El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) aceptó, por primera vez, un caso de desaparición en México: el de Ivette Melissa Flores Román, ocurrido en 2012 en Guerrero. La madre y sus abogados buscan que la recomendación obligue al gobierno a investigar la desaparición de mujeres con perspectiva de género. Son 22,600 desaparecidas en el país y los retos para hacer una búsqueda diferenciada a la de los hombres —apuntan expertas— son enormes y no son nuevos.
Por Aranzazú Ayala y Efraín Tzuc para el proyecto A dónde van los desaparecidos*
Después de nueve años de búsqueda, Sandra Luz Román sigue sin encontrar a su hija Ivette Melissa Flores Román, desaparecida el 24 de octubre de 2012 en Iguala, Guerrero, a los 19 años. Y es por eso que ahora, decidió recurrir a las instancias internacionales.
Acompañada por la organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas), presentó el caso de la desaparición de su hija ante el Comité de Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra las mujeres (Comité CEDAW). Ella busca evidenciar la desigualdad y la violencia de género que rodean a las desapariciones de mujeres en el país.
Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas, explica que la denuncia por el caso de la desaparición de Ivette Melissa se presentó ante el CEDAW porque no hay condiciones para garantizar el acceso a la justicia en México.
“A nivel del estado (Guerrero) no hay abierta ninguna carpeta (de investigación), todo está a nivel federal”, dice. A pesar de que un juez dio la orden a la Fiscalía General de la República (FGR) de investigar con perspectiva de género, esto no ha ocurrido. “Por eso, decidimos que había que presentar el caso al CEDAW”, agrega el abogado.
La resolución del caso sería la primera que emita este órgano de expertas internacionales por la desaparición de una mujer en el mundo, y la segunda que recibiría México; la primera fue en 2017 por el feminicidio de la joven veracruzana Pilar Arguello Trujillo.
En México, las desapariciones enmarcadas en la violencia del crimen organizado, como es el caso de la de Ivette Melissa, no son investigadas; mucho menos las de mujeres, pues se inscriben, además, en un contexto de la violencia de género normalizada.
De la violencia en casa a la desaparición
La desaparición de Ivette Melissa fue un crimen anunciado: “Ella vivía con miedo”, dice su madre. Cuando se embarazó, a los 16 años, se fue a vivir con su esposo, a casa de su suegro, que en ese momento tenía un cargo de mando en la policía estatal. Ahí, Ivette era víctima de violencia física y estaba prácticamente aislada. “Cuando estaba embarazada, le pegó muy feo su marido. Estuvo dos días conmigo, y ya fueron a recogerla”, recuerda Sandra Luz Román.
Fue hasta finales de 2010, cuando la bebé de Ivette tenía un año, que la joven regresó a casa de la señora Román. “Ella me dijo que la iban a liberar. A mí no se me hizo sano que usara esa palabra de liberar, así es que le pregunto: ‘Bueno, pues qué, ¿estás secuestrada?’, ‘No, no, pero manda mi suegro y pacté con él, así es que en el cumpleaños de mi hija, yo me voy’”, le dijo Ivette Melissa.
Desde ese momento, la señora Román empezó a notar que el suegro mostraba un interés particular en su hija, y ella le decía que sus cuñados la seguían y amenazaban.
A inicios de septiembre de 2012, las amenazas fueron más recurrentes; Sandra Luz decidió mandar a su hija y a su nieta a Querétaro. Quince días después, su suegro las localizó y por eso regresaron a Iguala.
La noche del 24 de octubre de 2012, un grupo de personas armadas irrumpió en la casa de Sandra Luz, cuando ella apenas había salido; rafaguearon el inmueble y golpearon a otro de sus hijos, antes de llevarse a Ivette. El auto en el que huyeron con la joven iba escoltado por patrullas de la policía municipal de Iguala, según alcanzó a ver la otra hija de la señora Román.
“Nadie vino a levantar los casquillos, ningún ministerio público vino a ver qué había sucedido, ni los soldados ni la policía”, recuerda la señora.
De inmediato, fueron a la agencia del ministerio público de Iguala, pero no lograron tramitar la denuncia. En la agencia un funcionario les dijo: “Les voy a levantar una carta de derechos, pero muy sencillo. Lo que es: que se la llevaron y punto. Nada que si (fueron) policías, porque si les hacemos la denuncia, saliendo les van a matar”.
Días después, al increpar a su consuegro, éste le admitió que Ivette Melissa “le había gustado a sus jefes”, y que por eso se la habían llevado.
La señora Román buscó ayuda en las instancias federales, en la Ciudad de México, hasta que dio con Províctima, el programa de atención a víctimas con el que contaba la entonces Procuraduría General de la República (PGR). A inicios de 2013 logró tramitar una denuncia por trata de personas.
A partir de entonces recorre el laberinto burocrático para alcanzar la justicia: en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) se tardaron un año en determinar que no podían llevar el caso, porque no se trataba de un feminicidio sino de un delito que involucraba al crimen organizado, y enviaron la investigación a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en donde aún sigue.
