Temósachic.
Es decir que, de los 779 cargos municipales de elección popular, 40 tendrán que ocuparse por personas de comunidades indígenas.
Asimismo quedó como obligatorio respetar la igualdad entre las candidaturas de hombres y mujeres; en consecuencia, en aquellos casos en que postulen dos candidaturas indígenas, al menos una, con su respectiva suplencia, deberá ser encabezada por mujer.
Comunidades deberían elegir como llegar a esos puestos, no por los partidos políticos
Isela González, reconocida activista y directora de la organización Alianza Sierra Madre, que ha brindado acompañamiento jurídico a comunidades en la lucha por sus derechos, consideró que mientras la participación indígena no esté garantizada por ley habrá partidos políticos que solo caigan en la simulación, como ocurrió cuando se dieron los primeros esfuerzos por obligar a la paridad de género.
En este sentido subrayó que luego del proceso electoral tiene que hacerse una amplia consulta en las comunidades para que sean los propios pueblos quienes definan cómo quieren llegar al Congreso del Estado y a los Ayuntamientos, mediante sus mecanismos, y no tener como vía a los partidos políticos, de lo contrario sólo accederán a esos espacios los militantes.
“A los partidos políticos no les interesa la participación indígena. En esta elección se verá que quienes lleguen tendrán los intereses de los partidos políticos, porque los cooptan. Lo que se necesita es que las comunidades encuentren sus mecanismos para postular, porque los partidos, el que sea, no tienen propuesta alguna dirigida a los pueblos indígenas”.
De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en el 2015 había en Chihuahua 139 mil 174 personas pertenecientes a pueblos indígenas, de los cuales 97 mil son tarahumaras, 14 mil tepehuanos del norte, 8 mil sin especificar, casi 4 mil náhuatl, 2 mil zapotecos, casi 2 mil chinatecos, mil 500 mixtecos, mil 500 mazahuas, 890 guarijíos, 663 pimas, entre otros.
Aún así la participación de esas comunidades es casi nula.
El IEE consultó con el Congreso del Estado si había personas indígenas que ocupen o hayan ocupado espacios de elección popular y el Legislativo respondió que no tenían esa información. La misma solicitud se hizo a los 67 municipios pero solo Bocoyna, Chínipas, Guachochi y Maguarichi respondieron que en sus Cabildos hay presencia de regidurías de etnia tarahumara y guarojío.
Un reto para el IEE, advierten impugnaciones
Aunque los lineamientos del IEE tienen la obligatoriedad hacia los partidos de cumplir con la participación indígena, existe la posibilidad de que promuevan impugnaciones al momento de no cumplir y negarles el registro, y con eso dejar todo en la cancha de los tribunales electorales.
El consejero Gerardo Macías Rodríguez, quien encabeza la comisión de Grupos Étnicos y Pueblos Indígenas en el instituto electoral, dijo que ya existen antecedentes en elecciones federales que respaldan el acuerdo y el lineamiento emitido a nivel local, y por eso existe la confianza en que los partidos acatarán el resolutivo.
Justo la falta de reforma legal provocó que se emergiera con el documento aprobado apenas el 21 de octubre pasado, que ya quedó en firme al no tener inconformidades de las representaciones de los partidos.
El camino para garantizar la participación indígena desde las leyes comenzó en 2019 con una mesa interinstitucional integrada por Congreso del Estado, TEE, IEE, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Coepi, e INPI, pero apenas hasta marzo de éste 2020 intentaron iniciar la consulta que están obligados a hacer cuando existan cambios que afecte a los indígenas, pero la actividad se vio truncada muy rápido por la pandemia mundial generada por el Covid-19.
Aun así, los lineamientos abren la posibilidad a la participación de las comunidades, no sin antes generarle otro reto más al IEE: evitar que los partidos políticos caigan en la simulación.
Ello porque cada registro deberá acompañarse por la autoadscripción calificada como indígena de la persona postulada, y esto podrá acreditarse si en la candidatura van personas que prestaron servicios comunitarios, o desempeñados cargos tradicionales en la comunidad correspondiente; si participaron en reuniones de trabajo sobre conflictos de sus territorios, o representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones.
Esos parámetros no son limitativos, podría haber otros, pero si es importante proteger lo más que se pueda esas candidaturas, precisó el consejero Macías, ya que finalmente los partidos políticos tienen la carga de comprobar la pertenencia indígena de esas candidaturas.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
