Las disposiciones no son políticas inclusivas, sino medidas o políticas discriminadoras y con tintes de clasismo, en especial cuando desde las instituciones gubernamentales no se establecen estrategias de apoyo directo y contundente a los sectores en desventaja… para pedir conciencia también hay que tenerla
Gabriel Álvarez Flores
El gobierno del Estado de Chihuahua, encabezado por Javier Corral Jurado, ha decretado un nuevo conjunto de medidas públicas para actuar sobre la pandemia de COVID-19. Esto se suma a las ya existentes medidas y restricciones que se activaron de manera previa, en consecuencia del semáforo epidemiológico rojo en que entró el estado exactamente dos semanas atrás, luego del drástico aumento de contagios y fallecimientos: la situación más crítica que el estado ha experimentado en lo que va del año 2020 durante la pandemia.
Las nuevas medidas contemplan restricciones más duras a comercios y a la movilidad, estableciendo que a partir del jueves 5 de noviembre, aún los negocios considerados esenciales (por decreto federal) como los supermercados, deberán cerrar sus puertas de lunes a viernes hasta las 7 pm, así como cierre total a clientes durante sábados y domingos.
Hasta el momento, lo que se sabe de este nuevo coronavirus es que la vía de contagio más importante ocurre a través del aire y las secreciones que una persona enferma puede emitir por su boca o nariz al hablar, respirar, toser o estornudar, así como tocar superficies cercanas que hayan entrado en contacto con una persona infectada. Es por esto que los esfuerzos de la sociedad como de los gobiernos se concentran en el distanciamiento social, en evitar lugares aglomerados o salidas innecesarias de casa, utilizar cubrebocas (aunque no se crea enfermo) y en el lavado constante de manos y superficies.
Siendo este país el de mayor tasa de letalidad de la enfermedad a nivel mundial, Chihuahua está a la cabeza nacional con las mayores tasas y velocidad de contagio al momento, lo que le ha puesto en el ojo público (además de los conflictos por las presas y la violencia) por ser el primer estado que volvió a semáforo rojo después de la crisis inicial de la pandemia a mediados de año.
A consecuencia, el gobierno estatal ha tomado medidas controversiales para frenar el reciente y alarmante repunte de contagios que no ha cedido. Medidas que en las siguientes líneas discutiremos, especialmente sobre los efectos poco deseados que han generado y pueden generar en nuestra sociedad.
Medidas sobre medidas
Es importante identificar los niveles de las restricciones que operan actualmente. Si bien existen restricciones generales a nivel federal (desde la Secretaría de Salud principalmente), los gobiernos estatales gozan de la figura legal de Autoridad Sanitaria, lo que les permite hacer manejos regionales o locales según consideren apropiados para su población. Esto significa que el Gobierno del Estado de Chihuahua puede tomar decisiones sobre el manejo la pandemia o cualquier otra situación de riesgo de salud.
Dicho esto, el semáforo epidemiológico estatal es parte de esas decisiones en las que el Gobierno de Chihuahua ha establecido lineamientos, o una especie de manual, en que si la realidad estatal presenta ciertas condiciones ahí descritas, se dice que el semáforo epidemiológico está en tal o cual color, en una escala donde el verde indica que no hay presencia del virus ni restricciones, y el rojo como el momento más crítico de prohibiciones máximas. El semáforo es actualizado cada par de semanas y con el color que se anuncie se aplican diversas medidas, restricciones y prioridades gubernamentales, como ya ocurrió hace poco.
Un punto a tener presente es que al semáforo rojo de hace unas semanas se anexaron restricciones adicionales sobre la venta de alcohol; esto ya que el gobierno consideró que el consumo de alcohol en fin de semana es el causante de que las fiestas y reuniones sociales siguieran en aumento en todo el estado, a pesar de que las indicaciones estatales llaman a evitar ese tipo de reuniones.
La prohibición de la venta de alcohol trata de una medida de restricción adicional e independiente del semáforo rojo, y estipula una prohibición parcial al funcionamiento de licorerías y de venta de alcohol en tiendas no especializadas, limitándose a los lunes, martes y miércoles, para frenar la compra y consumo en fin de semana, y en consecuencia disminuir reuniones; sobre su eficacia social hablaremos más adelante.
