La familia de Cruz Soto Caraveo vive desplazada desde el 2015 a raíz de que el crimen organizado comenzó a asesinar a personas cercanas, amenazarlos y despojarlos de sus tierras. La sentencia les parece injusta y no ven garantías para volver algún día a la tierra que les daba de comer.
Jaime Armendáriz / Raíchali
Dos policías municipales de Guazapares, municipio ubicado en las barrancas de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, participaron en el asesinato del activista Cruz Soto Caraveo en octubre del 2019. Él llevaba 4 años bajo amenazas y desplazado de su tierra, una condición que no ha cambiado para su familia.
El involucramiento de los 2 elementos de seguridad se supo meses después, cuando fueron aprehendidos y llevados ante un juzgado. Ahí reconocieron haber participado pero sólo como “halcones”, es decir, que se encargaron de ubicarlo y reconocerlo para terceras personas que se encargaron de matarlo.
Eso les valió para que en junio de este 2021 ambos fueron condenados a pasar 12 años en prisión, una sentencia que no fue bien recibida por la familia, organizaciones que siguen el caso ni por la propia Fiscalía, que ya presentaron apelación formalmente.
“No hay garantías para volver a nuestra tierra ni recuperar nuestro rancho”
En 2014 comenzó el calvario para la familia Soto. Un grupo delictivo asesinó a Alejandro, hermano de Cruz, quien era comisario ejidal de Monterde, una comunidad en Guazapares. Luego fueron amenazados más miembros de la familia y se vieron obligados a salir de ahí.
Desde entonces lo que era de su propiedad quedó en manos del crimen, sin poder tener garantía para recuperar aquello que durante tantos años les dio sustento.
El activista ya era reconocido por denunciar atropellos desde el crimen en toda esa zona. Eso le valió ser integrante del Colectivo de Familias Desplazadas de la Sierra Tarahumara.
Una de las ideas de Cruz, ya en el desplazamiento, era vender sus tierras, lo cual no consiguió. Hoy existe una sentencia injusta después de dar tanta batalla y de ver que no hay condiciones para retornar ni para recuperar algo, dijo en entrevista con Raíchali uno de los hijos de Cruz, del que se reserva nombre por motivos de seguridad.
Uno de esos intentos por mantener bien a su familia llevó a Soto Caraveo a encontrarse con la muerte.
El 12 de octubre del 2019 volvió a la sierra, específicamente a Témoris para ir a la presidencia municipal y reunirse con personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa) del Gobierno Federal. Luego en una camioneta partieron hacia la comunidad en Los Llanos pero no se volvió a tener comunicación con él. Su cuerpo fue localizado sin vida varios días después en otra comunidad cercana conocida como La Lechuguilla.
Poco más de un año atrás, en agosto de 2018, Cruz y otras personas desplazadas de El Manzano, comunidad que cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, regresaron a sus casas resguardados por policía estatal de Chihuahua.
Al día siguiente de su regreso, justo en un lugar donde se había detenido la comitiva un día antes, apareció un hombre asesinado, familiar de la esposa de Cruz Soto, al cual le colocaron una pancarta con una amenaza de muerte dirigida para Cruz Soto por las denuncias que hizo ante el acoso del crimen en su comunidad.
Los “halcones” con placa
El día que Cruz viajaba hacia la comunidad Los Llanos, en Guazapares, el director de la Policía Municipal Paulino M. R. (los apellidos han sido reservados por la Fiscalía debido a que la sentencia fue apelada y no está en firme) dio la instrucción por radio para que sus subordinados ubicaran al activista.
Uno de esos subordinados era Samuel Alejandro B. G., quien localizó la camioneta en la que viajaba Cruz y se acercó para poderlo reconocer. Después fue retenido y posteriormente asesinado.
Originalmente, por esa participación, ambos recibirían 18 años de prisión al considerarlos coautores del crimen, pero en un procedimiento abreviado, en el que aceptan haber participado en el delito, se estableció que los policías fueron únicamente auxiliadores, que incluso no estaban consientes de lo que podría pasarle a Cruz después de identificarlo.
La sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento, contempla una pena de 12 años 6 meses de prisión para cada uno de los involucrados, una sanción económica por 627 mil 850 pesos que se deberá cubrir de forma conjunta con el Municipio de Guazapares, y el pago de la reparación del daño moral ocasionado a la víctima y su familia.
Además se declaró la responsabilidad conjunta del Municipio de Guazapares y se establece que deberá brindar una disculpa pública por los hechos violatorios de Derechos Humanos cometidos por el ex Director de la Policía Municipal.
Pero la condena todavía está en litigio. El Centro de Derechos Humanos para las Mujeres (Cedehm), organización que acompaña el caso y a la familia de Cruz, apeló la sentencia al considerar que los elementos de seguridad deben ser catalogados como coautores de desaparición forzada y no solo auxiliadores como lo estableció el juzgado.
La misma Fiscalía Especializada en Derechos Humanos presentó un recurso en contra porque el acuerdo era de una condena de 18 años.
Mientras tanto la familia continúa en el exilio con la amenaza constante, sin estar en su tierra y a la espera de que sean detenidos por lo menos otras 4 personas que se sabe están involucradas en el crimen de Cruz.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
