Activan grupo especial tipo SWAT para sacar en tres meses el atraso que arrastran desde el año pasado y provocan ‘cuello de botella’ en tribunales
Blanca Elizabeth Carmona / La Verdad
Un rezago de al menos 100 juicios orales registra en Ciudad Juárez el Poder Judicial, quien tiene el desafío de desahogar esos procesos en un plazo de tres meses, se informó.
Ante la urgencia, que se arrastra por las restricciones implementadas ante el COVID, las autoridades judiciales activaron una equipo especial, tipo SWAT, integrado por 10 funcionarios, entre jueces y secretarios de salas penales, enfocados a resolver esa situación que mantiene en la incertidumbre por lo menos 100 personas acusadas.
Sin embargo, sacar adelante ese atraso, al mismo tiempo de tener la reactivación de las audiencias ordinarias, provocó un ‘cuello de botella’ en los tribunales y acumuló la carga de trabajo para los jueces, quienes lleven hasta dos juicios al mismo tiempo, de acuerdo con juzgadores y funcionarios judiciales consultados.
“Tenemos este equipo SWAT pero es muy complicado, bastante complicado, porque para empezar no hay suficientes salas (para desahogar los procesos) y luego no debemos llevar dos juicios a la vez” dijo un juez que pidió no ser identificado.
“Lo correcto sería terminar uno e iniciar otro, aunque nos quedemos con la sentencia pendiente” añadió. El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) prohíbe que los juzgadores intervengan en dos juicios al mismo tiempo.
La lentitud en los procesos, provocados por los rezagos, impacta en la impartición de justicia, así lo considera el abogado penalista José Luis Armendáriz, quien reclama el incumplimiento de los plazos establecidos en la ley para programar los juicios.
“La pandemia quedo atrás y el Poder Judicial no se ha actualizado, tardan mucho para fijar los juicios orales”, dijo. “La ley dice que debe ser en el plazo de 20 a 60 días naturales, pero lo hacen dentro del plazo de tres a cuatro meses, el acusado está en la incertidumbre”.
Los juicios orales no se realizaron a tiempo debido a los estragos ocasionados por la pandemia del COVID-19, básicamente el Poder Judicial se vio obligado a enviar al personal a sus casas y reducir al mínimo la realización de audiencias; algunos funcionarios judiciales se contagiaron de coronavirus y debieron cumplir con la cuarentena, dijo un funcionario judicial que pidió no ser identificado debido a que no cuenta con autorización para hacer declaraciones sobre el tema.
“Se hizo un equipo especial para sacar el trabajo”, agregó. Los integrantes son: María Fernanda Díaz, Rigoberto Isaías Flores Gómez, Juan Alonso Martínez Grajales, Emma Terán Murillo, Jorge Gutiérrez, Rosa Amelia Baylón, Mirna Rocha, Carlos Martínez, Ricardo García Montoya, Elizabeth Villalobos y Ramona Lizeth Bustillo.
De manera oficial, el Poder Judicial en el estado no se pronunció sobre la situación.
Cifras exhiben causa del atraso
El impacto de no realizar los juicios orales a tiempo quedó expuesto en las cifras del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua (TSJ). Las estadísticas muestran una disminución de un 35.3 por ciento en la realización de los juicios orales realizados en el 2020 en comparación a los del 2019.
En el 2019 se realizaron 266 juicios orales y en 2020 solo 172, de acuerdo con datos proporcionados por el TSJ al dar respuesta a una solicitud de información.
En 2019 se llevaron a cabo dos mil 764 audiencias para esos 266 juicios. En los que 203 personas recibieron un fallo condenatorio, en cada juicio puede haber uno o más acusados; otras 78 personas fueron absueltas, se informó.
En 2020 se realizaron únicamente 984 diligencias para el desahogo de 172 juicios. En total 53 personas fueron consideradas culpables; 29 absueltos; tres recibieron fallos mixtos y en el resto se presentaron diversas situaciones como sobreseimientos, anulación de juicios y asuntos regresados a los jueces de Control, ahora considerados jueces penales de primera instancia al igual que los de enjuiciamiento, pues hubo una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y ahora ambas autoridades conocen de las dos fases del proceso penal.
Tanto en 2019 como en 2020 los cinco delitos que más llegaron a la etapa de enjuiciamiento son homicidio agravado y/o calificado; violación agravada; robo agravado y calificado; abuso sexual agravado y narcomenudeo, indican los datos aportados a través de los sistemas de Transparencia.
La disminución de audiencias y juicios es atribuida a las restricciones impuestas ante la pandemia del COVID. Sin embargo, pese a la reactivación el rezago se sigue provocando, advierte el abogado José Luis Armendáriz.
Como ejemplo Armendáriz citó un caso de homicidio en grado de tentativa presuntamente cometido por una persona que él representa en contra de policías, pero aseguró que el Tribunal tardó diez meses en fijar la fecha para el inicio. Se trata del juicio oral 145/2020 que deberá comenzar el 6 de agosto del 2021.
El mismo litigante dijo que lleva la defensa de un hombre acusado de haber cometido una violación, en ese caso el auto de apertura a juicio oral –con número 59/2021– se dictó el pasado 21 de marzo y aún no se ha fijado la fecha para el inicio del juicio oral, aunque ya pasaron los 60 días naturales que establece la ley.
El defensor dijo que esta situación impacta en las personas acusadas, en los testigos y en las víctimas.
De acuerdo con los funcionarios judiciales, actualmente cuentan con 20 salas y se utilizan cuatro más que corresponden a las Salas Penales Regionales, en total 24 para unos 40 jueces incluidos los resolutores de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales. Lo que dificulta ir a tiempo con la agenda de trabajo.
Actualmente, los juicios orales desahogan en las tardes, a excepción de los momentos en que se emite el fallo y se realiza la lectura de sentencia, porque son audiencias muy cortas, es decir la escucha de testigos y presentación de pruebas se realiza en las tardes para contar con la infraestructura necesaria.
Datos periodísticos indican que el primero de julio del 2020 se determinó que todos los juzgados reanudaran el conteo de los plazos y los términos procesales y se reactivó la tramitación de los diversos asuntos, después de meses de suspensión. Pero con el 50 por ciento del personal.
También en esa fecha se determinó que la dispensa para trabajar desde el domicilio sería únicamente para los funcionarios que debido a su estado de salud fueran más vulnerables a contagiarse de coronavirus o a sufrir alguna complicación si contraen el padecimiento.
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