Casos de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez ponen a prueba a la estructura operativa de esta instancia de justicia que recae en siete jueces
Blanca Elizabeth Carmona / La Verdad
A poco más de tres meses de su instalación en Ciudad Juárez, el Tribunal Especializado en Violencia de Género se encuentra saturado por la cantidad de casos de violencia contra la mujer recibidos y el escaso personal con el que opera.
El desafío que enfrenta esta instancia es que nació en medio de la pandemia sanitaria generada por el COVID-19 y restringida en recursos económico y de personal, de acuerdo con datos oficiales.
Este órgano es un ente judicial enfocado a impartir justicia tomando en cuenta, además de las leyes, la discriminación, la desigualdad y la exclusión que viven algunas mujeres, se informó.
El Tribunal de género comenzó a funcionar el primero de septiembre de este año, únicamente con siete jueces de Control y de Enjuiciamiento, informó la magistrada Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez. Aun así, ha logrado 39 sentencia por procedimientos abreviados.
Actualmente los juzgadores atienden solo el delito de violencia familiar, que anualmente representa al menos el 22 por ciento de la carga laboral de los juzgados penales de esta frontera, dijo.
“La pandemia ha venido a mermar a todas las instituciones, el Tribunal no ha sido la excepción trabajamos con las posibilidades que esta realidad nos está permitiendo, con un grupo de siete jueces y juezas de Enjuiciamiento y Control, quienes ahorita se están encargado del delito de violencia familiar… este es el primer paso de la instalación del Tribunal, no podemos entrar con todos los delitos de género porque eso necesita un estudio presupuestal que a lo mejor no podemos tener por las condiciones en que nos encontramos”, señalo Villanueva Pérez
Del primero de septiembre al 24 de noviembre, el Tribunal de género llevó 316 causas penales solo por violencia familiar, en 915 audiencias.
“Estas 915 audiencias divididas entre siete jueces es un trabajo fuerte. Si a esa cantidad si le sumamos los delitos sexuales, esto significa que el Tribunal requiere de mayores insumos materiales y humanos. Para implementar el siguiente paso, en marzo del año que entra, necesitamos más jueces”, dijo Villanueva al precisar que de acuerdo con las proyecciones realizadas al menos será necesario contar con 12 jueces para el Tribunal de género de Juárez y la Comisión también demanda mayor personal.
La falta de personal también agobia a los jueces pues sólo cuatro de ellos cuentan con proyectistas y faltan secretarios de salas, dijo la magistrada.
Ante este panorama, Imelda Marrufo Nava, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres, organización que impuso la creación del Tribunal de género, dijo que esperaban que este órgano iniciara con un mayor personal, no tan limitado.
“Nosotros planteamos esta necesidad presupuestaria, para que haya una ampliación de personal en Ciudad Juárez, (el Tribunal) no se puede quedar con esta cantidad de juzgadores porque realmente la carga es muy alta” afirmó.
“Si bien es cierto que se inicia con un compromiso muy fuerte, porque si están sacando el trabajo, me parece que a lo largo del tiempo no puede ser sostenible sobre todo si el próximo año se empieza con otro tipo de delitos, como los sexuales”, añadió Marrufo.
Sobre la condición que registra esta instancia de justicia de delitos contra las mujeres, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua, Pablo Héctor González Villalobos, reconoció que al Tribunal de género le falta mucho para alcanzar lo planeado.
Entre lo pendiente señaló que los jueces que lo conforman deben cambiar su sede al edificio del Centro de Justicia para Mujeres (Cejum), actualmente opera en Ciudad Judicial.
González Villalobos también mencionó que el Tribunal recién creado debe aún encargarse de atender casos de la justicia penal y familiar, a fin de evitar resoluciones judiciales contradictorias, como por ejemplo citó los casos de guarda y custodia de personas menores de edad en casos de violencia familiar, porque es común que los jueces en materia Familiar ordenen las convivencias entre padres e hijos y en los jueces penales prohíben a una de las partes acercarse al conyugue e hijos.
Frente al desafío de juzgar otros delitos
Aun cuando están cargados de casos, los jueces que operan este Tribunal lograron también 209 vinculaciones a proceso, 39 sentencias en procedimiento abreviad y 130 suspensiones condicionales, de acuerdo con datos oficiales.
Sin embargo, se prevé que en el 2021 ese número de juzgadores será insuficiente porque a partir de marzo, el Tribunal de género también deberá atender los delitos sexuales que integre la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) y en una tercera etapa, en enero el 2022, juzgará a las personas que sean acusadas de haber cometido los delitos de feminicidio y trata de mujeres.
“El Tribunal Especializado surgió el primero de septiembre, durante esta realidad pandémica, pero en realidad ya surgió con recorte, no nos han quitado, surgió recortado”, expresó la magistrada Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez.
Sobre la Comisión Interdisciplinaria – área integrada por dos psicólogas, una trabajadora social y un criminólogo–, Villanueva Pérez informó que realizó 22 entrevistas y nueve informes periciales a víctimas directas e indirectas y a personas acusadas, en este último de los casos porque los abogados defensores así lo pidieron.
La función de la Comisión es elaborar informes para identificar cuál es el nivel de riesgo de las personas que sufren violencia y qué factores detonan la violencia en los generadores, informó Villanueva Pérez.
Esas periciales las puede presentar el Ministerio Público al Tribunal para pedir medidas de protección a favor de las víctimas y también para canalizarlas a redes de apoyo. Además, sus informes pueden ser usados por los abogados defensores para vincular a sus representados a espacios de atención psicológica e incluso pueden permitir que no se les imponga o que revoque la prisión preventiva.
Imelda Marrufo dijo que con el funcionamiento del Tribunal de género permite – además de dar cumplimiento a instrumentos internacionales en pro de las mujeres, como la Convención de Belén Do Pará– evitar la revictimización de las víctimas por parte de los funcionarios judiciales quienes también incurren en caer en estereotipos y prejuicios contra ellas por una serie de actitudes y comportamientos que están establecidos socialmente y que se reflejan en el tipo de datos de prueba que admiten, así como en la valoración que hacen de estos y en las sentencias que emiten.
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