Abogados y académicos que integran la Red por la Justicia Penal advierten que hay un exceso de reformas a la normatividad del país contrarias al sistema de justicia acusatorio, en vigor en todo el país desde junio de 2016
Blanca Elizabeth Carmona / La Verdad
Un exceso de reformas legislativas a la Constitución Mexicana, han venido aprobando los diputados y senadores. Algunos de estas modificaciones son contrarias al sistema penal acusatorio, advirtieron académicos y abogados de la Red por la Justicia Penal.
La Red es una organización civil que recién se integró con el objetivo de impulsar una tregua normativa y priorizar la profesionalización de las instancias que son parte del sistema de justicia.
Una de las últimas reformas se hizo al Artículo 19 de la Constitución Mexicana para aumentar el catálogo de delitos en los que de forma oficiosa a los sospechosos se les debe impone la medida cautelar de prisión preventiva. Lo que se contrapone con la presunción de inocencia que por ley les asiste a todos los ciudadanos, expuso Alejandro Ponce de León integrante de la Red.
“Que los cambios normativos sean el último escalafón a partir de un análisis, una evaluación consensada y concienzuda de dónde está la problemática real. Por ahí se hablaba de la prisión preventiva y muchos de los temas por los cuales se alegaba la prisión preventiva, para mí tienen que ver con deficiencias en los operadores. La eficacia que puede o no brindar un sistema me parece que se soluciona no modificando la ley sino a partir de tener mejores jueces, mejores ministerios públicos, mejores defensores”, señaló Jorge Emilio Iruegas integrante de la Red
Durante cuatro meses los integrantes de la Red por la Justicia realizaron un encuentro con de funcionarios de 17 fiscalías del país; con 25 poderes judiciales y con autoridades penitenciarias de 23 estados de la República Mexicana, indicó Martín Carlos Sánchez Bocanegra vocero de la Red
Respecto a las fiscalías se determinó que es necesario que definan un plan de persecución penal; en relación a los jueces y magistrados concluyeron que hace falta la homologación de criterios para la aplicación de la ley y con los administradores de los centros penitenciarias la Red encontró que existe la necesidad de desarrollar métodos fáciles para llevar el cómputo de las penas que son impuestas a los sentenciados pues existen casos de personas que compurgaron el castigo y sigue en la cárcel.
El portavoz refirió que en el Estado de Chihuahua hace falta fortalecer la impartición de justicia; mejor la gestión del desarrollo de audiencias para que sean más agiles, principalmente en delitos menores porque esos procesos penales se quedan “atorados” por la falta de acuerdos entre los intervinientes; programar de manera adecuada las audiencias y la homologación de criterios entres jueces y magistrados.
Sánchez Bocanegra también dijo que al igual que en el resto del país, en Chihuahua la medida cautelar de prisión preventiva es una de las más utilizada por los jueces pues es superior al 40 por ciento del total.
Sin embargo, explicó, existen estudios que documentan que los sospechosos si acatan las medidas cautelares diversas a la prisión preventiva y en contraparte no disminuyen los ilícitos que llevan aparejado la prisión preventiva, por ejemplo, el homicidio ha ido en aumento en los últimos cinco años a pesar de que está incluido en el catálogo de delitos que de forma oficiosa requieren esa cautelar.
“Realmente ¿sirve para algo la prisión preventiva oficiosa?, para ¿qué no se fugen?, para que las víctimas no sean lastimadas nuevamente o para bajar la incidencia? Y creo que nos vamos a dar cuenta que no y que estamos con un costo altísimo para los derechos, para el costo incluso las más pobres, los más pobres son los que terminan en prisión preventiva”, agregó Alejandro Ponce de León.
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