Tras el reclamo por la campaña que iniciaron en medios de comunicación, los jueces aperciben al sacerdote y su defensa para que eviten la doble victimización de la niña y recuerdan la presunción de inocencia del acusado; extienden medida cautelar de prisión domiciliaria
Blanca Elizabeth Carmona/La Verdad
Durante el noveno día del juicio contra el sacerdote Aristeo Trinidad Baca, imputado por violación y abuso sexual de una niña, el Tribunal de Enjuiciamiento apercibió a defensores, Ministerio Público, Asesoría Jurídica y a los auxiliares de todos, para que eviten la revictimización de la víctima; además, los exhortó a respetar la presunción de inocencia del acusado.
La prisión domiciliaria que se impuso al cura, como medida cautelar después de que fue detenido en febrero del 2019, también fue revisada en la audiencia de este 5 de febrero. Por unanimidad, los jueces determinaron que el clérigo debe seguir recluido en una casa hasta que se emita un fallo judicial.
Durante la audiencia, el Ministerio Público y la asesora jurídica de la víctima reclamaron la campaña en medios de comunicación que presuntamente inició la defensa del sacerdote, con la incorporación del secretario del Ayuntamiento con licencia, Maclovio Murillo, para difundir en entrevistas sus teorías sobre el caso.
Luego de escuchar los alegatos de las partes sobre este reclamo, el Tribunal ordenó al sacerdote y a todas las personas que participan en el juicio abstenerse de revictimizar a la niña que acusó a Aristeo de violación y abuso sexual.
Los jueces también ordenaron al Ministerio Público y a la Asesoría Jurídica de la víctima que respeten el principio de presunción de inocencia que por ley le asiste al presbítero.
La agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), Iveth Consuelo Arredondo Serna, expuso al Tribunal de Enjuiciamiento la inconformidad de esa institución y también de la Asesoría Jurídica por las entrevistas concedidas este 4 de febrero por Aristeo y los abogados que lo representan, entre ellos el secretario del Ayuntamiento de Ciudad Juárez con licencia, Maclovio Murillo Chávez.
“Tanto los defensores, el licenciado Soto Adame como Maclovio Murillo, dieron a un medio de comunicación, en específico al Canal 5, así como entrevista que dio en el domicilio en donde enfrenta la prisión domiciliaria el señor Aristeo Trinidad Baca Baca en el que se invisibiliza a la menor víctima haciendo con ello una revictimización hacía la menor, actuando de manera desleal y deshonrosa, proporcionando datos a los medios de comunicación y entrevistas a los mismos en cuanto a la supuesta menor de los hechos”, reclamó la fiscal para solicitarle a los jueces que amonestara a los litigantes y al propio Aristeo.
La representante social dijo que en las entrevistas concedidas por los defensores y por Aristeo se afirmó que la víctima había declarado en contra del sacerdote por “presiones de varias personas mayores de edad” y se le acusa de no “estar contando la verdad de los hechos”.
El abogado defensor Jorge Alberto Soto Adame respondió a los argumentos de la fiscal. Primero negó que se hubiera revictimizado a la niña, luego dijo que esa autoridad es la que ha filtrado información, que atañe al juicio, a los medios de comunicación y de “una manera sesgada nada más lo que a ellos les interesa y lo que ellos quieren establecer, no una cuestión integral” y desde antes de que iniciara ese juicio oral.
“Ellos fueron los que han establecido una campaña mediática, una campaña sistemática con el fin de promover el odio en contra del padre Aristeo y ahora resulta que el padre realiza una manifestación y tenemos que no tiene restricciones en sus comunicaciones, es libre de poder hacer cualquier manifestación y no fue ninguna manifestación respecto del dicho de la menor ni de las circunstancias que aquí se están revisando. Entonces consecuentemente vamos como un millón a uno y ahora se queja y se duelen de que nosotros estamos haciendo actos inmorales… qué harían ustedes si estuvieran en una situación de que nos están avasallando, de que no están presentando como si nuestro patrocinado fuera el culpable, sin ni siquiera iniciar el juicio”, espetó Soto en tono molesto.
La asesora jurídica de la víctima, Diana Edith Torres, le pidió al Tribunal que se les informe sí la entrevista que concedió Aristeo Trinidad a una televisora, y desde el domicilio donde cumple con la prisión, fue autorizada y qué autoridad lo permitió pues dijo “hay una regla general y se requiere de previa autorización”.
Después de escuchar el debate, los jueces Carlos Jaime Rodríguez García, Florina Isela Coronado Burciaga y Arnulfo Arellanes Hernández, dijeron no estar al tanto de las noticias que se difunden sobre el juicio y por ello no les consta las entrevistas que dieron Aristeo y su grupo de abogados.
Sin embargo, el presidente del Tribunal –Rodríguez García – refirió que se apercibía tanto al acusado, a los abogados defensores, al Ministerio Público, a la Asesoría Jurídica y a los auxiliares de todos a no dar información que pueda significar un acto de revictimización; a no difundir datos sensibles de la víctima; y a respetar el hecho de que no se ha emitido algún fallo judicial en el que se considere que el sacerdote Aristeo Trinidad es culpable de los delitos de violación y abuso sexual con penalidad agravada que le atribuye la FEM.