Tras el rojo de hace dos semanas y las medidas que entraron en su decreto, los contagios continuaron en aumento de forma alarmante, por lo que entró en efecto el jueves pasado un tercer grupo de restricciones (un segundo decreto) mencionado al inicio de este texto, en el que se restringe la movilidad y la operación de negocios de gran tamaño, en las noches como en los fines de semana. Este “supercierre” (como algunos medios de comunicación comenzaron a llamarle) no reemplaza al anterior semáforo rojo y sus medidas, sino que agrega otras más severas sobre los fines de semana y mantiene otras más generales. Entre las adiciones, está la cancelación del transporte público en los horarios y días de restricción (a excepción de las rutas que transitan por hospitales y puntos de interés médico), el cierre de tiendas esenciales mayores a 300 m2 y la prohibición del desplazamiento sin fines médicos. También algunos servicios privados de transporte estarán restringidos y los restaurantes sólo podrán operar mediante servicio a domicilio o aplicaciones para el mismo, sin posibilidad de recibir clientes de órdenes para llevar.
Discurso “endurecido” e incompetencia técnica
El discurso gubernamental en estas nuevas restricciones de movilidad ha sido notablemente agresivo y con tintes de castigo hacia la ciudadanía. No sólo las comunicaciones oficiales del Gobierno del Estado emplean términos relacionados a “endurecer” medidas y tener “mano firme”, sino que en repetidas ocasiones el gobernador Javier Corral ha mencionado que la ciudadanía ha actuado de forma egoísta e irresponsable anteriormente, por lo que se ha tenido que adoptar esta nueva estrategia más estricta. Si bien esa postura podría tener algo de verdad, los responsables de esta actual situación crítica no han sido únicamente los ciudadanos: Debemos recordar que a finales de agosto y sin un deceso significativo ni mantenido de contagios, el Gobierno del Estado decidió pasar de semáforo naranja a amarillo con la probable intención de reactivar la economía, con lo que las medidas de restricción se relajaron, muchas actividades y negocios volvieron a permitirse y se aumentó de manera relevante la movilidad.
Parques, plazas, restaurantes, centros comerciales y domicilios se aglomeraron incluso más que antes de la pandemia, con cada vez más presencia de personas en espacios públicos hasta llegar al punto crítico de los hospitales públicos y privados abarrotados, por lo que se activó el semáforo rojo.
Durante el anuncio público en redes del 4 de noviembre, el gobernador mencionó que meses atrás los chihuahuenses se confiaron y relajaron medidas sanitarias, declarando que “entramos al (semáforo) amarillo y la gente se sintió en verde, creyó que ya estaba superada la pandemia”, en especial evitando el uso de cubrebocas. Sin embargo, este comportamiento social se detonó en consecuencia directa de que el mismo gobierno del estado cambiara de un semáforo naranja, de alto peligro, a uno de amarillo, de peligro moderado.
Si la intención era mantener medidas de precaución para evitar repuntes, ¿por qué motivo el gobierno del estado envía un mensaje equivocado a la población de que la situación mejoró? Especialmente sin una justificación lógica, científica, o de salud pública que lo avale, pues el panorama de contagios no se mantuvo estable por más de un mes como para declarar victoria.
Cambiar un naranja por un amarillo es un mensaje que fácilmente se puede interpretar como una permisión gubernamental para relajar medidas, por lo que el gobierno también tiene responsabilidad en las libertades que los chihuahuenses se tomaron.
No es ninguna sorpresa que a lo largo de esta pandemia y que, a pesar de contar con un Consejo Estatal de Salud con autoridades médicas, las estrategias han sido principalmente de carácter económico, enfocadas a la actividad comercial. Después de todo, haber nombrado a un economista y empresario sin experiencia en salud como nuevo Secretario de Salud estatal (en remplazo del anterior secretario, recientemente fallecido por COVID) se alinea con el carácter tecnocrático de este gobierno, concentrado en el discurso de innovación, tecnología y productividad, idealizando una especie de desarrollo americanizado.
