La falta de reconocimiento de los pueblos indígenas, la incapacidad de perseguir delitos ambientales y la presencia abrumadora del crimen organizado en la Sierra Tarahumara, son tan solo algunas de las problemáticas que evidenciaron la incapacidad del Estado por erradicar la crisis forestal en Chihuahua.
Óscar Rosales / Raíchali
Los excesos teóricos, los informes de escritorio y la exigencia de mayores compromisos, fueron los elementos que primaron en la audiencia pública por la tala ilegal en la Sierra Tarahumara, espacio que congregó a diversas asociaciones civiles y organismos gubernamentales para abordar, desde la rendición de cuentas y la generación de propuestas, el atentado ecológico que atraviesan los bosques del estado.
Convocada a través de la Ley de Participación Ciudadana (LPC), el evento virtual moderado por el Instituto Estatal Electoral (IEE) se centró en ocho temas centrales. En cada uno de estos los organismos no gubernamentales (ONG’s) emitieron posicionamientos ante los cuales se esperaba que los diferentes funcionarios públicos respondieran de con datos precisos e ideas claras la manera de atacar este problema.
Sin embargo, más allá de dar propuestas concretas, fueron respuestas ambiguas e informes protocolarios, lo que abundó por parte de las autoridades en la audiencia de más de cinco horas. Pese a que hubo algunos acuerdos, la mayoría de ellos no fueron totalmente explícitos para el público.
“Mi pregunta permanece, ¿cómo es posible que si todos están respondiendo, están dando respuesta, por qué las cosas no cambian?”, cuestionó en entrevista el padre Javier Ávila, presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac).
Un par de datos que se proporcionaron durante la audiencia exponen la dimensión del problema: se estima que el 50 por ciento de la madera que circula en México es ilegal o tiene una procedencia dudosa y la evasión de impuestos en este negocio ronda por los 2 mil 500 millones de pesos.
Y aunque las ONG’s que participaron reconocieron que esta interacción fue una buena práctica de escucha e intercambio de ideas, señalaron que aun quedaron temas en el aire y propuestas que no terminaron por consolidarse, más al tratarse de una problemática demasiada compleja y que ha sobrepasado las capacidades de todos los involucrados.
DERECHOS EN EL CONGELADOR
En la primera jornada de la audiencia, las ONG’s cuestionaron cual sería el actuar de las autoridades para reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho, ya que el no considerarlas se perpetua el abuso hacia los bosques donde estas habitan.
Dicho posicionamiento se presentó dado que los permisos de aprovechamiento forestal en Chihuahua no contemplan la voluntad de los pueblos originarios, según expuso Citlali Quintana, directora del Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas (Cecaddhi),
La activista preguntó cuál sería el grado de compromiso del Estado para contemplar la consulta libre, previa e informada, como un instrumento que pudiera dar voz a las comunidades de la sierra.
En su respuesta, José Luis Bravo, uno de los representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), comentó que su dependencia se ve limitada por el marco normativo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPÍ). El funcionario quiso señalar un caso de éxito de consulta por una mina en Chihuahua, sin embargo, no logró especificar el dato.
María Teresa Guerrero, de la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas (COEPI) reconoció que iniciativas legislativas, como la Ley de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Chihuahua, así como una nueva Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, se encuentran congeladas en el congreso.
Argumento que, si bien la pandemia por COVID-19 ha retrasado el debate respecto a estas leyes, también las diferencias entre las mismas secretarias han mermado la tarea.
También señaló que las instituciones federales deben asumir la responsabilidad correspondiente para llevar a cabo las consultas, designando los recursos suficientes para estos procesos.
Pese al diálogo que hubo en torno a esa autodeterminación de los pueblos originarios, esté fue uno de los temas que necesitó más atención, señaló en entrevista Diana Villalobos, directora de la Consultoría Técnica Comunitaria (Contec).
En el mismo sentido, Villalobos explicó que las afectaciones por el despojo del territorio al ser talado no son contempladas por las autoridades. Las pérdidas por el desplazamiento quedan en el olvido y no pueden ser atendidas de los mismos modos que en años anteriores.
“Quieren resolver un problema muy serio haciendo lo mismo. Eso no es posible”, afirmó la activista.
DELITOS SIN HOMOLOGAR
El representante de la SEMARNAT, Gustavo Alonso Heredia, presentó ante los asistentes un cuadro esquemático realizado por la autoridad en 2020, que resume y detalla, a groso modo, el camino de la tala ilegal, en el cual se dejaron ver algunas deficiencias en la manera en que la ley maneja actualmente el problema.
Para empezar, dejó en claro que la Ley Forestal establece que los dueños de los bosques son quienes sean dueños de la tierra. Esta cuestión pone en desventaja a la gran mayoría de las comunidades indígenas, ya que muchas de éstas no son reconocidas por las autoridades y, por lo tanto, no poseen los documentos legales correspondientes.
Aunado a eso, tanto SEMARNAT como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) reconocieron que una tarea pendiente en el marco legal es la homologación de las actividades ligadas a la tala ilegal como delitos ambientales.
