Desde el inicio de la vacunación contra la COVID-19, en febrero de 2021, el gobierno salvadoreño ha centrado sus esfuerzos en alimentar la percepción positiva de la opinión pública con la difusión de muchas imágenes de los puntos de vacunación. Sin embargo, no existe un registro detallado de la administración de vacunas a escala nacional en el que se pueda observar tanto el avance como los criterios adoptados. Aún no se sabe, por ejemplo, por qué, durante los primeros dos meses de inmunización, los pacientes con enfermedades crónicas, como el cáncer y el VIH, no fueron prioridad a pesar de estar en riesgo de padecer coronavirus grave.
Loida Martínez Avelar | Revista Factum*
El Salvador- Las personas con cáncer y con VIH quedaron relegados por el gobierno de El Salvador, durante los primeros dos meses de la vacunación contra la Covid-19. Aunque el aparato de publicidad estatal saturó las redes sociales con fotos y videos de los centros de vacunación, el país que más vacunas ha administrado en Centroamérica no tuvo una estrategia para inmunizar con celeridad a sus enfermos crónicos.
Desde que inició la vacunación, el 17 de febrero de 2021, hasta el 7 de julio pasado han ingresado al territorio salvadoreño 6.8 millones de dosis de vacunas, según los registros oficiales, y con ellas se ha vacunado al 20.4 % de la población. Sin embargo, las asociaciones que ayudan a las personas con cáncer y con VIH no tienen registros de cuántos pacientes están protegidos contra el coronavirus.
Estos pacientes suelen tener un sistema de defensas debilitado, lo que puede aumentar considerablemente la probabilidad de enfermarse gravemente a causa del COVID-19.
A diario, según el gobierno, son administradas más de 50 mil vacunas; sin embargo, no existe un registro público que fundamente ese dato con detalles del número de personas vacunadas por municipios, su edad y la marca de vacuna administrada. El gobierno oculta esa información por medio de la figura legal de reserva; una herramienta que le proporciona la Ley de Acceso a la Información Pública.
Por esa reserva, los ciudadanos no podrán conocer durante los próximos cinco años los procesos de adquisición de vacunas y tampoco tendrán información documentada, durante tres años, del plan de despliegue de vacunación.
La vacunación fue dividida en grupos de edad, empezando por los mayores de noventa y, aunque se añadieron algunas otras personas con enfermedades recurrentes en el país, como la diabetes y la hipertensión, el gobierno tardó en agregar a los pacientes crónicos.
La segunda versión de los Lineamientos Técnicos para la Vacunación contra el Sars-Cov2 colocó en quinto lugar de prioridad para la vacuna a las personas mayores de 18 años con enfermedades no transmisibles, como el cáncer. La ambigüedad del protocolo de atención ha generado confusiones entre el personal de salud, pues el documento establece que las personas con VIH pueden iniciar su inmunización si están en tratamiento antirretroviral controlado y “forman parte de un grupo recomendado para la vacunación”. Sin embargo, el Ministerio de Salud no aclara quién debe hacer la recomendación en caso de que sea médico de referencia del paciente o alguna asociación que proporcione la información.
El primer lote de vacunas contra el coronavirus, 20 mil dosis de Covishield, fabricada por el Serum Institute de la India, en colaboración con el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, llegó a El Salvador el pasado 17 de febrero de 2021. Ese día, no hubo detalles del cronograma de vacunación, ni fechas de la llegada del próximo lote, tampoco se revelaron los criterios que llevaron a El Salvador a comprar vacunas fabricadas en uno de los principales proveedores de medicamentos y vacunas en el mundo.
Hubo un gran despliegue de fotografías, videos, aplausos, tuits, militares, camiones rotulados con el logo gubernamental y abrazos entre el ministro de Salud, Francisco Alabí, el ministro de la Defensa, Francis Merino Monrroy y el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, tres funcionarios promovidos en el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Fue hasta 4 meses y 17 días después del inicio de la vacunación en el territorio que el ministro de Salud en una conferencia de prensa hizo un llamado a las personas de grupos de riesgo a vacunarse.
La declaración del funcionario ocurrió el pasado 4 de julio de 2021, día que llegó a El Salvador un lote de 1.5 millones de vacunas de la marca Moderna, donados por el gobierno de Estados Unidos. Horas antes del lote, la encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos en el país, Jean Manes, enfatizó que las vacunas fueron regaladas para ser administradas a los salvadoreños.
Para las personas que viven con cáncer y con VIH existe un hecho importante que marcó su situación antes de la vacunación: durante 89 días de encierro obligatorio para reducir la circulación del virus, entre los meses de marzo y junio de 2020, el gobierno salvadoreño cerró las consultas y las farmacias de los hospitales nacionales para concentrar toda su energía en la atención de la pandemia. No hubo distinción a pesar de que para estos pacientes el hecho de no tener su tratamiento puede ser una condena de muerte.
