La iniciativa de la gobernadora electa de Chihuahua se queda en el administrativismo. Ignora que las instituciones públicas en muchos casos son el desemboque de un largo proceso de demandas y luchas ciudadanas
Por Víctor M. Quintana S.
Hay quienes usan ciertas expresiones pretendiendo darles un carácter de irrefutables, indiscutibles. Uno de ellas es la ya clásica: “el sistema no lo permite” tan empleada en la burocracia pública o privada. Quien la dicta espera que uno calle de inmediato, rendido ante la contundencia y definitividad de la frase. También sucede así con el término “reingenieria”: se dice como si fuera una acción o curso de acción con justificaciones y motivaciones técnicas sólo accesibles para los iniciados, incuestionables para los simples mortales. Se justifica por sí misma y punto. Sin considerar que todas las expresiones se enuncian desde un lugar social marcado por relaciones de poder y que ningún enunciante escapa a ellas.
Una disculpa por la larga introducción. pero era necesaria para hablar en un primer acercamiento, de la iniciativa de ley presentada hace unos días por la Gobernadora Electa al Congreso del Estado para hacer una “reingeniería” de la administración pública estatal.
La justificación manifiesta -porque hay otras no manifiestas- es que es necesario ahorrar recursos. Ciertamente las precarias finanzas estatales así lo marcan. Pero no es metiéndole tijera a dependencias o programas importantes donde se van a ahorrar más recursos. Las verdaderas fugas del erario no están ahí. Hay que ver la cantidad de dinero que se va en los exagerados sueldos y prestaciones que se pagan en los organismos autónomos, por ejemplo. Por otro lado, es una obligación de la administración entrante el recuperar los cientos de millones de pesos que se sustrajeron al estado durante el duartismo para inyectarlos de inmediato al presupuesto público. Hay todavía hay instancias donde los recortes no han llegado y hay fuentes de donde se pueden obtener más recursos.
Cuando uno empieza a ver que, por ejemplo, se desaparece la Secretaría de Cultura para convertirla en un anodino e inane Instituto de Cultura, sin patrimonio propio, sospecha que la “reingeniería” (entre comillas) no es tal sino un verdadero tasajeo (sin comillas) de capacidades de gobierno, una cirugía con cuchillo cebollero. La elevación de la actividad de promoción cultural al rango de Secretaría, no es fruto de los devaneos artísticos de algún gobernante sino la respuesta a un derecho humano plenamente reconocido e instituido. Si se subordina a otras dependencias, la cultura siempre será segundona. Por otra parte, la Secretaría es un logro de las y los personas creadoras y promotoras de la cultura. En ella encuentran un interlocutor inmediato, con capacidad de respuesta, que no tiene que pedir autorización para tomar decisiones en el ramo, que no va a ser considerado como de nivel más bajo ni por la secretaría federal, ni por las secretarías de los estados. Reducir la cultura a la “alta cultura” o a las expresiones artísticas es empobrecerla al máximo. Es no entender que entraña la dimensión de significado de nuestro ser y nuestro quehacer como personas y como comunidades, los sentidos que les damos, es reducirla a la parte light de la educación, homogenizarla, aislarla de los grupos sociales, diversos, que la crean y la recrean.
La iniciativa de reforma a la administración estatal presenta otros problemas. El Movimiento de Mujeres de Chihuahua es de los más vigorosos y avanzados a nivel nacional y una de sus demandas constantes llevada a logro es la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género. (FEM). La iniciativa en cuestión pretende agregar al nombre “Y Atención a la Familia”. Ignora dicha iniciativa que esta fiscalía es un logro de las demandas sobre todo de Norma Ledezma ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegó a un arreglo amistoso con el gobierno de Chihuahua para que se estableciera y se denominara así y se orientara a lo que su nombre indica.
El agregado que pretende la iniciativa diluye el propósito inicial de dicha Fiscalía y contraviene lo acordado con la CIDH. Tal vez para pagar una deuda con los grupos conservadores que la apoyaron, la administración entrante, le enjareta el de “Atención a la Familia”, quitando el foco de quienes sufren más violencia dentro de ellas: las mujeres. Además, también contra lo pactado con ésta, los Centros de Justicia para la Mujer, dejarían de depender de la Fiscalía General, (que les otorga más fuerza y recursos) para depender de la FEM, siempre con el agua al cuello en el asunto de los dineros.
La iniciativa se queda en el administrativismo. Ignora que las instituciones públicas en muchos casos son el desemboque de un largo proceso de demandas y luchas ciudadanas, la condensación de un proceso de cultura y participación políticas. Si la iniciativa no se modifica o más aún, se somete a consulta pública, será un primer paso en la dirección equivocada.
De otros aires que soplan en la iniciativa y el tufillo yunquista de cambio de la Secretaría de Desarrollo Social a Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (Amén), trataremos en una posterior colaboración.
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