El discurso de progreso se ha quedado solamente en eso, pues a casi 8 meses de esta devastadora pandemia, poco se ha visto de tan mencionada innovación, con estrategias flojas y despreocupadas mientras el gobernador se enfoca en discusiones y polarizaciones políticas fuera del estado. Hasta que los hospitales toparon sus capacidades y no hubo suficiente personal médico para brindar servicios, decidió actuar de manera firme pero tardía, imponiendo gradualmente más restricciones… pero pocas soluciones prácticas y alivios reales para la población chihuahuense.
Ahí tenemos el pesado costal que se viene arrastrando desde los primeros días en que el coronavirus tocó al norte: La industria maquiladora, donde se presentaron primeros casos oficiales en Juárez, continuó operando de manera desregulada y en opacidad, con pocas (si no es que mínimas) medidas de seguridad para sus trabajadores, hasta que hace pocos meses, tras varias presiones sociales y decenas de trabajadores contagiados y fallecidos, las autoridades estatales decidieron prohibir la operación de aquellas fábricas consideradas no esenciales. Pero las omisiones se hicieron por muchos meses.
Así como las maquiladoras se han beneficiado a costa de la salud y vida de muchos chihuahuenses de la clase baja, pareciera que el actuar gubernamental se tratara más de una estrategia empresarial para privilegiar a la gran empresa que de una por la salud pública, concentrándose más en reajustes comerciales que ocupándose de estrategias y propuestas para la solución de la situación: Con privilegio para las empresas maquiladoras pero también con las grandes industrias como las cadenas de supermercados, que al mantenerse como empresas esenciales no han detenido sus ganancias desde que esto comenzó y han sacado del mercado a miles de negocios locales y pequeños comercios de venta de productos, que han sido decretados por el mismo estado como no esenciales, obligándolos a cerrar y a ser suplantados por los departamentos de estos supermercados.
Y qué decir de la empresa cervecera, que aún estando en una pandemia de afectación directa a la salud, la venta de bebidas alcohólicas se sigue permitiendo de forma parcial, como si se tratara de un producto “semiesencial”. Un hecho también sin sorpresas, pues recordemos la relación del Gobierno del Estado con la reciente inversión millonaria de la empresa Cuauhtémoc-Moctezuma, con su planta cervecera en Meoqui: No es una casualidad que en pleno desierto se decida establecer una cervecera que requiere millones de litros de agua para producir, pues somos un estado con altísimos índices de consumo de alcohol, un mercado perfecto para venderle todo lo que produce.
¿Cómo vamos a quedarle mal nosotros, un estado que se vende moderno e industrializado, a la empresa de la que presumimos haber invitado a invertir, bloqueándole la venta de su cerveza… aunque sea un factor negativo que agrave la pandemia?
Con funcionarios activamente más involucrados en pleitos político-partidistas nacionales mientras somos una bandera roja en el país, realizando inversiones millonarias en obras públicas ajenas a la salud, empleando medidas de pandemia carentes de valor técnico y científico, poco razonadas y simplistas para salir de problemas, sin una perspectiva social profesional y desde la postura autoritaria y de castigo, sin considerar a la población más pobre y vulnerable: Así es como se da evidencia de un aparato gubernamental estatal no solo técnicamente incompetente, sino que obliga a los ciudadanos a “aguantar” sin ninguna garantía de mejora. No hay apoyos económicos para todas las familias, no se garantizan servicios estatales de salud, no hay estímulos para los servicios básicos ni para los gastos de vivienda (incluso la JMAS ha aumentado las tarifas mínimas al menos 1 peso cada mes). Pero sí se obliga a quedarse en casa por segunda ocasión, sin laborar, mientras los gastos por el simple hecho de vivir corren mientras los ingresos se detienen; peor aún si esto se vive con enfermedad.
Los efectos socioeconómicos: Más allá de las filas por el super
Las nuevas medidas, especialmente las de restricción a los supermercados, sorprenden a cualquier habitante promedio. Probablemente la premisa que imaginó el equipo del gobierno de estado era que con prohibir ciertos horarios y limitar el tiempo y días permitidos para salir, se detendría el flujo y encuentro de personas, un factor de riesgo para contagiarse del virus. Sin embargo, acortar los tiempos de operación de los supermercados genera una respuesta contraria y es visible desde el primer momento: A menor tiempo de apertura de la tienda, más clientes coincidirán. Es decir, incluso si se sigue recibiendo el mismo número de clientes que siempre, ahora habrá una mayor concentración de clientes por hora en el espacio físico y se generará un cuello de botella con los compradores diarios, generando aglomeraciones y aumentando significativamente el riesgo de contagio. Vamos, es un criterio básico que no es precisamente exclusivo de la salud pública, sino de la administración de un negocio, que precisamente empresarios y comerciantes conocen muy bien.
