Artículo 19 busca que el caso de Lydia Cacho llegue de nuevo a la Suprema Corte; Mario Marín ha tramitado dos amparos y un incidente de libertad por desvanecimiento de pruebas
Por Ernesto Aroche Aguilar @earoche / Lado B
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó que la magistrada Selina Haidé Avante Juárez fuera removida del Tercer Tribunal Colegiado con sede en Quintana Roo y enviada a Xalapa a otro Tribunal mientras se realiza una investigación por presuntos actos de corrupción.
La información sobre la investigación fue dada a conocer el pasado lunes por el portal Animal Político y confirmada por LADO B a través de la notificación que el CFJ le giró a principios de mes a la magistrada.
El caso cobra relevancia pues Avante Juárez fue la magistrada que presentó el proyecto de sentencia que exoneró de facto a Kamel Nacif por el delito de tortura del que fue objeto la periodista Lydia Cacho hace más de 16 años.
Al respecto, Leopoldo Maldonado, director de la organización Artículo 19, quien lleva la representación legal de la periodista, sostuvo que el cambio de la magistrada “es un primer paso, necesario para una investigación a fondo sobre los actos de corrupción que nos fueron informados como representantes de Lydia Cacho en la tramitación de los amparos, que en su momento promovieron Kamel Nacif, Adolfo Karam y ahora Mario Marín”.
Maldonado sostuvo además que la investigación a la magistrada debió haberse iniciado mucho antes, cuando la propia organización informó sobre la investigación por la tortura de la periodista “y no hasta que Lydia Cacho dio a conocer que la magistrada Avante Juárez tenía un hermano que trabajaba en el equipo del ministro presidente Arturo Zaldívar”.
Y agregó: “Esperemos que llegue a las últimas consecuencias porque no podemos seguir en esta situación donde la justicia se presta a hacerle el juego a las mafias y a las redes de poder”.
Peleando con uñas y dientes
Tras la sentencia de exoneración de Kamel Nacif, Mario Marín Torres solicitó un par de amparos en contra de su encarcelamiento e inició una acción legal llamada “incidente de libertad por desvanecimiento de pruebas”, que es, a decir de Maldonado, “uno de esos resabios de nuestro sistema tradicional para las salidas políticas”, pero hasta el momento no se ha resuelto.
El abogado y director de A19 explicó que todas las acciones legales del exgobernador para lograr su libertad deben resolverse en el Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo, de ahí la importancia de que haya sido transferida la magistrada que benefició a Kamel Nacif.
El mismo documento de notificación del CJF puntualiza la importancia de la remoción de cara a las investigaciones que se iniciaron luego de la resolución ante la sospecha de actos de corrupción.
“Al existir un escenario en el que resulta necesario que el Consejo de la Judicatura Federal desempeñe sus funciones de supervisión y auditoría, ante hechos o conductas que pudieran constituir responsabilidades administrativas y con la finalidad de que se desahoguen diligencias que puedan requerir la colaboración activa de personas, cuya participación puede verse amedrentada o, al menos, inhibida por la presencia del titular, resulta procedente la readscripción [el cambio de tribunal] del titular a otro circuito con la finalidad de llevar a cabo la investigación correspondiente”.
Por lo pronto, explica Leopoldo Maldonado, desde la defensa de la periodista ya solicitaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso y que salga del tribunal colegiado sobre el que ahora pesan acusaciones de corrupción.
Esta nota fue realizada por LADO B, integrante de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.