Comparecen dos testigos del sacerdote
Este 5 de febrero la defensa también presentó a dos testigos de descargo. El primero fue el médico Oscar Cano Rivera, quien es ginecólogo y director del Hospital Santa María de Guadalupe ubicado en bulevar Zaragoza 423 en la colonia Ciudad Moderna y que forma parte del complejo comunitario que creó el sacerdote Aristeo.
Al responder el interrogatorio del abogado defensor de Aristeo, Cano indicó que desde hace 16 años trabaja en ese hospital y dos años atrás fue nombrado director. Él también fue quien dio respuesta, el 27 de marzo del 2019, a un oficio que envió el Ministerio Público y en el que se solicitaba el expediente médico de la víctima.
El doctor señaló que después de buscar en los registros del nosocomio no se encontró dato alguno de la niña. Además, explicó que en diciembre del 2016 se empezó a llevar un registro de los pacientes y de junio a diciembre del 2016 la clínica estuvo cerrada.
Al declarar ante el Tribunal, el pasado 25 de enero, la víctima dijo que en el 2016 fue llevada al Hospital Santa María porque percibía un dolor en la parte baja del estómago, aunque después se estableció que el dolor era en el área vaginal y refirió que el médico no realizó la revisión ginecológica solo dijo que el malestar se debía a la falta de consumo de agua.
En la audiencia de este viernes, al responder a la asesora jurídica de la víctima, Cano Rivera dijo que si en el hospital se atendía a algún compañero de trabajo era posible que no se realizara ningún registro.
En la declaración del 25 de enero, la mamá de la víctima contó que ella estuvo trabajando en la Clínica Santa María.
Un psicólogo, especialista en materia de infancia, en género y victimología, así como coautor de dos libros, Ricardo Carrillo Franco también fue llamado a declarar por parte de los abogados de Aristeo. Él afirmó haber analizado los dictámenes psicológicos que elaboraron tres peritos de la Fiscalía estatal a la víctima.
El primer peritaje que Carrillo estudio fue el dictamen preliminar desarrollado por parte de la psicóloga forense Nora Olivia del Río Magallanes a la víctima, el 19 de diciembre del 2018, y sobre este dijo a los jueces que las conclusiones de la profesionista estuvieron más sujetas a una valoración de los hechos que le contó la víctima que a una metodología.
Aseguró también que hay una falla en la consecución de los consentimientos informados que debían haber firmado los papás de la niña al autorizar el peritaje y que la entrevista no se grabó aunque es lo recomendable para evitar la revictimización.
En relación con el dictamen psicológico definitivo que hizo la perito oficial Patricia Aragón Escalante a la niña, el testigo Carillo dijo que fue el segundo estudio que hizo la Fiscalía a la víctima en un plazo de tres meses y en este se detectó la capacidad intelectual y la coordinación ojo-mano de la niña, por lo que consideró que no eran estudios de interés y por tanto inútiles para el caso.
Carrillo Franco –cuyos honorarios fueron pagados por la parte defensiva – se refirió asimismo al tercer dictamen oficial, el elaborado por Esmeralda Rocha Ibarra y que versó sobre el aspecto psicosocial o el impacto que dejó el delito en el ámbito social de la víctima directa y de las víctimas indirectas, para decir que la perita oficial no estableció los resultados a los que llegó con los instrumentos de valoración usados.
Además, afirmó que Rocha recomendó que la víctima recibiera un tratamiento psiquiátrico lo que, consideró, excede a los conocimientos de la perita.
Este testigo también respondió las preguntas de la agente del Ministerio Público y de la asesora jurídica de la víctima, en esa parte se contradijo pues consideró que las peritas oficiales sí usaron una metodología correcta para efectuar los dictámenes y al preguntarle “usted que tiene estudios en victimología sabe que se debe atender al dicho de las víctimas, ¿cierto?”. A lo que respondió “si”.
La declaración de ese testigo se extendió por más de tres horas.
Con su testimonio, la defensa legal del sacerdote ha presentado tres testigos en el juicio que se sigue en su contra por presunta violación y abuso sexual de una niña, en el periodo de diciembre del 2015 a enero del 2018.
Este viernes, el Tribunal decretó un receso para continuar con el juicio oral, identificado con el número 46/2020, el próximo martes 9 de febrero.
La pausa en el proceso fue a petición de los abogados defensores, quienes dijeron que no tenían disponibles a ninguno de los testigos que falta por declarar para el lunes 8 de febrero. Acto que fue considerado por el Ministerio Público como una acción para dilatar el enjuiciamiento.
Debido a este receso el Tribunal revisó la medida cautelar de Aristeo, para permitir que permanezca en prisión domiciliaria hasta que se emita un fallo judicial, toda vez que este 9 de febrero se cumplen dos años de la detención del sacerdote.
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