Maclovio Murillo está en libertad de ejercer su profesión, dice Alfredo Seáñez, encargado del despacho de los asuntos de la presidencia municipal, quien autorizó el permiso de ausencia al secretario del Ayuntamiento; funcionario intenta manipular la justicia y un linchamiento a la víctima del sacerdote, acusa organización civil
Itzel Ramírez / La Verdad
Para sumarse al equipo de defensa del sacerdote Aristeo Trinidad Baca Baca, imputado por la presunta violación y abuso sexual de una menor, Maclovio Murillo Chávez, secretario del Ayuntamiento de Juárez, solicitó una licencia para separarse de su cargo por siete días (del 3 al 9 de febrero), con el argumento de que atendería “asuntos personales”, según explica el oficio SA/015/2021, dirigido a Alfredo Seáñez Nájera, regidor encargado del despacho de los asuntos de la presidencia municipal.
La licencia fue presentada y aceptada un día antes de la audiencia, es decir, el 2 de febrero y, de acuerdo con Seáñez, es sin goce de sueldo. Para ocupar el lugar de Murillo se designó a Rodolfo Baquera Gómez, Director Jurídico del Ayuntamiento, precisó el alcalde en funciones.
Antes de ser acusado por dos violaciones y un abuso sexual en contra de una niña, Baca era párroco de la iglesia Santa María de la Montaña y una figura social importante en la ciudad, al ser impulsor y encargado de una guardería, un comedor infantil, una clínica y un asilo para personas adultas mayores, todo dentro de un completo comunitario en Juárez.
De ahí que el proceso penal en su contra haya despertado el interés público de la comunidad juarense.
‘Murillo esta en libertad de ejercer su profesión’
Entrevistado sobre el impacto que la participación de Murillo puede tener en la imagen del Ayuntamiento, Seáñez defendió la libertad del funcionario de ejercer su profesión.
“(Murillo Chávez) como funcionario pidió licencia que se le otorgó porque no hay ningún impedimento para ello. No tengo ningún empacho en a quién puede defender y a quién no. Él está ahorita totalmente desligado de su función pública y en lo personal puede defender a quien quiera, en este caso la imagen que usa es la de profesionista”, argumentó Seáñez en entrevista.
Agregó que, una vez terminada la licencia, Murillo podrá regresar normalmente y sin cuestionamientos al desempeño de sus funciones como secretario del Ayuntamiento.
Murillo no es el único funcionario municipal que ha tomado posición en el caso contra Aristeo Baca.
El pasado 1 de febrero, Rogelio Pinal, director de Derechos Humanos del Municipio, compartió a través de su perfil de Facebook un escrito adjudicado a Murillo donde el ahora defensor de párroco esbozaba la posibilidad de que un “efecto corruptor” causara la nulidad del juicio, a la vez que cuestionaba la imparcialidad de los jueces encargados del caso.
Al final de la misiva se pedía publicar el escrito y transmitirlo en redes sociales.
Al respecto, Seáñez dijo que a los funcionarios no se les puede coartar su libertad de expresión.
“Las apreciaciones que ellos hayan hecho respecto a este caso, siguen siendo personales. Son funcionarios del municipio, pero no por eso les podemos poner mordaza”, argumentó.
Acusan chantaje y linchamiento a víctima
Sobre la carta difundida por Pinal -quien posteriormente eliminó la publicación-, se pronunció la Alianza por la Defensa del Estado Laico (Adela).
“Son desafortunadas, cargadas de chantaje y manipulación religiosa las declaraciones de MACLOVIO MURILLO publicadas en FACEBOOK vía Rogelio Pinal con relación al abuso sexual perpetrado por el Sacerdote Aristeo Baca (texto en comentarios). En las mismas el abogado “presupone” la inocencia de éste, ante lo cual le informamos que las leyes mexicanas, en el caso de la violencia sexual, dan prioridad a la declaración de las víctimas.
“Afirmamos que con esta publicación Murillo origina un linchamiento social hacia la víctima dejando en segundo plano los años en que la niña fue sujeta a abusos sexual. También, porque la sociedad enajenada sale en defensa de pedófilos en nombre de Dios, pues al igual que en los preceptos religiosos culpabilizan a las mujeres. Esto no tiene medida, al culpabilizar a una niña”, explicó la organización en un posicionamiento.
Mariela Castro, vocera de Adela, dijo que, tomando en cuenta que Murillo planea regresar a su cargo público, su participación en el proceso penal busca presionar a los jueces que decidirán el destino del sacerdote.
“Aquí hay un intento de manipulación pública, un intento de manipulación de la justicia para hacerla a modo, porque no se puede entender que un secretario del Ayuntamiento pida una licencia, defienda a alguien por algunos días y luego regrese a su puesto, lo que indica que no va a acompañar al final al imputado”, consideró Castro.
También, dijo, hay que cuestionar que un servidor público del nivel de Murillo se lance a la defensa de un caso de violencia contra las mujeres.
“Hay que recordar lo que Juárez implica en el tema de violencia de género. Lo que significa para Juárez los feminicidios ocurridos en años anteriores, ¿cómo es posible que el secretario del Ayuntamiento no se cuestione eso en éticamente?”, manifestó la vocera de la coalición, que conjunta a más de 24 organizaciones y personas que a título individual defienden la laicidad.
¿Quién es Maclovio Murillo?
En diciembre de 2018, Maclovio Murillo Chávez llegó a Juárez para ocupar la Secretaría del Ayuntamiento, luego de haber renunciado a su cargo como consejero jurídico del Estado de Chihuahua.
La trayectoria pública del abogado viene de lejos, pues en el pasado se desempeñó como secretario de juzgado, de tribunal unitario y colegiado y finalmente como juez dentro del Poder Judicial de la Federación.
También fue subdelegado y director de responsabilidades de la entonces Procuraduría General de la República y director de responsabilidades de la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con el currículum vitae que consta en los registros del Ayuntamiento.
La polémica tampoco le es ajena. En 2004, el Consejo de la Judicatura Federal rechazó su ratificación juez de distrito del estado de Guerrero, donde fue designado en 1998.
De acuerdo con registros hemerográficos, Murillo Chávez recurrió la decisión, que fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia en 2005.
En 2000, el entonces juez federal condenó a los ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García por los delitos de portación de armas prohibidas y siembra de mariguana, aun a pesar de las evidencias que mostraban que las confesiones de los acusados habían sido producto de torturas y de que habían sido detenidos ilegalmente.
El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que encontró al Estado mexicano responsable de la violación de varios derechos fundamentales.
Tampoco es esta la primera vez que en su labor como litigante privado, Murillo defiende casos de alto interés público, según reportó Animal Político, en 2011 fue el abogado defensor de Catalina Ochoa y Rafael Boudid, quienes enfrentaron procesos de reponsabilidad administrativa y juicio político por la absolución de Sergio Barraza, presunto homicida de Rubí Marisol Freyre, hija de la activista Marisela Escobedo, asesinada en 2010.
Como funcionario del gobernador Javier Corral, Murillo fue identificado en una grabación en la que amenazó a un periodista de Chihuahua.
“Mira cabrón, si yo fuera el pinche puto secretario de Gobierno ya te hubiera chingado, pero no soy. Yo sí sabría cómo hacer valer la charola. Por las buenas o por las malas, yo sí la haría valer, pero no soy”, dijo Murillo, entonces consejero jurídico estatal, en febrero de 2018 a un periodista del medio La Opción de Chihuahua.
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