Aranzazú Ayala Martínez / Lado B
El plazo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó para que el Congreso de la Unión legislara sobre la regulación del cannabis ya venció, y la discusión para la regulación se quedó en el limbo. En el peor de los casos la propuesta podría incluso ser desechada y todo el proceso tendría que empezar desde cero.
El proyecto, que ya había pasado a la Cámara de Diputados y regresó al Senado, tenía como fecha límite de discusión el último periodo de sesiones, que terminó el 30 de abril. Y aunque todo apuntaba a que se votaría a favor, la despenalización se quedó varada. Activistas como Mariana Sevilla y la diputada federal Marta Tagle consideran que un gran factor para que esto ocurriera son las elecciones.
Para Tagle lo más preocupante del asunto es que los derechos de las personas consumidoras siguen siendo ignorados porque no son prioridad para los y las legisladoras.
La intervención de la SCJN: el peor de los escenarios
Actualmente existen tres posibles escenarios de lo que puede pasar con la despenalización. Mariana Sevilla, activista de México Regula, explicó a LADO B que la SCJN puede atraer el caso y hacer una declaratoria de inconstitucionalidad. Esto implicaría que el dictamen sea votado por los ministros y ministras de la Suprema Corte, y se necesitarían ocho votos a favor de sus once integrantes.
Pero para que esto ocurra, algún ministro o ministra debe atraer el caso, pero tanto Mariana Sevilla como la diputada federal Marta Tagle coincidieron en que hasta ahora no se ha visto esa intención por parte de la Suprema Corte.
Para Sevilla este sería el peor escenario porque solo quedaría establecido que el consumo lúdico del cannabis no es ilegal, pero no quedaría clara la regulación ni los términos de la misma: es decir, si se puede sembrar y comprar, dónde consumir, etcétera. En caso de que fuera votada en contra, se archivaría y se tendría que empezar de cero nuevamente.
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El otro escenario sería que se discuta en el periodo extraordinario —antes de las elecciones— o en el siguiente periodo, con fecha límite en septiembre de este año. Y en el último de los casos, el Senado podría todavía solicitar una prórroga a la SCJN, en caso de no aprobar o desechar el dictamen antes de ese plazo.
Si bien la discusión está todavía en manos del Senado (esto es, si la SCJN no decide atraer el caso), faltaría ver si los cambios que hizo la Cámara de Diputados se aceptan o rechazan.
Elecciones y derechos
Tanto Mariana Sevilla como la diputada consideran que el retraso de la aprobación o rechazo del dictamen tiene que ver con los tiempos electorales.
“En cuanto pasen las elecciones veremos cómo queda el tablero, porque nadie quiere tocar el tema, no es parte de la agenda de la 4T”, dijo Sevilla.
Por su parte, Marta Tagle dijo que lo más sencillo hubiera sido que el Senado aprobara el dictamen como venía de la Cámara de Diputados y “después hicieran las reformas que consideraran necesarias”. Sin embargo, eso hubiera implicado que el Presidente de la República se viera en la necesidad de publicarla o de vetarla. Y en medio del proceso electoral, esto hubiera polarizado la opinión pública a favor o en contra, “no se querían aventar esa discusión en medio de campañas”, agregó.
Dos años sin resultados
La diputada federal Marta Tagle, quien ha sido una de las principales impulsoras de la despenalización del cannabis, explicó en entrevista para LADO B que todo el proceso de reforma del uso personal adulto del cannabis viene de una jurisprudencia resuelta en octubre de 2018, de un mandato que la SCJN ordenó al Congreso de la Unión que legislara.
El Senado emitió la ley federal del control de uso del cannabis e hizo una serie de modificaciones tanto a la Ley General de Salud como al Código Penal, que tardaron meses en ser procesadas. De ahí pasaron a la Cámara de Diputados, donde los legisladores pidieron una prórroga más. Cuando el dictamen regresó al Senado, sus integrantes evitaron discutirlo, sin solicitar todavía una nueva prórroga.
“Aparentemente dicen que es para que salga bien, que tuviera consenso, pero fueron dos años de discusión y no se concretó, cuando hay otros temas que sacan de la noche a la mañana, pero aquí lo dejaron totalmente en el limbo”, dijo Tagle.
Finalmente, Sevilla aseguró que pase lo que pase, la sociedad civil organizada será la que siga insistiendo en pro de los derechos de las personas usuarias de cannabis. Mientras las legislaturas han cambiado y los actores políticos también, son las madres, las personas consumidoras, las activistas, investigadoras y académicas las que han permanecido impulsando la agenda para la despenalización.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Lado B que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
