Al plantear que la ley no establece límites ni lineamientos para que la objeción de conciencia pueda ser ejercida “sin poner en riesgo los derechos humanos de otras personas”, la SCJN reconoce e invalida una carta comodín que ha sido utilizada mañosamente para negarnos derechos
Celia Guerrero / Twitter: @celiawarrior
A estas alturas, la decisión de la Suprema Corte de Justicia mexicana que declaró inconstitucional la penalización del aborto en los estados de Coahuila y Sinaloa, más las implicaciones a nivel nacional de la sentencia, ya no es noticia sino historia. El asunto ha sido sobre analizado por mejores periodistas que yo, así que si son de las pocas personas que apenas se enteran y quieren acercarse más al tema, o simplemente quieren escuchar un análisis profundo y preciso de la importancia del hecho, les recomiendo el episodio de El hilo en el que entrevistan a Lucía Lagunes.
Después de esta votación los ministros se siguieron con la discusión de Ley General de Salud, en específico de la llamada ‘objeción de conciencia’ del personal médico y de enfermería. Era necesario que lo hicieran si consideramos que la amplitud del término —más la moral enferma de ciertos médicos— ha derivado en la negación de derechos, sobre todo, a niñas y mujeres.
En concreto, lo que se analizó en la Suprema fue el artículo 10 bis, adicionado a la Ley General de Salud en mayo de 2018, donde textualmente se establece que el personal podrá “excusarse de participar en la prestación de servicios”. Por ‘servicios’ podrían entenderse muchos, cualquiera del personal médico y de enfermería en la ley, pero la objeción de conciencia se vincula directamente al tema del aborto porque en la práctica es uno de los argumentos más utilizados por quienes no solo se ‘excusan’ de prestar atención médica, sino que al rehusarse a la interrupción de embarazos niegan el derecho a la salud de niñas y mujeres.
Historias de menores de 15 años embarazadas, víctimas de violación, a quienes ilegalmente les han negado el derecho a interrumpir sus embarazos como está establecido en la ley federal, abundan en los estados conservadores, donde la objeción de conciencia ha sido un arma de misóginos escudados en la supuesta protección de la vida —no la de las niñas, queda claro.
En marzo de 2019, en Xalapa, Veracruz, la organización Equifonía acompañó el caso de una menor de 13 años, embarazada a raíz de la violación por un hombre de su familia, a la que se le negó el acceso a un aborto primero en una clínica y luego en el Centro de Atención Especializada. A pesar de que los papás de la niña denunciaron la violación, el hospital determinó —según sus propios criterios— que el embarazo excedía las 12 semanas en los que podían practicar legalmente el aborto, señalaron que tenía 13 semanas, y la familia tuvo que trasladarse a la Ciudad de México, con apoyo de la organización, para realizarlo en una clínica privada.
La historia la documentó la reportera Georgina Zerega y en su texto señala algo aún más indignante y cínico: los convenios de la Secretaría de Salud estatal con albergues católicos a los que envían a las niñas y jóvenes embarazadas después de obstaculizarles el acceso a un aborto.
Veracruz es uno de los —hasta ahora— cuatro estados del país en los que se despenalizó la interrupción del embarazo a la semana de embarazo 12. Recién, en julio de 2021, el Congreso local derogó y reformó los artículos del Código Penal para que dejara de ser un delito en el estado.
Sin embargo, aún cuando el aborto deja de ser un delito bajo ciertas circunstancias, no significa que los derechos de las niñas y mujeres estén asegurados. El uso a conveniencia de la objeción de conciencia es un claro ejemplo.
Así que, al plantear que la ley no establece límites ni lineamientos para que la objeción de conciencia pueda ser ejercida “sin poner en riesgo los derechos humanos de otras personas” e invalidar el dichoso artículo, el tribunal reconoce e invalida una carta comodín que ha sido utilizada mañosamente para negarnos derechos. Ahora es el Congreso de la Unión quien deberá reformar la Ley General de Salud y asegurar una partida realmente justa.