“El ministerio de Salud debió tener equipos que estuvieran planeando la liberación de algunos servicios para garantizar que personas con otras enfermedades no murieran. Muchos murieron por el abandono del sistema, en especial aquellas personas con enfermedades crónicas que requerían de servicios profesionales médicos, que su vida depende de un procedimiento o una pastilla”, dice William Hernández, director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña Entre Amigos.
El reconocido activista, con una trayectoria de 25 años en defensa de los derechos humanos, destaca los esfuerzos que hicieron médicos y enfermeras del sistema público, quienes por iniciativa propia administraron tratamientos e hicieron gestiones para que fueran despachadas recetas, casi en la clandestinidad, para frenar complicaciones.
Él hizo su parte. Junto a sus amigas y activistas, Dorys Acosta e Irma Hernández, llevaron 90 tratamientos antirretrovirales a los enfermos con VIH confinados, y que no podían desplazarse hasta los hospitales, a falta de transporte público. Ellos, con su propio dinero, pagaron la gasolina y sus gastos de alimentación. “Era un momento de solidaridad, los médicos nos ayudaron a gestionar las recetas y a liberar las medicinas. Estábamos en riesgo de contagiarnos, pero lo hicimos, hay personas que la pasaron muy mal”, relata Hernández, quien concedió esta entrevista en la sala de espera de un hotel de San Salvador, después de escuchar un conversatorio sobre la importancia del trabajo de la sociedad civil para cuidar el Estado de derecho en el país. El activista sigue trabajando en red con las organizaciones y confiesa que es la primera vez que habla con una periodista sobre lo que vivieron las personas con VIH durante el confinamiento.
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En la memoria de Carolina Aguilar, de 59 años, quedó grabado el momento de la pandemia que dio un giro en su tratamiento contra el cáncer, que padece desde 2016. Ella recuerda que en septiembre de 2020, una empleada del Seguro Social, institución que forma parte del sistema de salud nacional y donde son atendidos empleados y sus familiares, le dijo que ya no podían seguir aplicándole quimioterapia, pues la empresa donde trabajaba su esposo como agente de seguridad lo despidió y dejó de hacer el pago de las cotizaciones que le permitían recibir atención médica en esa institución.
La seguridad social la remitió a un centro público, el centenario Hospital Nacional Rosales, el más importante en atención de especialidades médicas. Pese a su relevancia, según el relato de varios pacientes y médicos junto a información de la farmacia del hospital recabados en marzo de 2021 por la Asociación Salvadoreña de Pacientes Oncológicos y la Fundación Edificando Vidas, desde diciembre del pandémico 2020, ese centro de atención carece de 10 medicamentos esenciales para administrar quimioterapias.
Carolina se siente impotente porque no tiene dinero para comprar las medicinas y el deterioro en su salud se percibe desde su tono de voz pausado. Además, camina despacio, tiene ojeras marcadas y padece muchos dolores. Narra que lleva la enfermedad sola, pues se separó de su esposo y su hijo vive lejos. Su madre, a quien mencionó varias veces durante esta conversación, murió en 2017. Sus dos hermanos menores también murieron. No puede trabajar porque se siente muy mal y subsiste con el dinero que le deja la renta de una casa pequeña que le heredó su madre. Sus inquilinos le pagan $175 dólares mensuales y con ese dinero cubre los gastos de los servicios fijos de su vivienda y su alimentación.
Una mañana de julio de 2021, Carolina salió de su casa para comprar un frasco de solución salina para hacerse sus terapias respiratorias y accedió a concedernos una entrevista. Ese día se delineó sus cejas y se puso polvos compacto en el rostro; también pudo ponerse de pie y animarse para seguir con su filosofía de vivir un día a la vez.
“Dios nos da enfermedades de ricos…a los pobres. La libré con el cáncer de seno en 2016, pero esta vez no se quiere ir”, dice al resumir el sufrimiento que atraviesa por el cáncer en las glándulas salivales que padece. Ella también tiene un linfoma que varias veces la ha llevado al quirófano.
Carolina ha recibido una dosis de la vacuna contra el coronavirus, marca Sinovac, de procedencia China. Se la aplicaron en junio pasado, cuatro meses después de iniciado el proceso de vacunación en El Salvador. Sus complicaciones para respirar y movilizarse sola en el transporte público, no le permitieron vacunarse en mayo. Un ataque de asma la postró en su casa en Mejicanos, un municipio al norte de San Salvador, donde vive sola y ha librado varias batallas por la vida.