Hay otros efectos que impactarán más en contra que a favor, además de tener que hacer largas filas para comprar alimentos y de los desabastos innecesarios que las compras de pánico han generado. El ingreso económico de miles de familias verá una reducción considerable durante las próximas quincenas y con ello su estabilidad económica general, pues, aunque se trate de un decreto estatal, no hay garantía de días pagados no laborados para los trabajadores de industria maquiladora, de supermercados y de transporte. Son reajustes económicos que modifican de golpe las finanzas familiares y aprietan aún más ya limitadas opciones que les quedan a las familias juarenses; el gobierno estatal sólo impone las medidas, estas como las anteriores, pero no ofrece alivios económicos para soportarlas.
Así como se ha lucrado inflando precios de los insumos médicos, cubrebocas, gel antibacterial y tanques de oxígeno, otros mercados desregulados se van abriendo paso. La prohibición parcial de venta de alcohol ha provocado el crecimiento del mercado informal de su reventa (“clandes”), por lo que las aglomeraciones de lunes, martes y miércoles en comercios que venden alcohol se generan en parte por las personas que se dedican a comprarlo y revenderlo en el periodo de restricción (jueves, viernes, sábado y domingo).
Esta actividad ilegal es económicamente muy redituable por los altos niveles de ganancia y se ha hecho la actividad principal de muchas personas durante el semáforo rojo, ya sea que por las restricciones no han sido llamados a presentarse en su trabajo o que se encuentran desempleados y realizan esta actividad en remplazo a un trabajo formal. Es decir que la prohibición parcial del alcohol no sólo no ha logrado disminuir el consumo de bebidas alcohólicas (por lo que muy probablemente tampoco las reuniones sociales para ingerirlas), sino que además la medida estatal “a medias” está provocando un mercado ilegal.
En caso práctico sobre otros efectos de las medidas, podemos poner de ejemplo a los negocios de comida que tendrán permitido abrir los fines de semana, pero sólo con servicio a domicilio: Sin opción para los clientes de recoger pedidos o solicitar para llevar, los negocios perderán una parte muy importante de los ingresos usuales de fin de semana. Aquellos que no contaban con servicio a domicilio, deberán absorber el costo de un repartidor y gasolina para poder trabajar en tales días. Por si fuera poco, particularmente los negocios pequeños sin mucho capital no tienen la posibilidad de comprar y almacenar grandes cantidades de insumos para fabricar sus platillos para el sábado y domingo, por lo que deberán planear muy bien previo al fin de semana.
Durante su operación estos negocios de comida no sólo tendrán pocas opciones (dependiendo de su ubicación y cercanía a tiendas pequeñas) para comprar insumos, pero al no estar funcionando sus proveedores y tiendas mayoristas de siempre, tanto la calidad de sus platillos como los márgenes de ganancia se verán afectados, pues las pequeñas tiendas donde podrán encontrar productos generalmente se venden a precio de consumidor final y no de mayoreo. Por otro lado, si los negocios pueden administrarse muy bien como para invertir tiempo y esfuerzo en comprar sus productos entre semana, los desabastos de productos (como carnes, que ya ha ocurrido) obligarán a volver varias veces a los supermercados y hacer largas filas durante la semana hasta lograr obtener todos los insumos necesarios, significando dinero (pago de empleado o pérdida de no tener el negocio abierto) y tiempo no productivo perdido en la espera. Por si fuera poco, los viernes serán críticos en las filas de los supermercados, pues muchos comerciantes precisamente buscarán comprar productos para operar al día siguiente.
A estas y otras complicaciones que escapan a mi conocimiento se enfrentarán los vendedores de comida para poder trabajar en fin de semana, que probablemente no valdrá la pena porque depender del servicio a domicilio, que limita los números de órdenes posibles. Para muchos restaurantes pequeños significará menor pérdida el hecho de no en estas condiciones, ahorcando aún más sus ingresos ya golpeados por meses anteriores. De nuevo las grandes cadenas tienen la ventaja y menor pérdida con estas medidas estatales.
