El alcalde de Ciudad Juárez deberá presentarse a la audiencia judicial programada para el próximo 23 de febrero, por la denuncia que el periodista Héctor González presentó en su contra hace tres años, por agresiones y amenazas
Rocío Gallegos / La Verdad
Armando Cabada Alvídrez, presidente de Ciudad Juárez, fue requerido por un tribunal de justicia federal para que comparezca en una audiencia de imputación por la presunta agresión al periodista Héctor González García, ocurrida en febrero del 2018.
“La fiscalía de la Federación” pretende acusarlo por los delitos de amenazas y abuso de autoridad, se indica en la notificación emitida para la presentación a la audiencia, programada para el día 23 de febrero de 2021 a las 13:55 horas en la sala de juicio oral del Palacio de Justicia Federal, en la ciudad de Chihuahua.
En el documento al que tuvo acceso La Verdad, la autoridad judicial federal advierte que de no presentarse en la fecha y hora indicadas podrá ordenarse la comparecencia de Cabada Alvídrez con la fuerza pública y con orden de aprehensión, como se establece en el artículo 141, fracción II y III del Código Nacional de Procedimientos Penales.
De acuerdo con la información, la autoridad federal pidió notificar al alcalde en la presidencia municipal o en la dirección de su domicilio particular ubicado en Campos Elíseos. La programación de la audiencia se hizo del conocimiento al periodista Héctor González, de Televisa Juárez.
La Verdad solicitó la postura de Cabada a través de Comunicación Social de su gobierno, pero no se obtuvo respuesta. El periodista tampoco emitió cometarios sobre el caso.
Las denuncias, las amenazas
El pasado 2 de febrero de 2018, González denunció que la noche del día anterior, en la ciudad de Chihuahua, Cabada Alvídrez lo amenazó en el estacionamiento de un restaurante.
A través de sus redes sociales, el periodista difundió: “Públicamente y ante M.P. denuncio amenazas del alcalde de Ciudad Juárez Armando Cabada por mi trabajo periodístico y exijo al gobierno mexicano garantías para ejercer mi profesión, el derecho a la información más que mío es de todo México (sic)”.
Ese mismo día, Cabada publicó en su muro de Facebook: “Ayer me topé con Héctor González, el conductor de Televisa Juárez y en su cara, de frente, le hice saber que era un mentiroso y difamador al constantemente atacar a mi persona sin ningún fundamento”.
Luego, el 8 de febrero, en conferencia de presa, el presidente municipal de Juárez acusó al periodista de criticarlo por haber cancelado contratos que su esposa habría obtenido con administraciones pasadas, por concepto de espacio publicitario en el portal de internet “Reporte Frontera”.
“No es un asunto personal, es un asunto de dinero. En el argot, y lo digo porque me siento entre compañeros (periodistas), sabemos que eso es chayote. No es otra cosa más que eso este señor: un chayotero. Él y otros amiguitos que andan con él”, acusó Cabada Alvídrez.
González García formalizó su acusación contra Cabada ante la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, así como en la instancia federal, ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. También, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
En octubre de ese mismo año, la CEDH acreditó la agresión de Cabada a González García y determinó que el reclamo del alcalde constituyó una violación a la integridad personal, así como a la honra y a la reputación del periodista.
SCJN atrae el caso
De acuerdo con el seguimiento periodístico de este conflicto entre el alcalde y el periodista, en la vía de la justicia estatal un juzgado local falló a favor de Cabada.
González impugnó en segunda instancia donde también obtuvo una sentencia en contra, pero el caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , donde en septiembre del 2020 se anunció que la primera sala determinó conocer de dos amparos que “permitirán establecer parámetros que posibiliten a las y los juzgadores resolver asuntos en los que se vean involucradas expresiones o actos de comunicación de personas servidoras públicas, cuyo objeto sea la labor periodística o la manera en que la desarrollan quienes se dedican a ello”.
“Ambos asuntos emanan del caso donde un periodista demandó el pago de una indemnización pecuniaria por concepto de daño moral en contra de un Presidente Municipal, quién, en uso de la libertad de expresión, supuestamente afectó su buena reputación, lo cual impactó en su derecho a la dignidad, dentro del marco de una rueda de prensa convocada por el citado servidor público”, refiere el boletín del Tribunal.
Tanto el juez natural, como la Sala de Apelación resolvieron negar la reclamación del periodista, sin condenarlo al pago de costas, razón por la cual, ambas partes en el juicio de origen promovieron juicio de amparo directo, agregó la Corte.
La primera sala de la SCJN determinó que los asuntos planteados reúnen las características de interés y trascendencia, pues al resolverlos, podría pronunciarse y emitir una determinación sobre los siguientes temas:
1) Si los actos de comunicación que realicen las autoridades estatales en funciones, son un ejercicio de libertad de expresión y, de serlo, cuáles son sus límites;
2) Si las expresiones que realiza una autoridad sobre sus gobernados, se tratan de un discurso constitucionalmente protegido;
3) Si cuando una autoridad estatal se pronuncia respecto de una persona, en específico, sobre la actividad periodística que realiza, puede generar un efecto inhibitorio en la libertad de expresión, y
4) Si la actividad periodística conlleva, necesariamente y en todos los casos, una proyección de su persona como figura pública.
Mientras la Corte analiza sobre los amparos interpuesto ante los fallos de instancias judiciales estatales, un tribunal federal programó una audiencia inicial contra Cabada Alvídrez.
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