Cuando se recuperó fue al megavacunatorio instalado en el Hospital El Salvador, ubicado a siete kilómetros de su lugar de residencia. Fue al lugar donde el presidente Bukele ofreció mil camas de UCI en el que era el hospital Covid más grande de Latinoamérica, pero que, un año después de la promesa, solo disponía de módulos de vacunación y un número indeterminado de camas, pues el dato es modificado con frecuencia por los funcionarios.
Carolina no tiene quejas ni denuncias a pesar de no contar con su tratamiento contra el cáncer en el sistema público, un derecho que según el artículo uno de la Constitución de la República debe ser proporcionado por el Estado a los salvadoreños. “Amo la vida y estoy agradecida por cada día, no vine para quedarme eternamente, pero he hecho un trato con la muerte. Le he dicho que no le voy a huir, pero que no venga a buscarme”, recalca.
Carolina es disciplinada y a eso le atribuye no haberse contagiado de coronavirus hasta este momento. Usa mascarilla todo el tiempo, evita salir a hacer sus compras de alimentos en horas de aglomeraciones y, en su cartera, lleva un frasco pequeño de alcohol de 70 grados para rociarse en las manos constantemente.
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“Llevar la vacuna a la gente y no la gente a las vacunas, como está ocurriendo”, así lo resume el médico salubrista y catedrático universitario, Guillermo Argueta. El Salvador cuenta con una red de más de 700 unidades de salud disponibles donde pudo haber sido administrada las vacunas y así facilitar el acceso a la población, según Argueta. En sus análisis, durante toda la pandemia, el médico ha enfatizado que las vacunas tuvieron que haberse acercado a las infraestructuras ya instaladas para que los más vulnerables, como ancianos, enfermos crónicos y personas que no tienen dinero para pagar el transporte pudieran ser vacunados rápidamente.
Argueta, que se ha especializado en epidemiología y en servicios comunitarios, también lamenta que se haya desbaratado el sistema de atención que acercaba los servicios médicos a los salvadoreños, incluidos los de vacunación, y que los esfuerzos se concentren únicamente en la atención en hospitales y en la publicidad del Gobierno.
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Para frenar la expansión de la epidemia de Covid-19, a escala nacional, El Salvador debería vacunar a 4,780,028 de sus habitantes, equivalentes al 70 por ciento de la población. Esa es la proyección en la que coinciden cuatro médicos salvadoreños de gran trayectoria que han analizado las vacunas contra el coronavirus que están siendo producidas en la actualidad.
Hasta el 16 de julio del año en curso, un total de 1,323,958 de salvadoreños han recibido las dos dosis prescritas, situación que ha sido posible por las vacunas adquiridas con el laboratorio Sinovac de China. Es decir, a la fecha, el 20.4 % de la población está protegida contra el virus.
El Salvador ha adquirido vacunas fabricadas en China tras el fortalecimiento de los lazos diplomáticos. Además, también se administran las vacunas Covishield, AstraZeneca y Moderna. La de Pfizer llegó al país por medio del mecanismo COVAX, el plan liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que busca el acceso mundial y equitativo a las vacunas del coronavirus y a un donativo de Estados Unidos.
Bajo ese plan, la OMS negocia precios con las farmacéuticas para adquirir las vacunas y luego donarlas a los países beneficiados con el subsidio del AMC (Compromiso Anticipado de Mercado). Los países que las reciben no pagan nada. Tomando en cuenta el fenómeno global de escasez de vacunas, a criterio de varios expertos, lo ideal es que los gobiernos diseñen una política de priorización que defina cuál es el orden en el que deben ser aplicadas las vacunas.
Un estudio sobre la vacunación contra el COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe, publicado por Oxfam en marzo pasado, reveló que no existía información sobre planes de vacunación contra el coronavirus en Venezuela, Cuba, El Salvador, Haití, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, o de existir, no se encuentra disponible para ser consultada en internet.
Entre febrero y junio de 2021, este equipo periodístico recorrió cinco vacunatorios, dos hospitales y tres unidades de salud para conocer de primera mano la modalidad de vacunación. Hablamos con siete médicos, diez enfermeras y más de una docena de pacientes. Todos apuntan a que no existió una estrategia para priorizar la inmunización de los pacientes con enfermedades crónicas. “La verdad es que como pacientes o sobrevivientes no hemos sido incluidos en ningún grupo (de vacunación), porque yo soy sobreviviente de cáncer y no aparecí en ningún listado hasta que le correspondió a mi edad”, dijo una beneficiaria de la Fundación Edificando Vidas, quien prefiere que no se publique su nombre para evitar problemas con “tinte político” que podrían surgir al ser malinterpretadas sus declaraciones. Como en otras ocasiones, muchas fuentes prefieren mantenerse en el anonimato por miedo a las represalias en el interior de sus centros o del ministerio.
Quienes sí se priorizaron fueron los trabajadores de la salud y a los militares, quienes en su mayoría fueron vacunados tras las llegadas de los primeros lotes al territorio salvadoreño. El sondeo hecho durante este reporteo estableció que, entre febrero y marzo, las vacunas Pfizer fueron administradas a policías y soldados. Por su parte, las vacunas Covishield y AstraZeneca fueron distribuidas al personal de salud del sistema público y del Seguro Social.
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Danilo Árevalo Sandoval, ginecólogo oncólogo privado, quien por medio de una asociación atiende a pacientes con escasos recursos, lamenta que los salvadoreños con enfermedades crónicas hayan sido abandonados durante su tratamiento y en la primera etapa de la vacunación. “Nunca pensaron en los más vulnerables, en cómo iban a darles sus tratamientos y para vacunarlos la situación no cambió. La estrategia es establecer pasos bien meditados para llegar a un fin, que era protegerlos. No existió nunca”, dijo en la entrevista realizada en su clínica particular.
El médico asegura que la desidia gubernamental hacia los pacientes crónicos inicia con la falta de datos y tardanza en la atención. En la actualidad no existe un registro de cuántas personas con cáncer viven en El Salvador y por la burocracia del sistema de salud, las citas y operaciones tienen un retraso de, al menos, seis meses.
A esas situaciones se suma el subregistro de muertes por enfermedades en el sistema público que parte de la redacción de las partidas de defunción: “a los pacientes les colocan, en las actas de deceso, que murieron por paro cardiorespiratorio, cuando todos mueren por esa causa porque siempre se deja de respirar”, lamenta. Sostiene que los enfermos con cáncer, enfermedad crónica y VIH tuvieron que haber sido el segundo grupo en la lista de vacunados.
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El Colegio Médico de El Salvador, calificado por el gobierno como opositor, sigue exigiendo una campaña de educación para la población con el fin de evitar un rebrote del virus. A criterio de muchos médicos se ha malinterpretado en la opinión pública que, tras la inmunización, las personas ya no se enferman de coronavirus.
El Foro Nacional de Salud también lamenta que las cifras oficiales del virus no sean exactas y que los subregistros de muertes por coronavirus sigan sin resolverse.
“Los datos sobre COVID-19 en la región no son confiables. Los problemas se derivan de la falta de pruebas, un pronunciado cisma urbano-rural, creencias culturales y prejuicios, e intereses políticos”, es una de las conclusiones de la investigación “El rompecabezas del COVID-19 en Centroamérica y Panamá”. El estudio, que fue hecho por INCAE Business School de Costa Rica y la Universidad de Nueva York y que fue publicado el 5 de junio en el Journal of Global Health, recopila las estadísticas de muertes registradas en los países de la región entre 2015 y 2020.
El Salvador tiene presionado el botón de alerta roja, según los resultados de la investigación. Existe la posibilidad que el país tenga un subregistro del 90.2 % de muertes no reportadas como Covid-19 entre enero y agosto de 2020, período donde se observó el colapso del sistema de salud salvadoreño por la gran cantidad de pacientes graves. A ojo de los expertos, una gran cantidad de personas pudieron haber muerto por coronavirus y no fueron reportadas.
Entre 2015 y 2019, el promedio de muertes en el país fue de 28,064 personas. En 2020, el año que la humanidad estuvo en vilo por el nuevo virus, el promedio subió a 35,368 fallecimientos en total. El esquema matemático de los expertos señala que ocurrieron 7,304 muertes más que el promedio reportado los cinco años anteriores, y ante la posibilidad que hayan muerto por coronavirus significaría que el gobierno de Bukele no habría reportado 6,587 muertes. La valoración se refuerza con la cifra oficial registrada de personas fallecidas por el virus en ese período: sólo 717.
“En El Salvador, en época de pandemia, cuando los casos en Centroamérica tienen una tendencia al alza, solamente se han presentado 10 reportes epidemiológicos en 30 días. El aparato de propaganda del gobierno reporta camas, bitcoins, y otros. ¿Pero información para proteger a la población?”, se preguntó el médico epidemiólogo, Alfonso Rosales, especialista en medicina tropical y miembro de la American Public Health Association (APHA, por sus siglas en inglés), el 26 de junio de 2021, en su reporte diario sobre el estado de la pandemia a nivel mundial.
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Carolina recibirá en los próximos días su segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, Sinovac. En este momento, lo que más le preocupa es tener acceso a su quimioterapia de mantenimiento para que el cáncer no avance, y que, según los sondeos que ha hecho con los médicos, tiene un costo de $500 por sesión. Aún no sabe si llegarán los medicamentos al hospital donde la atienden. Ella no es prioritaria.
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HISTORIAS
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Este trabajo es parte del especial periodístico Las vacunas llegan tarde y mal a Centroamérica y sur de México realizado por medios que son parte de la alianza Otras Miradas.