En una especie de muy mala coincidencia, las nuevas restricciones ocurrirán en las mismas fechas que el Buen Fin, un evento nacional para favorecer el consumo y la economía mexicana; afecta la esperanza de negocios locales por tener mejores ventas, pero también a largo plazo a la economía nacional por las grandes empresas, pues cuando no cumplen con mínimos de ventas, corren el riesgo de desaparecer por decisiones corporativas, y con ellas empleos y servicios a nivel local. Esto por supuesto sumado a las pérdidas millonarias que la prohibición de actividades viene generando desde hace meses en el comercio y la industria, y el “supercierre” afectará radicalmente a los miles de chihuahuenses conductores de Uber que veían sus mejores ganancias en los turnos nocturnos y de fin de semana. En este periodo de carencia económica agravada por las restricciones comerciales, tampoco debemos subestimar el notable repunte de actos de delincuencia y robos a mano armada que se observa en las ciudades. Es algo a tener en cuenta como efecto indirecto de la prohibición de apertura; veremos cómo progresa este problema en las próximas semanas cercanas a las fiestas decembrinas, fechas de usual aumento de siniestros por tratarse de una época de consumo y compras obligadas por la tradición.
Un asunto de derechos y privilegios
Medidas drásticas de prohibición ponen sobre un hilo los derechos de las y los pobladores y pone en una situación complicada a la población que ya venían sufriendo de carencias o que son grupos vulnerables.
En zonas habitadas mayormente por personas adultas mayores, los desabastos sin ningún tipo de justificación mas que el acaparamiento y el pánico, limitan las posibilidades de muchas de estas personas adultas para adquirir los productos alimenticios; no debemos olvidar que pertenecen a los grupos vulnerables frente al virus, y someterse a las largas filas no sólo las pone en un mayor riesgo de contagio sino también al agotamiento físico por las esperas de pie y por la “cacería” de productos necesarios de un supermercado a otro. Si bien se puede argumentar que otros pueden hacer sus compras por ellos como familiares o servicios a domicilio, la realidad es que muchos de ellos no dependen mas que de sí mismos y los servicios de entrega representan un gasto adicional, que para muchos equivale a quitar productos necesarios de su lista de compras.
Otro aspecto problemático sobre las restricciones a los supermercados es que estos, al ser proveedores de alimentos para las personas, indirectamente facilitan el derecho a la alimentación, aunque se traten de negocios privados. Restringir su operación en fin de semana y a ciertas horas, deja fuera a un gran sector trabajador de las maquiladoras donde su dinámica laboral y familiar no se empata a las compras entre semana. En personas con trabajos de jornada doble o extendida, las compras de fin de semana son la opción más viable para surtirse.
También es común que en ciertas empresas el pago de salarios ocurra los viernes por las tardes, por lo que las familias deberán esperar hasta el lunes para comprar alimentos. Este último punto de los pagos se trata de políticas de los centros de trabajo que tal vez pudieran modificarse para no perjudicar tanto a los trabajadores en esta situación extraordinaria, pero a fin de cuentas es un asunto de voluntad de cada empresa y que es más probable que no ocurra a que ocurra (por las modificaciones de procesos internos que se requeriría).
Restringir un derecho humano esencial en la vida urbana como es la movilidad no solo es peligroso en términos del poder político para dominar a la población, sino que se puede interpretar de manera simplista como que la vida de los de menores posibilidades económicas es simplista o irrelevante.
Limitar el transporte público por supuesto que tiene un impacto directo para disminuir los contagios (técnicamente todo lo que se cancela disminuye contagios), pero pensemos con detenimiento las posibles situaciones que no son “esenciales” pero si muy importantes incluso para mantenerse confinado en casa.
¿Qué pasa con los padres que necesitan recoger a sus hijos del lugar donde los cuidaron mientras trabajan, si salen del trabajo ya iniciado el “supercierre”? O incluso en situaciones de padres divorciados, con custodia compartida y sin vehículo que necesitan transportar a los hijos en fin de semana. ¿Qué pasa con las personas de zonas no centrales y sin auto que requieren viajar para cuidar a un familiar enfermo? ¿Qué pasa con las familias que no pudieron comprar alimentos por el cierre de fin de semana, y que no se pueden dar el lujo de alimentarse de restaurantes con el servicio a domicilio? ¿Qué pasa en general con las miles de familias con micronegocios y puestos de comida que no tendrán ingresos en los días más productivos, por no tener los medios para organizarse así de rápido y alcanzar los requerimientos necesarios para operar sábados y domingos?