Ese trámite no sólo descartó la posibilidad de investigar la desaparición de Ivette Melissa como un crimen relacionado con trata de mujeres, sino que omitió las razones de género que están detrás de la desaparición.
A finales de 2018, la señora Román obtuvo un amparo para obligar a la ahora Fiscalía General de la República a investigar la desaparición de su hija con perspectiva de género.
Volga de Pina, del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México (ODIM), explica que las investigaciones con perspectiva de género implican tomar en cuenta el contexto previo de las mujeres, es decir, analizar su entorno.
Se debe preguntar, por ejemplo, si estaba pasando por algún problema personal, indagar si hubo hostigamientos previos, amenazas, presiones de la pareja, y la búsqueda también se tiene que hacer casi siempre desde el campo de la familia.
“Cuando se habla de aplicar la perspectiva de género en las desapariciones implica preguntarse si el motivo alrededor de la desaparición se relaciona con ser mujer”, añade la abogada.
Fue hasta abril de este año, que a Sandra Luz apenas la contactaron para unas primeras sesiones psicológicas.
Por eso, la madre de Ivette Melissa decidió acudir al Comité CEDAW, un grupo de expertas y expertos independientes del Sistema de las Naciones Unidas que tiene el mandato de vigilar que los Estados que firmaron la Convención para la eliminación de la discriminación contra la mujer, como México, cumplan con garantizar los derechos humanos de las mujeres.
El Comité aceptó analizar si, en el caso de la desaparición de Ivette Melissa, las autoridades en México cumplieron con sus obligaciones derivadas de la Convención, entre ellas, la eliminación de cualquier forma de discriminación cometida por servidores públicos y el acceso a la justicia. De no haberlo hecho, las expertas emitirán una resolución en la que podrían establecer las medidas que deben seguir las autoridades para garantizar la búsqueda e investigación de la desaparición de la joven con perspectiva de género, y darían seguimiento al cumplimiento de éstas.
Por eso, recurrir al Comité CEDAW insiste en la necesidad e importancia de que la desaparición de Ivette Melissa (y la de todas las mujeres del país) se investigue con perspectiva de género.
En México hay 22,641 mujeres desaparecidas, el 77% de éstas ocurrieron a partir de diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón sacó de los cuarteles a las Fuerzas Armadas para confrontar a los grupos criminales. La desaparición de mujeres está acentuada en las niñas y jóvenes, de entre 12 y 16 años. En ese rango de edad, las mujeres víctimas son más que los hombres.
En el caso de la desaparición de Ivette Melissa, Juan Carlos Gutiérrez enfatiza los antecedentes previos de violencia de género que rodean el caso.
“Ella es desaparecida por su propia familia: por su esposo y su suegro, que era policía, y en ese sentido esas violencias previas que se realizaron, que están planteadas en el expediente, son invisibilizadas en la investigación de la desaparición. Se podría decir que la desapareció un agente del Estado y es grave, pero en el fondo, antes de la desaparición, a ella se le somete a situaciones de violencia, de acoso, se le persigue, se le advierte que si no se adecua a lo que el hombre quiere, va a sufrir las consecuencias tanto por parte de su esposo como en su familia. Es como si le enviaran un mensaje: ‘mira, no hiciste caso a los cánones que nosotros establecimos y por tanto te desaparecemos’.”
Pese a estos antecedentes, las autoridades locales nunca investigaron y las federales desestimaron el caso negándose a investigar tomando en cuenta la violencia de género.
La marca de género en las desapariciones de mujeres en México
Como a muchas madres de personas desaparecidas, a la señora Román se le puede ver un día en protestas y al otro en los áridos parajes de Iguala, buscando rastros de entierros clandestinos, junto con otras madres que integran el colectivo Madres Igualtecas, colectivo que surgió a partir de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, cuando las familias locales descubrieron que había muchas fosas, pero que el gobierno sólo se enfocaba a buscar a los normalistas.
Por buscar a su hija, la señora Roman recibió amenazas que la obligaron a salir forzadamente de Iguala. Además, su sobrina Norma Angélica Bruno Román, que le ayudaba en la búsqueda de Ivette Melissa, fue asesinada en 2015.
Sandra Luz, además, desarrolló un cáncer de mama. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha querido reconocer que su enfermedad es un efecto colateral de la desaparición de Ivette Melissa y las amenazas que ha recibido.
En México, a pesar de que 25% de las víctimas de desapariciones son mujeres jóvenes, sobre todo entre 12 y 17 años, es común que las autoridades ignoren las condiciones de discriminación y violencia de género al investigar este delito y buscar a las mujeres, como ha pasado durante casi una década con el caso de Ivette Melissa.
Los datos muestran que hay diferencias evidentes cuando se comparan las desapariciones de mujeres y hombres, y que hay territorios en donde a las mujeres “se las traga la tierra” para no regresarlas jamás.
