El reciente paro de distribuidores al menudeo de gas LP abre la puerta a los entretelones del mercado de ese combustible en el país. Un terreno poco conocido donde la huella de gobiernos anteriores es la norma
Por Alberto Najara
Twitter: @anajarnajar
Fue una sorpresa. El martes 3 de agosto millones de personas en Ciudad de México, Toluca, Pachuca y Puebla, entre otras ciudades, amanecieron con la noticia de que no tendrían abasto de gas.
Una organización desconocida, llamada Gremio Gasero Nacional, anunció un paro nacional en la distribución del hidrocarburo.
El argumento fue que el tope máximo al precio del gas Licuado de Petróleo (LP) establecido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los dejaba fuera del negocio.
La noticia se difundió rápidamente y en extenso en los medios tradicionales.
Como en otras medidas y protestas contra el actual gobierno, en periódicos, noticieros de radio y televisión abundaron las críticas a la decisión gubernamental.
No fueron pocos los que anticiparon una catástrofe nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmaron, ponía en riesgo el bienestar de millones de mexicanos.
Lo curioso es que el pretendido paro nacional, que sólo afectó sólo a unas ciudades en el centro del país, no provocó desabasto real.
No hubo filas de consumidores formados ante las distribuidoras del gas, con su tanque al lado, a la espera de llenarlos con el hidrocarburo.
Tampoco se presentó el cierre masivo de negocios -excepto aquellos pillados con los tanques vacíos- por la falta del combustible.
No fue así. Tan rápido como fue convocada, la protesta de los gaseros desapareció.
Horas antes de tan extraño suceso el presidente López Obrador advirtió que la Guardia Nacional evitaría el bloqueo a la distribución del gas.
Dijo también que su gobierno buscaría dialogar con los inconformes y anunció investigar y sancionar a quienes fomenten el desabasto.
No está claro cómo ocurrió el diálogo, si es que existió, y cuáles las condiciones para suspender el paro.
Lo único cierto es que la movilización fue ampliamente reseñada como una falla más -según los medios tradicionales- de la 4T. Quizá ése fue el propósito real.
En todo caso la protesta permite entender la situación del mercado del combustible en el país, y sobre todo de quienes protagonizaron las movilizaciones: los comisionistas encargados de la distribución a domicilio del combustible.
Uno de los datos poco conocidos es que existe una especie de cartel del gas LP, formado por cinco grupos empresariales, que distribuyen el 60% del gas que se consume en el país, según datos de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Se trata de Grupo Tomza, propiedad de Tomás Zaragoza Fuentes que controla la venta en prácticamente todo el noroeste del país.
En este negocio también participa Zeta Gas cuyo dueño es Miguel Zaragoza Fuentes. La empresa distribuye el combustible en Nayarit, Jalisco y Michoacán, por ejemplo.
Otro consorcio es Gas Uribe, del empresario Óscar Uribe responsable de la distribución en el Valle de México junto con Vela Gas, de Lázaro Bello.
El otro integrante de este cartel del gas LP es Gas Express Nieto, del empresario Sergio Nieto del Río y que domina el mercado en Guerrero, Jalisco, Veracruz, Querétaro, Guanajuato y parte de Ciudad de México.
Algunos de estos grupos cuentan con historias controvertidas. Los hermanos Zaragoza, por ejemplo, fueron parte del grupo Amigos de Fox que financió la campaña -y otros gastos- del expresidente Vicente Fox Quesada.
También apoyaron al impresentable Felipe Calderón Hinojosa y a otros candidatos del Partido Acción Nacional.
Sergio Nieto ha sido vinculado con el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya, actualmente enjuiciado por corrupción.
En 2015 una de las pipas de este consorcio estalló y causó la destrucción del Hospital Infantil de Cuajimalpa. Los peritajes oficiales advirtieron que el tanque se encontraba en mal estado por falta de mantenimiento.
El cartel del gas LP es una parte del mercado nacional del combustible.
Otra de ellas está formada por los distribuidores al menudeo, llamados comisionistas, que fueron los protagonistas del reciente intento de paro nacional.
Son los dueños de las pipas o camiones de cilindros de gas que recorren pueblos y barrios en las ciudades del país, y que no forman parte de las grandes empresas.
Estos pequeños empresarios compran el combustible en las gaseras y luego lo distribuyen a cambio de una comisión de entre 10 y 20% del precio en el mercado.
Con ese dinero pagan el sueldo de sus empleados, el mantenimiento de las unidades y cubren sus propias ganancias.
No era mal negocio: la falta de supervisión de las autoridades y una regulación laxa gracias a la Reforma Energética les permitía fijar el precio del gas según su criterio y el de las empresas.
La situación empezó a cambiar cuando el gobierno federal empezó la supervisión del mercado, y ante el anuncio de una empresa estatal para distribuir el combustible.
El colmo fue el anuncio de tope máximo al costo del gas, lo que impidió el incremento discrecional de los precios.
Los comisionistas aseguran que las empresas redujeron sus comisiones para compensar el menor ingreso, y por eso decidieron el paro.
Otro elemento es el robo de gas, conocido como huachigas o gaschicol donde participan organizaciones como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El grupo controla algunas de las regiones por donde cruzan los ductos de Pemex que transportan el combustible. Es una de las razones de la violencia extrema en estados como Jalisco o Guanajuato, por ejemplo.
El huachigas se distribuye, por ejemplo, en colonias de municipios vecinos de Ciudad de México, así como en barrios de Hidalgo, Jalisco y Tamaulipas, por ejemplo.
Y un tercer punto que se presenta sobre todo en el Valle de México es el control territorial de pandillas y bandas de narcomenudeo, que controlan la venta del gas en las colonias donde dominan.
Es el escenario que pretende regular el gobierno de López Obrador con acciones como la empresa Gas Bienestar, que distribuirá el combustible a bajo costo.
La primera etapa inicia en las alcaldías de Iztapalapa y Azcapotzalco de Ciudad de México, donde se ha registrado el mayor abuso de comisionistas y empresas gaseras.
Luego se extenderá por el resto del país. La estrategia es obligar al mercado a reducir el precio a través de la competencia.
Quién sabe si tendrá éxito, porque el control que ejerce el cartel del gas LP en el país es grande. Hasta ahora, en ese sector, el libre mercado no existe.
Para conseguir el objetivo de terminar con los abusos y sobreprecio hace falta más que una empresa paraestatal. Como se demostró con el reciente paro los mega consorcios no van a soltar tan fácil el mercado.
La advertencia de recurrir a la Guardia Nacional pareció funcionar esta vez, pero quizá porque el primer objetivo de la corporación serían los comisionistas.
Quien sabe si al cartel del gas le espante ese petate del muerto.
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Alberto Najar. Productor para México y Centroamérica de la cadena británica BBC World Service. Periodista especializado en cobertura de temas sociales como narcotráfico, migración y trata de personas. Editor de En el Camino y presidente de la Red de Periodistas de a Pie.