Incluso el poder compartir artículos esenciales entre familia, amigos o conocidos para poder cumplir con la orden de confinamiento se ve afectado al paralizar el transporte público, pues el desplazamiento no ocurre sólo por mero gusto o fines de diversión en la ciudad, sino para lograr las alternativas que la clase baja se tiene que ingeniar para sobrevivir y que las clases altas no enfrentan teniendo sus comodidades.
Son dinámicas castigadas que les tocará enfrentar a muchas familias de clase media baja trabajadora en Ciudad Juárez, a las que parece que no se tomaron en cuenta durante la planeación de estas estrategias estatales, en las que pareciera que la única solución que se les ofrece a dichos grupos es que se ajusten a privilegios de consumo de clases más altas: auto propio (reglamentados, porque está vigente la persecución de autos no legalizados), servicios privados de transporte y pedir alimentos de especialidad por plataformas, adquirir productos básicos a altos costos o de forma no tradicional con cobros extra.
Hablaríamos entonces de que no son políticas inclusivas, sino medidas o políticas discriminadoras y con tintes de clasismo, en especial cuando desde las instituciones gubernamentales no se establecen estrategias de apoyo directo y contundente a los sectores en desventaja.
¿Qué debería cambiar?
Tras más de siete meses manteniendo una economía golpeada, las nuevas medidas de “supercierre” parecen enfocadas a limitar o afectar principalmente a las clases menos privilegiadas. Somos el estado más grande del país y con significativas diferencias entre tipos y condiciones de población a lo largo de su territorio; pensemos qué podría ocurrir en las comunidades urbanas que no tienen un desarrollo significativo y que carecen de muchas de las alternativas (principalmente las de plataformas de servicios) que el gobierno estatal considera como opciones para mantenerse confinados. Sin Uber Eats, sin Didi y sin servicios a domicilio similares funcionando en sus ciudades, ¿cómo suplirán algunas de estas complejidades que se impusieron de la noche a la mañana? Lo más probable es que no se obedecerán completamente las indicaciones oficiales, pues usualmente si una política pública no sirve o no se ajusta a la realidad, es la misma sociedad la que la ignora en los hechos, provocando resultados dispares de la estrategia de pandemia y con más afectados de un lado que de otro. Acorde al diseño de estas medidas, se puede decir que son las personas de más privilegios aquellas más aptas para acatarlas al pie de la letra, pues sus condiciones les permiten salir menos afectados que las clases bajas al cumplirlas.
Aunque el objetivo de este texto no es proponer alternativas específicas para un tema tan extenso (requeriría una redacción aparte y un análisis más formal, que a diferencia de mi persona, el gobierno del estado SÍ tuvo/tiene responsabilidad de elaborarlo para tomar decisiones), pero sí hay algunos aspectos indispensables que se requieren para mejorar la situación en general durante la pandemia en Chihuahua. Algunos de ellos son:
*Que el Gobierno del Estado tome un papel activo de prevención sobre la pandemia, en empatía y respeto hacia la población, reemplazando la postura pasivo-restrictiva que responsabiliza a las y los individuos de la situación estatal.
*Privilegiar la salud y bienestar de todos los chihuahuenses.
*Aspectos empresariales y grupos de relevancia económica o política no deberán estar por encima de lo anterior.
*Concentrar los esfuerzos y recursos gubernamentales en el alivio de la crisis estatal por pandemia: Enfocarse en asuntos al interior del estado y redireccionar presupuestos de obras públicas no esenciales a las necesidades urgentes en el tema de COVID-19.
*En las medidas de índole comercial, proveer facilidades para la apertura y sana competencia de los pequeños y medianos negocios. Facilitar medios y mecanismos para que puedan cumplir con las medidas exigidas por el gobierno y así continuar su operación frente a grandes industrias y cadenas comerciales.