Se trata de Coahuila, Veracruz, Nayarit, Tamaulipas, Baja California Sur y Guerrero, estados donde es menos probable que las mujeres sean localizadas, si contrastamos el total de estas desapariciones con las localizaciones, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Para la investigadora del ODIM, Volga de Pina, las desapariciones de mujeres son complejas y éstas “no acaban de encajar con el patrón ‘tradicional’ del resto de casos, porque muchas veces se inscriben dentro de las dinámicas de violencia de género donde (el responsable) es una persona cercana a la mujer, y donde se tratan como si fueran menos graves que las que responden a un contexto de violencia”.
En palabras de Juan Carlos Gutiérrez, la desaparición de Ivette Melissa se dio en un contexto de violencia estructural, en el que la mujer no tiene ningún valor y es tratada como objeto. Esto, además de que se suman el hecho de la violencia sexual, donde se usa el cuerpo de la mujer como una suerte de trofeo de guerra.
“A ella la desaparecen por ser mujer en un contexto de discriminación, de violencia estructural, en el que la mujer no tiene ningún valor y en el que la mujer es simplemente una aliada o es un objeto que es visto para satisfacer los intereses de los de los líderes de los grupos de la delincuencia organizada”, afirma el defensor.
Volga de Pina coincide en la lógica distinta que tienen las desapariciones de mujeres. Menciona que la desaparición forzada, por ejemplo, tiene un método muy claro; si se controlan las fuerzas armadas y baja la violencia del crimen organizado, estos casos disminuyen.
“Pero en las (desapariciones) de mujeres cómo le haces, si es tu hermano, tu primo, si es el vecino que te puso el ojo, te violó, mató y enterró en tu jardín, ¿eso cómo lo vamos a arreglar? Muchos funcionarios dicen, si tu novio te mato es tu culpa, tú lo elegiste. Mientras no tenga costo matar mujeres, nos van a seguir matando y desapareciendo.”
Buscar herramientas fuera de México
El antecedente más importante para buscar justicia referente a la violencia de género en instancias internacionales fue el caso conocido como Campo Algodonero, que documentó la desaparición y feminicidio de tres mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sentenció al Estado Mexicano por no haber garantizado los derechos a la vida, a la integridad y la libertad de las víctimas, así como sus derechos al acceso a la justicia y no discriminación.
Además, la sentencia estableció que las autoridades en México debían continuar con la “estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres”.
Para Alejandra Nuño, abogada a cargo del seguimiento a la sentencia, a partir del caso Campo Algodonero hubo un cambio en la narrativa sobre las desapariciones y feminicidios y la forma de investigar estos delitos.
“Lo que sí ha cambiado es que hay una mayor visibilización de las desapariciones en general y de mujeres en particular; cada vez está habiendo mayor capacitación en relación de cómo investigar, buscar y prevenir casos de desaparición de mujeres en el país” , dice la abogada en entrevista.
Tanto Nuño como de Pina coinciden en que aunque en Campo Algodonero se trató de feminicidios, todos fueron precedidos por la desaparición de las mujeres.
“Esa es la paradoja: los organismos internacionales nos han servido para nombrar las cosas, crear marco jurídico, darle institucionalidad a nuestras exigencias, pero no han sido suficientes para atender las causas que dan lugar a que las mujeres podamos ser desaparecidas y asesinadas porque sí, en cualquier momento”, explica la investigadora del ODIM.
La abogada Volga de Pina explica que casi todos los casos de desapariciones llevadas a instancias internacionales llegan a otro Comité de la ONU, el de Derechos Humanos; por ello, el análisis que haga el Comité CEDAW será muy valioso porque este organismo es más amplio y está especializado en temas de violencia contra las mujeres.
“Todo lo que llevamos años diciendo, a veces tiene más peso que lo diga un organismo internacional: que no se está investigando, que se pierden pruebas. Te da la razón, pero sobre todo da la razón a las víctimas”, dice.
El camino de la justicia internacional tampoco es inmediato; recientemente, el Comité CEDAW notificó a Idheas que el caso está en análisis y pidió más información sobre la desaparición de Ivette Melissa. En esta parte del proceso, las autoridades mexicanas también tendrán que informar al Comité qué acciones han realizado para investigar y buscar a la joven con perspectiva de género.
El Comité no tiene un plazo para emitir su resolución, pero el abogado Gutiérrez espera que emita su decisión el próximo año. Mientras tanto, la señora Sandra Luz Román continúa buscando a su hija y apoyando a otras madres que están en la misma situación.
“Lo que espero de ellos (los expertos y expertas del Comité) es la justicia, y si no se da la justicia, por lo menos que honren la memoria de las mujeres”, dice la señora Román.
*Aranzazú Ayala (@aranhera) es colaboradora y parte del equipo de A dónde van los desaparecidos y reportera en Lado B en Puebla
Efraín Tzuc (@efra_tzuc) es reportero en el proyecto A dónde van los desaparecidos y asistente de investigación en Quinto Elemento Lab
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www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos
