Denuncian que el titular de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas no cuenta con experiencia comprobada para atender las necesidades y problemáticas de los pueblos de Chihuahua, además de ser cercano a figuras priistas del gobierno de Duarte y que ejercen actualmente acciones penales contra una comunidad rarámuri.
Por Óscar Rosales / Raíchali
Comunidades y pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara, sociedad civil, activistas y académicos de Chihuahua, exigen a través de una carta a la gobernadora María Eugenia Campos, la destitución del nuevo titular de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas (COEPI), Enrique Alonso Rascón Carrillo, al señalarlo de no contar con un perfil idóneo de cercanía y conocimiento de los pueblos originarios del estado, así como de un posible conflicto de intereses por su vínculo cercano con el diputado priista Omar Bazán Flores, quien actualmente tiene una demanda penal contra la comunidad rarámuri de Mogótavo en el zona serrana del municipio Urique, motivada por intereses inmobiliarios.
La exigencia la respaldaron con la junta de firmas para la destitución, via plataforma Change, y está traducida tanto al rarámuri como al warijó. Ahí enfatizan que la experiencia de Rascón no comprueba un conocimiento previo del territorio indígena en Chihuahua y que su perfil y capacidades no responden a las necesidades y problemáticas de los pueblos que lo habitan.
El camino profesional y político del nuevo titular ha estado ligado al PRI desde una muy temprana edad. Con tan solo 17 años, se afilió al partido tricolor en 2007, participó en la campaña para diputación de Alejandro Cano en 2009 y fungió como coordinador estatal de “primeros votantes” para la campaña de César Duarte en 2010.
Fue consejero municipal y estatal del partido tricolor durante el 2012 y 2013, respectivamente, fue presidente del Comité Directivo Estatal de la Red Jóvenes X México del 2014 al 2018 y Coordinador Juvenil Estatal del candidato priísta Enrique Serrano, durante las elecciones del 2016.
Rascón también es señalado por su cercanía con Christopher James Barousse, exlíder juvenil del PRI y quién está bajo arresto domiciliario con brazalete electrónico, por estar involucrado en el desvío de más de 2 millones 600 mil pesos durante la administración del exgobernador César Duarte.
Además de su cargo en la COEPI, el joven priista es actualmente el suplente del diputado plurinominal Omar Bazán Flores, quien junto con otros cuatro empresarios políticos de Chihuahua y Sonora, tienen actualmente una demanda penal contra la comunidad rarámuri de Mogótavo, por despojo agravado, es decir, acusan a los rarámuris de haberles quitado 154 hectáreas de territorio.
Organizaciones de la sociedad civil y defensores jurídicos encuentran improcedente esta acusación, ya que hay pruebas que evidencian la existencia de los rarámuris desde hace más de un siglo en esa zona serrana del municipio de Urique.
“No tienen ningún recato en nombrar a una persona que está directamente ligada directamente a grupos de interés, que van en contra de los derechos de los pueblos indígenas”, denunciaron los miembros organizadores de la petición en la plataforma change.org.
Aseguraron que la decisión de nombrar a Rascón como titular de la COEPI fue de último minuto, y responde a una decisión de alto nivel, ligada a las alianzas y declinaciones que se hicieron a favor de Maru Campos durante las elecciones de junio.
“Es peligrosísimo que sea gente que no solamente no le interesa o no tiene experiencia, sino que sea gente que está directamente en contra de los derechos indígenas o se le liga con otras personas que atacan los derechos de las comunidades”, expresaron.
En el mismo sentido, habitantes de la comunidad rarámuri de Mogótavo, externaron su indignación al haberse designado a la COEPI a una persona que para ellos tiene claros motivos para atentar contra su territorio, acosado penalmente por Bazán Flores.
“No conoce la Sierra Tarahumara, seguramente conocerá lo turístico, pero la realidad es que es alejado del pensamiento rarámuri, como hablan, como es la estructura de gobierno; no es una persona con conocimiento a fondo”, declararon los rarámuri.
Enrique Rascón no figuró en el equipo de transición de la COEPI dentro de la primera y única reunión registrada en la entrega y recepción de la administración pública estatal. Se apunta a que Germán Ávila, empresario panista y exregidor del ayuntamiento, sería quien tomaría la titularidad de la dependencia, a pesar de también contar con nula experiencia con los pueblos indígenas.
Tanto los organizadores de la petición, como los habitantes de Mogótavo, coinciden en que la persona que sea designada como titular debe ser alguien comprometido, con experiencia y cercanía a los pueblos indígenas de Chihuahua y con un alto grado de transparencia, para evitar casos como el de Rascón Carrillo.
“Tiene que ser una persona conocedora de los pueblos indígenas (…) que tenga empatía, conocimiento de la organización y las necesidades de los pueblos indígenas, una persona adecuada con ese puesto”, explicaron.
A pesar de que existe una iniciativa de ley presentada en el congreso a inicios de este año para que el titular de la COEPI sea escogido entre los gobernadores indígenas de Chihuahua, la decisión por el momento recae en la gobernadora Campos, de quien se espera una pronta respuesta.
***
Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