*Implementar mecanismos de alivio económico para la población, en lugar de ordenar cese de actividades comerciales que provoca la ausencia de ingresos familiares. Apoyos en servicios básicos relacionados a la vivienda para promover el quedarse en casa, en favor de disminuir la incertidumbre económica que genera el pago de servicios esenciales.
*Diseñar medidas de salud pública con sensibilidad social. Es decir, evitar las medidas clasistas orientadas a las posibilidades de un segmento medio-alto de la población, sin tomar en cuenta o en difícil cumplimiento por toda la población y vulnerando derechos básicos de las clases más bajas.
*Que toda nueva medida restrictiva esté respaldada por un análisis PROFESIONAL, documentado e instantáneamente público, fundamentado en el momento y contextos sociales de las y los afectados, y generado por profesionales de economía, sociedad, ley, derechos y salud. Esto a fin de evitar arbitrariedades e improvisaciones que generen daños irreparables a la calidad de vida de la población, así como transparentar la justificación de las medidas estatales.
*Uso creativo, relevante e innovador de las tecnologías y medios digitales para eficientizar procesos económicos, políticos, sociales y personales, en el monitoreo, control y prevención en las nuevas normalidades.
*Aumentar y/o mejorar los esfuerzos de educación a la población por parte del Gobierno del Estado en temas de prevención de la salud, para disminuir contagios y generar conciencia social en pandemia.
*Moderar los privilegios y gastos de los servidores públicos estatales de alto nivel, para racionar de manera prudente los recursos públicos y empatarse a las circunstancias económicas del grueso de la población chihuahuense.
Nada está escrito en piedra y el pronóstico para las nuevas medidas de restricción podría dar un giro favorable. Sin embargo, a dos días de su efecto muestran un nuevo nivel de caos social en tiempo récord, que ocurrió horas antes de que las propias medidas fueran oficiales. Siendo ya dos semanas desde que Chihuahua pasó a rojo con sus nuevos cierres, no hay una mejora real de nuestra situación estatal en atención de COVID-19: Los contagios y fallecimientos siguen incrementando aceleradamente, los hospitales siguen sin capacidad de recibir más personas enfermas, las calles siguen siendo cada vez más transitadas y se siguen requiriendo más profesionales de la salud.
Por supuesto que cada uno de nosotros debe actuar con responsabilidad social y quedarnos en casa, pero resulta difícil que la gente pueda lograrlo cuando literalmente (y sumándole los meses sobrevividos de esta manera) las restricciones van en aumento a forma de castigo y no hay ningún incentivo para permanecer en casa sin ingresos: Alimentarse es el único incentivo existente hasta ahora, y para ese la mayoría de las familias en carencia debe salir.
En un intento por comprender a la sociedad chihuahuense más afectada, si al gobierno del estado (que es el aparato que recibe nuestro propio dinero y que por ley se encarga de nuestro bienestar) no le importa comprender las realidades ni aliviar las situaciones de los chihuahuenses… ¿por qué a los chihuahuenses debería importarles obedecer órdenes simplistas y poco técnicas, en las que de todas las formas posibles son ellos los que más salen perdiendo? ¿Por qué la gente es la que en este escenario debe obedecer y sacrificarse sin reparos, cuando el gobierno estatal es la herramienta que debe buscar el bienestar de las personas en primer lugar?
En Chihuahua se ha generado un dilema social provocado por el desamparo y desinterés del gobernador hacia su gente, y es así como gran parte de la sociedad ha perdido la confianza y credibilidad en el gobierno estatal con su imagen de general gritando a lo lejos y no como líder de un mismo barco, sosteniendo las cuerdas junto a las y los demás tripulantes. De no cambiar esa postura institucional, las restricciones podrán seguir aumentando hasta el infinito, pero llegará un punto en el que la ciudadanía simplemente las ignorará y continuará con la vida bajo sus propios términos; en gran riesgo y catástrofe sanitaria, claro, pero en una realidad donde la crisis sanitaria no sea superior a la crisis económica y de violencia que ya se siente.
Porque para pedir conciencia, también hay que tenerla.
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Gabriel Alvarez Flores es estudiante de la Maestría en Trabajo Social por la UACJ. Su línea de investigación académica aborda el empleo y las juventudes, y se interesa por el análisis de las políticas públicas y sociales en México.