El transporte, el almacenamiento y la transformación y de la madera ilícita poseen sus propios modus operandi, con la alteración de remisiones forestales y documentos oficiales en los que cambian los volúmenes de madera y el origen de compra, con lo cual resulta fácil generar el lavado del recurso talado.
“Se detiene camión que transporta, se le detiene porque no tiene guía (forestal) y no se busca el origen de la tala clandestina”, explicó Heredia.
LA VALENTÍA AGOTADA
La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), representada por Alicia Tamés, explicó, a manera de informe, los mecanismos y protocolos para llevar a cabo una denuncia por tala ilegal. Exhorto llevar a cabo estas denuncias y garantizó la protección de los datos personales de los denunciantes.
Sin embargo, para el padre Javier Ávila, presidente de Cosyddhac, esta invitación le pareció un tanto repetitiva.
Enfatizó enérgicamente que las denuncias se han realizado por mucho tiempo y la situación no mejora. Al acompañar, él ha sido testigo del temor con el que los pueblos originarios llevan a cabo estos procesos, dadas las constantes amenazas, extorsiones y asesinatos que los han azotado desde hace décadas.
“¿Qué la ciudadanía se arme más de valor? Ya no podemos armarnos más de valor porque no es posible”, exclamó Ávila, quien dejó en claro que los canales para emitir denuncias por tala ilegal no han demostrado ser efectivos ni seguros.
Gran parte de las vías de denuncia son a través de llamadas telefónicas e internet, servicios que son demasiado deficientes, incluso inexistentes, en la Sierra Tarahumara. Las distancias entre comunidades, cabeceras y manchas urbanas dificultan el acceso a estos mecanismos.
“¿Quién va a conseguir internet?”, inquirió Ávila, quien señaló que en medida de que los ciudadanos y las comunidades vean resultados, se atreverán a emitir nuevamente denuncias. Por lo pronto, las comunidades callan para evitar ser blanco de los grupos armados.
“La teoría esta clarísima, la ley esta clarísima, eso lo tenemos todos muy claro. La impartición de justicia es la que no nos ha quedado muy clara”, apuntó Ávila.
El presbítero que ha vivido alrededor de 46 años en la Sierra Tarahumara, afirmó en entrevista que, en todo su tiempo de servicio, nunca había visto una deforestación tan cínica, descarada y lamentable.
Ese cinismo se ve acompañado de una impunidad que se hace presente cuando escuchan de propia voz de las comunidades, como elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal pasan por los ejidos y, detrás de ellos, camiones de madera custodiados por gente armada.
Por lo mismo, los activistas exigieron que se ataquen las causas y no solo las afectaciones.
Por otro lado, Bernardo Manzano, de Pies de la Tierra, en un esfuerzo por concretar propuestas muy claras, solicitó a las autoridades cinco acciones concretas:
1. Modernizar y digitalizar las guías forestales.
2. Seguir realizando y publicar las bases de datos de las 24 casetas forestales.
3. Restringir el tráfico de camiones durante horarios nocturnos y algún tipo de veda para contabilizar el movimiento de madera.
4. Apoyar la seguridad de las casetas forestales, en coordinación con Guardia Nacional.
5. Crear un Registro Vehicular Forestal.
Ante estas peticiones, el ingeniero Refugio Luna, de la Secretaría de Desarrollo Rural, explicó que ciertas medidas son difíciles de llevar a cabo, debido a ciertas limitaciones legales.
Explicó que no toda la información de las bases de datos puede hacerse pública, debido a que hay información que se considera “confidencial”, sin embargo, no especifico que tipo de información podía hacer pública y cual no.
La restricción del tráfico vehicular durante ciertos horarios tampoco resulta factible para las autoridades ya que, según Luna, se atenta contra la libertad de tránsito de los ciudadanos. No obstante, mostró cierto interés en construir una alternativa “muy bien sustentada”.
SIN MARCHA ATRÁS
Tanto autoridades como asociaciones civiles concluyeron que el tema de tala ilegal es demasiado complejo y difícil de abordar, que tiene raíces en la impunidad, la incapacidad, la corrupción y la ingobernabilidad.
Los participantes se comprometieron a reunirse en una nueva audiencia pública el próximo tres de agosto. Durante las próximas semanas de junio, se llevará a cabo la firma de compromisos entre los participantes de la audiencia.
“Está claro el compromiso, lo que no esta claro es el de ellos. No podemos dejarlo al aire”, señaló Javier Ávila en entrevista, quien expresó su deseo por dar seguimiento a todas las propuestas.
Ante el próximo cambio de gobierno, las asociaciones esperan que no haya retrocesos o pausas al combate de la tala clandestina. Expresan que la problemática lleva años existiendo en el territorio indígena y no puede dejarse en el olvido.
“La sierra ahí está, el problema ahí está. Tienen que atenderlo, aunque haya cambio de gobierno. Es una problemática a la que uno no puede cerrar los ojos”, señaló Villalobos.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
